Desbordes tras portazo de la Suprema: anuncia demanda de nulidad para frenar nueva cárcel en Santiago y arremete contra Hassler

Luego que la Corte Suprema declarara inadmisible el recurso de protección presentado por Mario Desbordes, alcalde de Santiago, para la edificación de una nueva cárcel en su comuna, el propio jefe comunal anunció que llevará a cabo otra acción judicial.

Desbordes manifestó que presentarán una demanda de nulidad, para impedir la nueva cárcel en Santiago, que en términos prácticos es una ampliación del penal Santiago 1, ubicado en la avenida Pedro Montt, en el barrio Rondizzoni.

“El recurso de protección no es la vía para frenar la construcción de la cárcel, sino que lo haga por la vía de un juicio ordinario”, sostuvo Desbordes en un comunicado emitido por el municipio.

“Vamos a ingresar una demanda de nulidad de derecho público la próxima semana, vamos a pedir una orden de no innovar para ver si logramos frenar las gestiones que se están haciendo”, agregó.

Asimismo, el alcalde de Santiago sostuvo que “la Suprema no entró al fondo, no dijo que el ministerio tenga atribuciones, o que está correcto decir que es una ampliación o una nueva cárcel, no entró en la parte de fondo, no se tocaron nuestros argumentos ni se preguntó a la contraparte, es una cuestión de forma que nos lleva a una vía más larga”.

En sus declaraciones, Mario Desbordes también arremetió contra su antecesora en la alcaldía de Santiago, Irací Hassler. “Lamentablemente la alcaldesa Hassler nunca hizo nada, entonces hemos perdido meses muy valiosos. Me he reunido en varias oportunidades con los vecinos, que al igual que los diez concejales y yo, se oponen a esta nueva cárcel”, estableció.

“Seguimos defendiéndolos, haciendo todo lo necesario para que ese proyecto no se haga en el corazón de la capital de Chile, y no se afecte la seguridad y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, agregó.

Portazos en la justicia

El 20 de enero pasado, Mario Desbordes interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, acusando “ilegalidad y arbitrariedad” en las modificaciones que dicha cartera hizo al plan regulador de la comuna, en su búsqueda por construir 500 nuevas plazas penitenciarias.

Ese primer recurso ante la Corte de Apelaciones fue rechazado, al igual que la acción judicial presentada ante la Corte Suprema.