La ofensiva legal de Azul Azul contra Ñuñoa para frenar millonario incremento en el arriendo del Estadio Nacional

La concesionaria del Club Universidad de Chile, Azul Azul, acudió a la Corte Suprema con el fin de zanjar la disputa que mantiene con la Municipalidad de Ñuñoa debido al alza en el cobro por el uso del Estadio Nacional. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara un recurso de protección presentado por la entidad en abril pasado.

La controversia se desató luego de que la otrora administración de Ñuñoa -encabezada por Emilia Ríos- modificara una la Ordenanza N°26, incorporando dos nuevos cobros para eventos masivos en el principal coliseo deportivo del país: uno de ellos por el resguardo del perímetro del recinto, y otro por la recuperación del espacio público ante “externalidades negativas”, como basura, daños en infraestructura y congestión vehicular.

Dichas tarifas afectan a eventos con más de 10 mil asistentes organizados por entidades privadas con fines de lucro, por lo que, en la práctica, estos cobros significan un aumento importante para Azul Azul.

Según consignó La Tercera a fines de abril, con estadio lleno, el arriendo ya le costaba alrededor de $25 millones por partido a Azul Azul, y la nueva tarifa agregaría otros $14 millones por conceptos de “aseo y ornato en las calles cercanas al estadio”.

Frente a esta situación, el abogado del club, Jorge Arredondo Pacheco, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, con el cual busca invalidar la sentencia anterior y dicte un nuevo fallo.

En el escrito, advierte que “el reclamo desde sus orígenes vino a denunciar ante la autoridad administrativa y luego judicial, las ilegalidades flagrantes y manifiestas que se generaron con la imposición intempestiva e injustificada de estos dos nuevos derechos municipales”.

“Se busca la invalidación de la sentencia en atención a tales infracciones y la obtención de un nuevo fallo de remplazo que acoja el reclamo de ilegalidad en los términos allí expuestos, dando solución al problema de abuso de potestades públicas frente al que nos encontramos”, acota.

El conflicto comenzó a originarse en febrero de 2024, cuando la Municipalidad de Ñuñoa aprobó un aumento en los costos por el uso del estadio, medida que fue sustentada en una ordenanza municipal, fundamentada en el impacto negativo que generan los eventos masivos.

De acuerdo a lo establecido, el aumento se explica por la necesidad de cubrir “externalidades negativas” asociadas al uso del espacio público, como basura acumulada, vehículos mal estacionados y daños en la infraestructura.