Desorden y fallas graves en los cementerios de La Serena: auditoría detectó al menos nueve cuerpos desaparecidos

Al menos nueve cuerpos desaparecidos. Ese fue el principal hallazgo tras una auditoría interna que la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena realizó en los dos cementerios públicos de esa comuna. El objetivo de la investigación —hecha a fines de marzo pasado— era detectar si los restos estaban ubicados donde indican las actas de exhumación. Cuando abrieron los osarios, se percataron de que no lo estaban. 

El 28 de marzo los operarios del cementerio Las Compañías querían confirmar que los restos de las nueve personas que consignaba el acta de exhumación N°29/2024 estuvieran en el osario que indicaba ese documento. Cuando lo abrieron, no había nada de eso: ahí descansaban los restos de otras 31 personas. Pero la situación no se detuvo ahí: el 7 de abril —días después que se cerrara la investigación— surgieron nuevos antecedentes que apuntaban que no serían nueve los cuerpos perdidos en ese lugar, sino 15. 

The Clinic accedió a la auditoría interna que detectó la pérdida de esos cadáveres. Si bien ese es el principal hallazgo, el documento consigna una serie de otras falencias en los cementerios municipales de La Serena: desde la falta  de un listado que identifique a los cadáveres al interior de un osario y la ausencia absoluta de medidas de seguridad en su acceso, hasta la falta de registros oficiales de fallecidos que permitiera generar la trazabilidad de los cuerpos, entre otros. La corporación presentó una denuncia ante la PDI luego del informe.

Ya había indicios de las falencias al interior de los cementerios municipales de La Serena. En 2020, una investigación interna de la corporación detectó que los restos de los integrantes de dos familias fueron intercambiados entre sí por errores de los trabajadores de uno de los cementerios. Esa investigación concluyó que unas de las razones del hallazgo fue un “procedimiento habitual no escrito” que consistía en depositar restos de cadáveres antiguos en la “bodega” de ese cementerio. La corporación formuló cargos contra los trabajadores involucrados, pero no hubo sanciones ni condenas. 

El informe que origina este reportaje es el síntoma de una crisis mayor que la corporación arrastra desde hace varios años. De hecho, la investigación interna que detectó la pérdida de cadáveres es la rama de una auditoría financiera que la secretaría general de la Corporación encomendó a los dos cementerios públicos de La Serena: el de la Antena y el de las Compañías. 

La investigación interna en los cementerios es parte de una ofensiva fiscalizadora impulsada por la nueva alcaldesa, Daniela Norambuena (RN), quien sucedió en el cargo a Roberto Jacob, el dirigente del Partido Radical que estuvo al frente de la comuna entre 2012 y 2024.

La alcaldesa de La Serena confirmó a The Clinic que al menos nueve cuerpos no han sido encontrados. Además, atribuyó los problemas en los cementerios a “una estructura operativa deficiente y a una cultura institucional que durante años funcionó sin control ni estándares” Y agregó: “Las exhumaciones se realizaban sin protocolos formales, sin trazabilidad y sin medidas mínimas de seguridad. Aunque el acta más reciente es de septiembre de 2024, los antecedentes revelan que estas prácticas venían de mucho antes”.

Consultado por The Clinic, el exalcalde Jacob aseguró que no sabía de la pérdida de los cuerpos durante su gestión. “Primera noticia que tengo de que se perdieron nueve cadáveres. Yo no tuve conocimiento. (Por esa fecha) yo ya estaba despidiéndome, entonces seguramente no se me informó o no tuve conocimiento, porque yo ya en mediados de octubre tuve que asumir la suspensión, así que por lo tanto difícilmente voy a haber tenido información de eso”.

Nueve cuerpos perdidos

Para volver a darle uso a las tumbas, los cementerios —con el permiso expreso de los familiares de los difuntos— reducen esos huesos y los trasladan a cubículos llamados osarios. Ese proceso queda registrado en un acta de exhumación: un documento que consigna la identidad de las personas cuyos restos descansan en cada osario. 

Si todo salía bien, el ejercicio del 28 de marzo de este año no era muy complejo. Se trataba de escoger un osario al azar, abrirlo y chequear que, en ese caso, estuvieran los restos de las nueve personas que consignaba el acta de exhumación 29/2024. 

Aunque ese fue el problema: la información del acta no coincidió con lo que había al interior de ese osario. Cuando abrieron el cubículo y de a poco fueron extrayendo los restos, no había ninguna de las nueve personas que buscaban. De hecho, en vez de nueve encontraron los restos de 31 personas, y ninguno de esos nombres coincidía con los del acta de exhumación. De ese total, había cuatro cuerpos sin identidad que fueron declarados “NN”. 

Pero el 7 de abril de este año —cuando el informe interno ya había sido emitido— surgió otro antecedente. La corporación municipal encontró un acta de exhumación que apuntaba a la presencia de otros seis cuerpos que debieron estar en el osario donde encontraron los 31 cadáveres. ¿El problema? Al igual que los nueve cuerpos que dieron origen al informe, estos tampoco habrían estado al interior de ese nicho, según recabó The Clinic. Es decir, los cadáveres perdidos podrían ser 15. 

Y no es todo. Los 31 cuerpos que encontraron a fines de marzo no tenían un registro oficial. El mismo informe detalla que los restos hallados estaban “sin registros oficiales que permitan identificar a los fallecidos allí depositados, sólo se identifica por el nombre, pero no se cuenta con el RUT ni con otro tipo de información que permita una identificación precisa”, dice la investigación. 

Esto, continúa el documento, revestía “un riesgo en la trazabilidad e identificación de los cadáveres, lo que podría vulnerar los derechos de los deudos y comprometer la correcta administración de los cementerios”.

Luego de que la investigación detectara la pérdida de estos cuerpos, el 2 de abril pasado la Corporación Municipal Gabriel González Videla presentó una denuncia penal ante la Policía de Investigaciones ¿El objeto de la denuncia? Investigar el delito de “exhumación ilegal de cadáveres”. Esa denuncia, según recabó The Clinic, no ha presentado mayores avances.

En septiembre de 2024, quien firmó el acta de exhumación de los cadáveres que hoy están perdidos era el entonces administrador general de los cementerios, Mario Gómez, quien estuvo a cargo de esos lugares entre julio de ese año y febrero pasado. Consultado por The Clinic, Gómez —hoy en otra área de la corporación— acotó que  “cuando yo estuve ningún cadáver se perdió”. No estuvo disponible para responder más consultas. 

A la fecha, ninguno de los cuerpos ha sido encontrado. Así lo confirmó a The Clinic la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien a través del equipo de comunicaciones del municipio afirmó que “el paradero de los cuerpos consignados en el Acta de Exhumación N°29/2024 aún no ha sido determinado”. 

Además, la edil agregó que “se encuentra en curso un procedimiento disciplinario formal, instruido mediante resolución por la Secretaría General. Una vez concluida la investigación y determinadas las responsabilidades, la Corporación evaluará la presentación de querellas criminales si corresponde”.

Otros hallazgos 

La pérdida de cuerpos no fue el único problema que detectó la investigación interna. El documento al que accedió The Clinic revela una serie de otras falencias importantes que fueron halladas en los dos cementerios municipales de La Serena. 

El mismo 28 de enero pasado, operarios del Cementerio La Antena fueron a un osario del pabellón N°14 a corroborar que estuviera el cuerpo de la persona indicada en un Acta de Exhumación de noviembre de 2020. Cuando abrieron el osario, se percataron de que no estaba ahí. Una funcionaria sugirió que el cuerpo podría estar en el pabellón N°14/2. 

Tenía razón. Cuando llegaron —con dificultad, porque el osario que buscaban no estaba identificado— los cuerpos apostados ahí no tenían nombre, pero una de las bolsas que contenía los huesos coincidía con la foto contenida en el Acta de Exhumación que dio origen a esa búsqueda. Fue un error en la documentación, y eso, detalló el informe, era algo sostenido. 

La investigación concluyó que las actas de traslado de los cadáveres exhumados no coincidían con “la reubicación de los cadáveres en los nichos denominados osarios”. Esto, sumado a que el informe determinó que había una falta de protocolos de traslado de cuerpos. Esto dice el documento: “Se evidencia la ausencia de protocolos claros, la incorrecta identificación y trazabilidad de los restos exhumados”.

Además, la auditoría detectó que los osarios no contaban con ninguna medida de resguardo. No había ni candados ni otro tipo de cierres. De hecho, solo contaban con una tapa de madera. “Esta deficiencia deja expuestos a los cadáveres, ya que cualquier persona podría acceder al osario y retirar los cadáveres sin ningún tipo de control o supervisión” concluye el informe.

Hay más. El informe también detectó las siguientes falencias: ausencia de listado de en los osarios, ya que “ninguno de los osarios dispone de un inventario o un listado que detalle los cadáveres ubicados en su interior”; falta de elementos de seguridad en los operarios al revisar los cadáveres; la base de datos interna que ordenaba las exhumaciones tenía información incompleta, porque no incluía “detalles esenciales como la fecha de fallecimiento de los cadáveres”; además, las actas de exhumación realizadas en 2020 no tenían correlativos, lo que impedía “conocer cuántos documentos fueron emitidos durante el periodo por el mismo concepto”.

La investigación que anticipó todo

—¿De qué bolsa me está hablando? Disculpe, dama. 

—Es una bolsa que trajimos para el asunto. Nos dijeron acá. Pero, caballero, el problema no es la bolsa, son los restos. 

—¿Qué pasa con los restos?

—Es que no son los restos de mi familiar

Esa conversación aparece en una de las declaraciones que forman parte de una investigación interna que la corporación municipal hizo en febrero de 2020 en el Cementerio de Las Compañías. Según informó la alcaldesa Norambuena a The Clinic, esa auditoría surgió “tras la recepción de múltiples antecedentes e informes internos que daban cuenta de irregularidades graves en las prácticas de exhumación y reducción de cadáveres”.

El diálogo apunta al meollo de esa investigación: se buscaba esclarecer el destino de dos cuerpos de personas fallecidas cuyas familias —los Díaz y los Ortíz— denunciaron que habían sido cambiados. 

Las bolsas a las que aluden en la conversación son elementos importantes. Los operarios de ese cementerio redujeron los huesos de los dos cuerpos mencionados, porque los Díaz y los Ortíz tendrían otro funeral en esas tumbas y era necesario reducir el espacio.

Reducidos los cuerpos, los operarios los depositaron en bolsas de colores distintos. Ninguno de los dos cuerpos fueron trasladados de inmediato, y por mientras quedaron en la bodega del cementerio. Llegado el momento de los funerales, cada bolsa sería introducida en la tumba respectiva: la de los Díaz en la tumba de esa familia; la de los Ortíz en la de la suya. 

Pasó todo lo contrario. Los trabajadores confundieron las bolsas, y la de los Díaz terminó la de los Ortíz y viceversa. Todo esto, confirmó la investigación interna en mayo de 2020, fue producto de una serie de errores en la cadena de reducción y exhumación: intervinieron trabajadores que no tenían la expertiz necesaria, había falta de rótulos que permitieran identificar la identidad de los cadáveres reducidos y falló trazabilidad en las reducciones de cuerpos, entre otros. 

Una de las principales conclusiones a las que llegó esa auditoría fue que en el Cementerio General de las Compañías de La Serena existía “un procedimiento habitual no escrito que consiste en depositar los restos reducidos en tránsito en la ‘bodega’” del lugar. Además, el informe destacó que ese cementerio carecía de “supervisión operativa competente” y de “procedimientos administrativos y operativos actualizados al año 2020”.

La corporación municipal de La Serena formuló cargos contra cuatro de sus funcionarios luego de este informe. Todos esos cargos apuntaban a infracciones a los reglamentos de la corporación y de los cementerios públicos de la comuna. Aunque ese proceso, según la alcaldesa de La Serena, fue problemático: “Se formularon cargos contra varios funcionarios. Sin embargo, el procedimiento fue paralizado indebidamente y nunca se notificaron ni ejecutaron las sanciones, ya que el expediente quedó abandonado en la oficina del entonces Secretario General, Ernesto Velasco, sin emitir resolución final”.

Ernesto Velasco es un histórico dirigente político del Partido Radical. Fue presidente de ese partido, intendente de la Región Metropolitana y en 2024 intentó transformarse en alcalde de La Serena, pero solo obtuvo el 13,7% de los votos.

Velasco dijo a The Clinic que él nunca paralizó el proceso de formulación de cargos, como señaló la alcaldesa Norambuena. “Cuando yo llegué (a la secretaría general), lo único que hice fue abrir sumario administrativo, investigación interna, tomar las medidas de rigor en las distintas dimensiones. Y después yo me retiré, presenté mi renuncia y eso siguió su curso con las autoridades que continúan a cargo de las instituciones” respondió.

La actual alcaldesa aseguró que no hubo cambios en los cementerios municipales tras la investigación de 2020. “No se implementaron cambios estructurales significativos. Si bien se nombró a una nueva administradora durante el proceso, no se establecieron protocolos escritos, procedimientos formales ni mecanismos de control interno eficaces. La falta de seguimiento y la ausencia de una reforma organizacional contribuyeron a que las deficiencias detectadas en 2020 persistieran, lo que explica en parte los nuevos hallazgos de 2024 y 2025”, afirmó Norambuena a The Clinic.

Por su parte, el senador por la región de Coquimbo, Sergio Gahona (UDI), afirmó que los hallazgos en los cementerios son parte de una crisis más grande: “Estos hechos no son aislados. Forman parte de un cuadro más amplio de descomposición institucional que afecta a la Corporación Municipal de La Serena. Durante años, esta entidad operó sin controles efectivos, sin auditorías serias y, en muchos casos, sin el mínimo estándar de gestión pública”. 

El problema, según él, surge porque “la falta de fiscalización, tanto interna como externa, ha permitido que se normalicen prácticas que no solo son irregulares, sino que en algunos casos podrían tener implicancias legales. Lo que hoy estamos viendo en los cementerios es un reflejo más de ese desorden estructural que ha afectado también a otras áreas como salud, educación y finanzas”.