El escrito del fiscal Cooper para “pinchar” el teléfono del Presidente Boric, y la dura respuesta del tribunal que rechazó dos veces esa solicitud

Durante la primera quincena de noviembre de 2024 el Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper —a cargo de la indagatoria del caso Procultura—, requirió al Juzgado de Garantía de Antofagasta interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric por un plazo de 60 días.

No solo quiso interceptar sus llamadas, sino que también tener accesos a sus mensajes de texto, al tráfico telefónico del Presidente desde 2021 a la fecha, y también a la ubicación georeferenciada de su celular. Si el tribunal hubiera accedido a la medida intrusiva, el fiscal Cooper podría haber sabido en qué lugar específico había estado el Presidente de la República durante los últimos años. También pidió acceso a todos los interlocutores con los que conversó el Mandatario.

En un documento de 26 páginas, al que The Clinic tuvo acceso, el fiscal hace un resumen del caso Procultura, donde se indagan traspasos estatales por un total de $5.866 millones a Procultura desde los gobiernos regionales de Antofagasta,, Valparaíso, Región Metropolitana, Ñuble, Biobío, Aysén y Magallanes, además del Ministerio de Vivienda.

Cada uno de esos traspasos se tramita en la fiscalía en una causa distinta. Todas a cargo de Cooper.

Las claves, que según el fiscal justificaban interceptar el teléfono del Presidente de la República, aparecieron en revisión de chats e interceptaciones telefónicas a cargo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Una de las más importantes es una llamada telefónica producida el 14 de octubre de 2024, entre Patricia Csillag Pimstein —secretaria y cofundadora de Procultura, cuyo celular estaba pinchado—, y una mujer identificada como “Lucía”. Allí conversan sobre una deuda que Procultura mantendría con “Lucía”. El informe de la fiscalía menciona que en la conversación también intervino María Constanza Gómez, representante legal de Procultura.

“Lucía” menciona una conversación que habría tenido con Alberto Larraín, donde este le habría respondido a su solicitud de pago: “No, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca“.

“Dicha afirmación cobra relevancia a propósito de un posible financiamiento irregular de campañas políticas”, indica el fiscal Cooper en su solicitud al tribunal.

El hecho de que esa referencia sea indirecta, es decir, que no haya sido el propio Larraín el que lo mencionó, sino una tercera parafraseándolo, fue un factor considerado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta para rechazar la solicitud de interceptación telefónica al Presidente Boric.

Los giros de Procultura a candidatos del Frente Amplio

Luego de enumerar por varias páginas las supuestas irregularidades detectadas en los traspasos de entidades estatales a Procultura —tratos directos, conflictos de intereses, y mínima rendición de cuentas—, el fiscal Cooper recurre a conversaciones de WhatsApp para intentar ligar al Presidente con el que es su tesis investigativa: el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Allí el fiscal recurre a un convenio suscrito entre Procultura y la Seremi de Vivienda y el Serviu de la Región de Valparaíso en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, suscrito el 14 de diciembre de 2022 por un monto de $248 millones. Cooper señala que se realizaron reuniones un año antes entre funcionarios del Serviu regional y Procultura para iniciar trabajos con esa fundación.

Dice que en esas reuniones participaron Alberto Larraín y también el entonces Consejero Regional del Frente Amplio, Sebastián Balbontín. El fiscal dice que luego de revisar fuentes abiertas (que no especifica) constató la cercanía del Presidente Boric con ambos.

Cooper asegura que desde una cuenta bancaria de Larraín en el Banco Scotiabank se detectaron transferencias hacia Balbontín por $53,4 millones entre julio de 2021 y enero de 2024. 

Agrega que cuando Balbontín fue candidato a la alcaldía de Limache en 2021, Catalina Rengifo —que según LinkedIn fue coordinadora territorial en Valparaíso de Procultura—, ejerció como encargada de redes sociales y brigadista de la campaña. Cooper dice que en ese periodo Catalina Rengifo recibió $4,1 millones de la cuenta bancaria de Alberto Larraín.

Otro dato que para Cooper es relevante: que Balbontín recibió para su campaña de alcalde $3,3 millones de Francisco Fuentes, quien también trabajaba en Procultura.

“Estos movimientos bancarios y el resultado de la interceptación reseñada, hace necesaria y justificada la medida a fin de indagar un posible financiamiento irregular de campañas políticas, en particular, de partidos del conglomerado de Gobierno Frente Amplio y fundados en el vínculo personal del Presidente con miembros de la Fundación Procultura”, indica Cooper al tribunal de Antofagasta, insistiendo en la necesidad de pinchar el celular del Presidente Boric.

Los chats del gobernador Flies con Larraín

Los WhatsApp intercambiados entre Alberto Larraín y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, también son un indició, según Cooper, de que el Presidente Boric podría estar involucrado en esta trama.

Así lo justificó ante el tribunal de Antofagasta: “En este contexto de vínculos entre funcionarios o ex funcionarios públicos con la Fundación Procultura adquiere relevancia respecto de Gabriel Boric Font la diligencia solicitada y, especialmente, a propósito del resultado de una serie de diligencias investigativas que se han llevado a cabo respecto de lo convenios de transferencia de recursos del Gobierno Regional de Magallanes”, se lee en el escrito al que The Clinic tuvo acceso.

En 2022 el Gobierno Regional de Magallanes aprobó el proyecto “Recuperando el espacio público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas”, por un monto de $23,6 millones. La ejecución de ese proyecto, dice el fiscal Cooper, estuvo a cargo de la sociedad Agencia de Turismo Patrimonial, propiedad de Francisco Fuentes, el mismo funcionario de Procultura que habría donado dinero a la campaña para alcalde de Limache de Sebastián Balbontín.

Cooper tiene en su poder el celular del gobernador de Magallanes, Jorge Flies, y allí Cooper halló chats entre Flies y Alberto Larraín.

“Ayer hablé con el presidente electo”, le habría escrito Larraín a Flies el 1 de marzo de 2022. En esa misma conversación, según el informe, Larraín le indicó al gobernador que también sostendría reuniones con otras autoridades del gobierno que entonces recién comenzaba, en particular con la jefa de gabinete de la Cancillería. Esas reuniones serían “para lo de Torres del Paine”. En el informe no se entregan más antecedentes de ese proyecto.

El 21 de marzo de ese 2022 Larraín le habría vuelto a escribir al gobernador Flies, indicándole que nuevamente había hablado con Boric: “Está muy entusiasmado con el anuncio de lo de Torres del Paine”.

Según Cooper, Larraín también habría mencionado en los chats gestiones con el Ministerio de Cultura, Conaf y la Subsecretaría de Desarrollo Social. Todo relacionado a Torres del Paine, para que “el anuncio se haga en 50 días”, habría escrito Larraín. “A disposición”, habría respondido Flies.

En ese acápite del informe, el fiscal Cooper argumenta que entonces quien conducía todo el aparato público era el Presidente Boric, por lo que lo liga indirectamente a esas gestiones.

La conversación “pinchada” al Presidente

Esta semana Ciper reveló que el fiscal Cooper tenía en su poder la transcripción de una conversación telefónica entre el Presidente Boric y Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín. Luego La Segunda indicó que Huneeus había sido la psiquiatra personal del mandatario.

En el informe donde Cooper solicita la interceptación a Boric, hace mención al contenido de esa conversación.

Según el Fiscal Regional de Coquimbo, durante esa llamada telefónica efectuada el 14 de octubre de 2024, Boric le habría mencionado a Huneeus que consideró nombrar a Alberto Larraín como su ministro de Desarrollo Social, y luego como subsecretario de esa misma cartera, aunque nada de eso se concretó.

Cooper asegura que en la conversación también fue un tema la situación de Irina Karamanos, expareja del Presidente, y quien figuró durante un periodo acotado como imputada en la causa de Procultura.

Karamanos trabajó durante 11 meses en Procultura, en el marco del programa “Recreo nos gusta el arte”. Cooper dice en su escrito que “ella actualmente es investigada por detectarse transferencias sospechosas, abonos, desde su cuenta personal a la cuenta corriente de la Fundación Procultura”. Lo que no figura en el documento al que accedió The Clinic es que luego Karamanos dejó de tener la calidad de imputada y ahora solo es testigo. Eso por un error que habría cometido la PDI y la Fiscalía al no saber interpretar las transferencias desde su cuenta a Procultura.

Karamanos tenía una cuenta RUT del Banco Estado, la que impone un límite de dinero a recibir por mes. Debido a eso, el sueldo que le pagaba la fundación “rebotaba” y volvía a la cuenta de Procultura. Lo que la PDI interpretó como que Karamanos hacía transferencia a la fundación, lo que fue un error.

A pesar de eso, Cooper indica en el documento: “Estos abonos son objeto de análisis en la presente investigación a propósito de una eventual triangulación de fondos a propósito del financiamiento irregular de campañas políticas”.

El Fiscal de Coquimbo indica que el Presidente Boric había intentado coordinar la defensa de Karamanos en su conversación telefónica con Josefina Huneeus: “Gabriel Boric Font indaga directamente sobre las transferencias y abonos que su ex pareja habría recibido y/o realizado a propósito de los trabajos que ella realizó como empleada de la Fundación. Incluso más allá, el Presidente Gabriel Boric Font intenta coordinar una defensa respecto de su ex pareja, pidiéndole a su interlocutora el número telefónico de la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez Cruz, también imputada en esta causa, a fin de coordinar una defensa”.

La cercanía entre Boric y Huneeus, dice el fiscal Cooper, se sustentaría en que en la llamada telefónica el Presidente le ofreció recomendarla para que ingresara a trabajar al Servicio de Mejor Niñez.

“El Presidente Gabriel Boric Font se ofrece- si ella lo quiere- a recomendarla, en este caso con el Director de dicho Servicio Público, Claudio Castillo Castillo, además de instarla a hablar con confianza con cualquiera de las personas que corresponda, en relación a un posible contacto con el Ministro de Salud, Ministro de Desarrollo Social o Subsecretarios respectivos”, asegura Cooper en su escrito.

Sin embargo, al ser todas referencias indirectas, el tribunal de Antofagasta no visó la interceptación telefónica al Presidente de la República.

El rechazó del tribunal y el segundo intento de Cooper

El 12 de noviembre de 2024 el Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la solicitud de Cooper.

“De los antecedentes expuestos y de los acompañados no se advierte la existencia de hechos determinados que permiten colegir sospechas fundadas de que la persona de cuyo número telefónico se solicita interceptación, hubiere cometido o participado en la comisión de un hecho punible que mereciere pena de crimen”, indicó el tribunal.

Entonces el fiscal Cooper contraatacó. En un segundo escrito presentado ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el Fiscal de Coquimbo reiteró los mismos argumentos que habían sido considerado vagos e indirectos por el tribunal, aunque agregó un nuevo informe policial.

Ese informe daba cuenta de una conversación de Josefina Huneeus —la exesposa de Alberto Larraín que conversó con Boric vía telefónica—, con una tercera persona donde le decía que iba a entrar a trabajar al gabinete del director de Mejor Niñez, a lo que supuestamente, le habría ayudado el Presidente de la República.

Pero la respuesta del tribunal, que debe visar medidas intrusivas como las interceptaciones telefónicas, fue la misma:

“Del estudio de los antecedentes investigativos adjuntados a las peticiones, no comparte el Tribunal la conclusión a la que llega el Ministerio Público”, se lee en ese escrito al que también tuvo acceso The Clinic.

Entonces el juzgado le aclaró al fiscal Cooper que el artículo 222 del Código Procesal Penal solo permite las medidas intrusivas como las interceptaciones telefónicas, cuando “existan sospechas fundadas de haber cometido o estar preparándose para la comisión de un ilícito, ya sea como autor o participe, por ende no es extendible a terceros”.

Y ahí viene la parte más dura para el fiscal Cooper:

“El hecho de que la persona de quien se pide la diligencia sea amiga o no de quien figuraba como Director Ejecutivo de la Fundación Procultura, no lo hace merecedor de sospecha o reproche penal, puesto que no se ha dado cuenta de hechos concretos que permitan determinar esa circunstancia, no siendo suficiente que la expareja haya prestado declaración en calidad de imputada”, aseguró el juzgado de Antofagasta.

El escrito del tribunal que rechazó definitivamente la pretensión de Cooper, finaliza indicando que “tampoco se han aportado antecedentes fidedignos que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero”, en referencia al Presidente Boric.