Contraloría detecta que 90% de los municipios del país no cuenta con un plan vigente de seguridad

Según el undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, 342 municipalidades del país no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.

En otras palabras, los municipios investigados no han cumplido con la Ley Municipal N°18.695, que estipula que deben enviar a la subsecretaría las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad. Lo mismo ocurre con los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que deben actualizarse anualmente durante su vigencia.

Cabe destacar que según la normativa, el Consejo de Seguridad de cada municipio debe sesionar, como mínimo, una vez al mes.

En rigor, Contraloría detectó que 90% de las municipalidades del país no tienen un plan vigente en materia de seguridad y/o no hay constancia de que hayan sesionado con la periodicidad que exige la normativa municipal.

A su vez, el informe establece que de los 342 municipios, 110 están en categoría de “Urgentes”, es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual. Entre ellas, Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa.
 
En este contexto, el ente fiscalizador señala que, a febrero de este año, 24 municipios del país tenían sus Planes vencidos, y 40 gobiernos locales no los habían enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
 
En la categoría de “Urgentes”, seis municipalidades tienen sus planes vencidos a febrero de 2025, como por ejemplo La Florida, considerada la novena comuna a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual.

Contraloría detecta poca planificación municipal en materia de seguridad

Contraloría explicó en su informe que la falta un Plan de Seguridad Comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Además, será mucho más difícil la prevención de delitos, específicamente relacionados con la realidad comunal, lo que afecta la exposición de la ciudadanía a delitos.
 
Por otro lado, no contar con un consejo para tratar la seguridad de la comuna, debilita la comunicación entre las autoridades locales, fuerzas policiales, entidades públicas y comunidad. Esto, según explica el ente fiscalizador, disminuye la eficacia de las acciones que se pretendan tomar en materia de seguridad. 

Contraloría también detectó que, entre 2021 y 2024, se advierte una disminución en la remisión de actas del consejo por parte las municipalidades. En concreto, 72 municipios habrían remitido las actas más de un año después, como Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa.

Asimismo, 19 municipalidades no reportaron ninguna sesión de seguridad ante la Subsecretaría de Prevención del Delito, como Alto Biobío, Cartagena, Curacautín, Linares, Macul y Pozo Almonte.

Por último, siete de las 40 municipalidades con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual han reportado solo entre dos y seis sesiones del consejo durante 2024, por lo que no hay constancia de que hayan sesionado una vez al mes como exige la norma. Las comunas de Calama, Estación Central, La Pintana, Lo Espejo, Quilicura, Talca y Viña del Mar, están siendo investigadas por Contraloría por este punto.