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Rocío Cuminao / Agencia UNO

Negocios

25 de Junio de 2025

Malls vuelven a disparar contra el cierre obligatorio por elecciones: acusan pérdidas de 10% en ventas mensuales y que normativa es “anacrónica”

Un sondeo elaborado por gremios del comercio señaló que el 91% de los locatarios ve compatible abrir para las ventas y votar. "Hoy el voto es obligatorio, la inscripción es automática y la ciudadanía ha demostrado responsabilidad. No tiene sentido mantener una medida que afecta el dinamismo económico del país y que no tiene impacto comprobado en la participación electoral", indicó José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

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Como en cada jornada electoral, los centros comerciales de diferentes formatos de enfrentan a una norma que obliga su cierre si están administrados bajo una misma razón social (malls, stripcenters, outlets, galerías, mercados, entre otros), lo que provoca un impacto relevante en las ventas de grandes, medianas y pequeñas empresas.

Según datos del Banco Central, el último domingo de cierre eleccionario se reflejó en una baja en torno al 48% en las ventas minoristas al contrastar con las ventas de un domingo promedio.

Así, con la finalidad de dimensionar las consecuencias de esta nueva votación, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en conjunto con la Asociación Gremial Marcas del Retail y la Cámara de Centros Comerciales, realizaron una encuesta que abarcó a 1.113 locales y 12.504 trabajadores del rubro, excluyendo tiendas por departamento.

Entre los resultados más relevantes, el sondeo muestra que el 75 % de las ventas de los encuestados proviene de locales ubicados en centros administrados bajo una misma razón social, cifra que asciende al 85 % en el caso de las pymes. Además, el 97 % declaró haber cerrado sus locales durante elecciones pasadas, afectando directamente al 81 % de los establecimientos.

Para Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail, estos datos no hacen más que confirmar una realidad que ya es evidente. “Esta es una normativa anacrónica, que termina castigando al sector más regulado del país. Votar y trabajar no son actividades incompatibles. Hoy existen mecanismos que permiten asegurar ambos derechos, sin perjudicar a miles de trabajadores ni a las pequeñas empresas que dependen de esos días para sostener su operación”, afirmó.

Golpe a las ventas

La encuesta también revela que un 74 % de los encuestados calificó como “alto” el impacto económico del cierre en la última elección. En términos mensuales, un 53 % reportó caídas de entre 5 % y 10 % en sus ventas, con una baja promedio sectorial del 9,7 % frente a un mes sin restricciones. 

Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, remarca que el país ya no está en el mismo escenario que motivó la ley en 2004, y asegura que “hoy el voto es obligatorio, la inscripción es automática y la ciudadanía ha demostrado responsabilidad. No tiene sentido mantener una medida que afecta el dinamismo económico del país y que no tiene impacto comprobado en la participación electoral”.

Más allá de las cifras, el estudio también indagó en posibles caminos para compatibilizar el derecho a voto con la actividad comercial. El resultado fue categórico: el 91 % del sector cree que es posible hacerlo, y propone alternativas como la apertura parcial con turnos (63 %) o mantener los locales abiertos con un plan de votación para los trabajadores (54 %).

Mientras que Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, destacó que la normativa resulta discriminatoria porque no aplica para un local de calle, pero sí para uno emplazado dentro de un centro comercial.

“Desde el 2020 a la fecha, en Chile se han realizado once procesos electorales y el año pasado, cuando se permitió el funcionamiento normal del comercio el sábado, la mayoría de los votos (55%) fue emitida ese día”, indicó, y enfatizó en que la restricción al funcionamiento afecta especialmente a las pymes que constituyen más del 80% de los 300 centros comerciales existentes de Arica a Punta Arenas, lo que afecta al comercio y las comunidades, porque limita su acceso a bienes, servicios y empleo.

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