El Chile de la ley mordaza

Ya poco sorprenden los arranques populistas desde el Congreso Nacional. Y aunque generalmente es la Cámara la que se lleva el protagonismo (limitar la UF es el último ejemplo, pero también han estado los retiros que dispararon las tasas de interés, aumentando la inflación en los últimos años), el Senado también puede contribuir con lo suyo.

Las últimas semanas, de hecho, han estado marcadas por el debate en torno a un proyecto de ley redactado por un grupo de senadores, que van desde la UDI Luz Ebensperger hasta el PS Alfonso de Urresti.

Como pocas veces, este texto que se conoce como Ley Mordaza 2.0 se ha tratado de una iniciativa senatorial transversal.

En corto, lo que los senadores buscan es perfeccionar un marco, que ya existe, a las filtraciones de investigaciones reservadas que terminan viendo la luz en medios de comunicación. La lógica es simple: si está prohibido filtrar carpetas investigativas y esto de todas formas sigue ocurriendo, lo que hay que hacer es endurecer las sanciones. Y aunque no renuncian a identificar quién dentro del Poder Judicial, las fiscalías, o incluso las policías, están pasando esta información, lo más simple es ir por quién publica. En este caso, el o la periodista, además del medio, a través de su representante legal, aunque también puede ser un ciudadano cualquiera que postea este contenido en una red social, por ejemplo.

Las sanciones no son para tomarse de manera liviana, por eso cito directo del proyecto: “Artículo 161-C. El que difundiere o divulgare indebidamente las piezas o antecedentes de una investigación penal, será sancionado con reclusión menor en su grado medio o multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales. Si sobre la información difundida se hubiere declarado reserva, la sanción podrá elevarse a reclusión menor en su grado máximo o multa de 150 a 600 Unidades Tributarias Mensuales”.

Esto no es para nada menor. Un periodista que cubre tribunales puede publicar sobre este tipo de investigaciones varias veces en el año. Si es sancionado una vez, probablemente no tenga ninguna repercusión en términos de pena efectiva. Pero si lo hace una segunda vez o tercera vez, probablemente sí se enfrente a cumplir algún tipo de reclusión. Ni hablemos de las multas a las que se expone.

¿Qué pasaría en un Chile donde opera este tipo de ley?

De partida, muchos de los grandes casos de los últimos años no habrían sido públicos durante los largos procesos judiciales en los que se desarrollan, porque solo los periodistas y medios dispuestos a pagar las duras consecuencias de publicar, los que probablemente disminuirían dramáticamente, estarían en carrera.

Para hacerse una idea, acá, una pequeña lista de casos en que el acceso a la información del público hubiese estado peligrando de haber tenido vigente una ley de este tipo:

Casos de financiamiento a la política como Penta, SQM, Corpesca. Tráfico de influencias como el Caso Audios (también conocido como Hermosilla), además del caso Fundaciones, que ha tenido con medidas cautelares a una diputada y a varias personas pertenecientes a un círculo de confianza del actual gobierno. También varios casos de corrupción municipal que han tenido en el centro a alcaldes emblemáticos como Raúl Torrealba, Daniel Jadue y Cathy Barriga. Por último, tenemos el caso del exsubsecretario Monsalve, una denuncia que estuvo en manos de la Fiscalía y la PDI por varios días antes de que se hiciera pública en La Segunda. Si lo ocurrido esa tarde de piscos sours no se publica en un medio, no sabemos  por cuánto tiempo más Manuel Monsalve pudo seguir en su cargo en medio de una acusación tan grave.

Pero vuelvo al Chile con ley mordaza y virtualmente sin filtraciones. En el mejor de los casos, habría algo de información filtrada, probablemente a través de algún off the record de las partes que quieren influir. Es decir, información elegida con pinzas para impulsar una narrativa determinada.

En una carta al Mercurio los senadores Pedro Araya (PPD) y Paulina Núñez (RN), quienes también suscriben el proyecto, Araya en calidad de autor, argumentan:  “El proyecto busca fortalecer este principio mediante reformas procesales destinadas a impedir nuevas filtraciones, las que dañan la credibilidad del sistema, predisponen a la opinión pública con juicios anticipados y responden siempre a algún interés. Ninguna filtración es inocente ni carente de propósito”.

Aunque son parte incumbente de la discusión, los senadores tienen un punto cuando dicen que ‘ninguna filtración es carente de propósito’.  Porque es cierto: en este tipo de cosas toda la vida se ha tratado de influir, este proyecto de ley es prueba de ello, los off de políticos a periodistas también. Pero al final del día lo importante son los hechos, los diálogos a los que un número muy reducido de personas tiene acceso, lo que muchas veces se encuentra más claro que el agua, dentro de una carpeta investigativa.

Y claro, ahí hay un rol, y también una responsabilidad de la prensa, a la hora de manejar y publicar información. Eso nunca puede olvidarse desde el lado oficio.

Todo lo que se puede lograr con buscar endurecer las penas para quienes filtran o publican es silencio medial. Oscuridad ante los hechos que deben ser conocidos y evaluados por la opinión pública en su propio mérito.

Esto no es nuevo. Post Penta y SQM, en 2016, ya hubo una iniciativa similar. Por otro lado, este mismo gobierno ha coqueteado en varios momentos con la idea de una ley de medios, que tiende a mirar la información que se publica desde un prisma más político que de industria.

¿Y qué ocurre cuando eso pasa?

Manuel Monsalve sigue trabajando. Políticos siguen pidiendo ‘raspados de olla’ a empresarios, fuera de la ley. Y fundaciones como Procultura siguen levantando contratos inflados, entregando a cambio servicios anémicos a sectores necesitados de la población.  

Ese sería un Chile con ley mordaza. Un Chile prácticamente enterrado bajo la falta de información en casos de alta connotación pública.