“La señal es muy peligrosa”: Exsubsecretario de Telecomunicaciones critica el “perdonazo” a la deuda de WOM con el Estado por retraso en red 5G

Dudas sobre su legalidad ha desatado el acuerdo al que llegó WOM con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que le permitió a la empresa pagar el 31% de las boletas de garantía y aplicar un nuevo cronograma para concluir el despliegue de la red 5G en Chile, además de una compensación. En el detalle, la empresa accedió pagar al Fisco alrededor de US$53 millones y concluir la red, con nuevos plazos, además de retirar las acciones legales que llevaba adelante.

El exsubsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, por ejemplo, afirma que “la señal es muy peligrosa”. En conversación con The Clinic, el experto recalca que el despliegue de las redes móviles en el país ha sido la columna vertebral que ha permitido el acceso masivo de la población a la conectividad digital, y que eso se ha llevado a cabo principalmente a través de los concursos públicos de asignación de espectro.

No obstante, en este caso, dice que “más aún que no es público el acuerdo alcanzado, donde no se conocen los detalles de lo pactado, el Estado está transmitiendo que los compromisos adquiridos en una licitación no necesariamente se cumplen en los plazos establecidos, porque siempre existe la posibilidad de renegociar”.

Tras ello, agrega que “no está en duda la buena fe del regulador, pero este tipo de decisiones erosiona la seriedad del sistema y abre la puerta a que futuros licitantes sobreoferten para ganar concursos, sabiendo que más adelante podrán pedir plazos adicionales o descuentos en sanciones”.

“Es una pésima señal porque se distorsiona la competencia y se desincentiva el esfuerzo que sí hicieron aquellas empresas que cumplieron con sus compromisos en tiempo y forma, a pesar de enfrentar las mismas adversidades. El despliegue de infraestructura digital tiene las máximas dificultades en términos de permisología y sobreburocracia como ningún otro sector”, asevera la exautoridad.

—¿Se podría hablar, a tu juicio, de una suerte de ‘perdonazo’ a WOM?

—Lo que hemos leído hasta ahora, según los propios protagonistas, es que la compañía ‘compró tiempo para que el plan de negocio y sus finanzas puedan absorber el proyecto‘. Lo que en la práctica se configura como un ‘perdonazo’. Si bien la empresa se comprometió a pagar más de lo que estipulaba la garantía, lo hace bajo condiciones y plazos mucho más favorables que los originalmente establecidos, e incluso con la posibilidad de sustituir el pago en efectivo por infraestructura que quedará como activo de su propiedad.

El acuerdo no solo alivió el peso de la sanción, sino que estableció un nuevo calendario: la empresa en falta tendrá plazo hasta el 5 de marzo de 2026 para completar las 366 localidades obligatorias, y hasta fines de 2026 para terminar el resto del proyecto técnico. En la práctica, el incumplimiento se premió con una prórroga de casi tres años. Así, lo que debía ser un castigo se transformó en un beneficio.

Eso es muy distinto a ejecutar la sanción tal cual estaba prevista en la Ley General de Telecomunicaciones y en las bases de licitación. En rigor, no se trata solo de una salida negociada, sino de un beneficio que ningún otro actor había recibido en circunstancias similares.

—¿Cree que el acuerdo alcanzado por WOM se puede interpretar como una suerte de “premio” al incumplimiento, o que las autoridades lo están pasando por alto?

—Desde el punto de vista de las comunidades rurales de nuestro país, de su gente, en las comunas del Maule, Ñuble, Araucanía, que son las zonas más excluídas digitalmente, y donde habían localidades obligatorias, se les está diciendo que tienen que seguir esperando y quien incumplió tendrá más tiempo y mayores facilidades financieras. Esto no tiene ninguna expresión de justicia. Y por otro lado, las autoridades tuvieron a la vista tres fechas de incumplimiento, no es que el problema se le apareciera de un momento a otro.

La consecuencia es que se sienta un precedente muy complejo de administrar. La institucionalidad tiende a la fragilidad y el ambiente regulatorio pierde valor público, ajustándose no al interés público sino a las necesidades de un incumbente. Acá no está en discusión la estructura de competencia del mercado móvil en Chile, acá el asunto es cumplir o incumplir con las reglas del juego. El caso puntual daña el fortalecimiento estructural de las políticas públicas en materia de infraestructura digital.

“Es por lo menos curioso” el interés de WOM por Telefónica

Recientemente, El Economista publicó un artículo en el que plantea que el grupo Telefónica ha acelerado la venta de su filial chilena, Movistar, y que el operador WOM aparece como uno de los principales candidatos.

Sobre este punto, Ramírez esgrime que “es por lo menos curioso que el principal argumento para todo este tren de acontecimientos haya sido la insolvencia financiera de la compañía para justificar el no pago íntegro de las garantías Pero, hace pocos días se conocieron quienes están pujando para quedarse con la operación de telefónica en Chile, y entre ellos está esta misma compañía. ¿En qué quedamos?”.

El otrora subsecretario de Telecomunicaciones concluye que “el país necesita reglas claras, cumplimiento efectivo y un marco institucional que combine certezas jurídicas con exigencia de resultados. Y esa tarea exige un Estado firme, ágil y confiable. Ese era nuestro gran valor como país, ahí estaba nuestro reconocimiento internacional, ahí estaba nuestro talento”.