
Política
3 de Septiembre de 2025Juan Pablo Lavín (Panel Ciudadano): “Kast y Parisi son los que más dependen del voto obligatorio”
"La menor participación tiende a favorecer al oficialismo", dice el ingeniero comercial y fundador de la encuestadora —la única que mide entre votantes "habituales" y "obligados"— quien afirma que la votación de ayer en la Cámara de Diputados que dejaría sin multa el voto obligatorio daba a inferir que fue "más cálculo que convicción".
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10 años a cargo de Panel Ciudadano son los que lleva Juan Pablo Lavín, fundador y gerente general de la encuestadora que utiliza como forma de medición cuatro paneles —conformados por 1200 personas— con los que ha medido, en sus últimas entregas, la vara de la carrera presidencial, que ayer tuvo noticias en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputados no incluyera sanciones en el voto obligatorio, que rige en el país desde 2022, estableciendo, en la práctica, dicen algunos, un voto voluntario.
De mantenerse ese escenario —que se prevé que se “arregle” en el Senado—, Lavín afirma que favorecería a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) y la de Evelyn Matthei (UDI), no así con José Antonio Kast (Partido Republicano) y Franco Parisi (Partido de la Gente).
Su afirmación la sostiene en que Panel Ciudadano distingue entre votantes “habituales” y “obligados”, de los que el primer grupo favorecen a la candidata del oficialismo y Chile Vamos, mientras que los segundos al abanderado de los republicanos y al fundador del PDG.
“Sin hacer juicios de valor, uno podría inferir que la votación de ayer (en el Congreso) fue más cálculo que convicción”, sostiene Lavín, quien también es hijo del excandidato presidencial y exalcalde Joaquín Lavín.
—En Panel Ciudadano dividen la efectividad de un candidato dividiendo a votantes obligados y habituales. Bajo los resultados de su encuesta, ¿a quién favorece más que el voto obligatorio no tenga multa?
—En general, la menor participación tiende a favorecer al oficialismo porque quienes más se abstienen son los llamados “votantes obligados”: un electorado menos ideologizado y más castigador del gobierno de turno.
La diferencia es muy grande: entre los votantes habituales, un 35% aprueba al gobierno de Gabriel Boric, mientras que entre los obligados sólo un 17%. Esa misma fractura se replica en la presidencial: en nuestra última medición, Jara logra un 34% de preferencias entre los habituales y apenas un 12% entre los obligados.
En el detalle de la oposición, Kast y Parisi son los que más dependen de esos obligados, y por lo mismo se ven más afectados. Matthei, en cambio, tiene una base más transversal y menos dependiente de este segmento, lo que le da mayor resistencia relativa frente a un padrón reducido. Dicho eso, nuestros números muestran que el escenario favorece clara y fuertemente a la candidatura de Jara.
—¿Hay una explicación electoral sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso?
—Mirando los datos de las encuestas, y sin hacer juicios de valor, uno podría inferir que la votación de ayer fue más cálculo que convicción. Al no fijarse multa, los partidos terminan avalando en la práctica un sistema obligatorio pero sin sanción, lo que abre la puerta a que muchos electores vuelvan a comportarse como si el voto fuera voluntario.
Eso no es neutro: sabemos que los votantes obligados suelen ser más castigadores con el gobierno. En 2022, por ejemplo, 8 de cada 10 votaron Rechazo, y hoy se inclinan mayoritariamente por la oposición. Esa tensión atraviesa a todos los sectores: al oficialismo le acomoda un padrón más reducido, pero no puede aparecer defendiendo menor participación; y a la oposición le preocupa perder un electorado que en los últimos tres años le ha dado ventaja.
Lavín y voto obligatorio: “Lo razonable sería que las reglas sean iguales para todos quienes tienen derecho a voto”
—¿Qué responsabilidad tiene el Ejecutivo en el resultado de la votación de ayer? Dicen que los ministros no se hicieron parte de este debate.
—Sin conocer el detalle interno, es evidente que fijar la multa para esta elección está lejos de ser un tema prioritario para el Gobierno. De hecho, lo más visible que ha hecho el Ejecutivo en esta materia ha sido más bien dificultar o derechamente invalidar el voto obligatorio de los inmigrantes, lo que va en la misma dirección. Nuestros números muestran que cerca de 4 de cada 5 extranjeros habilitados para sufragar se inclinan por candidaturas de oposición, por lo que su desmovilización termina siendo funcional al oficialismo.
—¿Tiene un efecto en la participación de las elecciones de noviembre?
—Llevamos ya cinco instancias electorales desde el cambio a voto obligatorio con inscripción automática: el plebiscito de salida de 2022, la elección del Consejo Constitucional en 2023, el segundo plebiscito de ese mismo año, las municipales y de gobernadores en 2024, y la segunda vuelta de gobernadores también en 2024. En todas ellas se superó el 80% de participación, con 12,5 y 13,1 millones de personas votando. Con la elección presidencial de este año se cierra ese ciclo, y la siguiente no será hasta 2028. Lo lógico sería al menos terminar el ciclo con las mismas reglas y luego discutir qué ajustes hacer de cara a la próxima etapa, pero no cambiar las condiciones a menos de tres meses de la elección.
Ahora, este desorden de no zanjar el tema hace muy difícil estimar el efecto real de dejar esta elección sin multa. Probablemente hay electores que comenzaron a votar por obligación y ya lo incorporaron como hábito, y otros que lo hicieron solo por temor a la sanción y si se la eliminan volverán a marginarse. Que habría un efecto, no cabe duda, y afectaría sobre todo a los 5 o 6 millones de votantes obligados. Pero cuánto y de qué magnitud, es algo que todavía requiere un análisis más fino.
—Ahora en el Congreso se buscará reponer la multa en el Senado. ¿Debieran quedar los extranjeros fuera de la multa?
—Los extranjeros representan hoy más del 5% del padrón, es decir, un universo cercano al millón de votantes. Nuestros datos muestran que al menos 4 de cada 5 de ellos se inclinan por candidaturas de oposición. Por lo mismo, dejarlos fuera de la sanción equivale en la práctica a volver voluntario su voto, con un efecto electoral claro: si se desmovilizan, la oposición pierde un caudal importante, mientras que el oficialismo queda menos afectado.
Desde una lógica democrática, lo razonable sería que las reglas sean iguales para todos quienes tienen derecho a voto, sin distinciones. Como comentaba, creo que esos cambios podrían hacerse eventualmente, pero en un debate serio con miras al próximo ciclo electoral, no a un par de meses de la elección con calculadora en mano.