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Imagen: Sandro Baeza/The Clinic

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25 de Septiembre de 2025

Informe Cubillos: universidades privadas revelan sueldos millonarios de directivos y académicos, más de 900 superan los $8 millones y llegan hasta los $14 millones

The Clinic accedió a las decenas de documentos en que las universidades privadas detallaron la remuneración de sus funcionarios, donde se detectó que si bien hay planteles que informaron de sueldos que superan los 14 millones de pesos, hay otras que simplemente informaron la cantidad de personas cuya remuneración superó los ocho millones que, totalizados, son 942.

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Hace exactamente un año se reveló que la exministra de educación y en ese entonces candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, recibía una remuneración de $17 millones de pesos como docente de la Universidad San Sebastián.

Cubillos se integró al plantel universitario en 2020 a dar clases en la Universidad San Sebastián y fue desvinculada poco después de que se filtraran sus remuneraciones.

El caso significó una verdadera bomba de racimo que afectó a Cubillos, quien terminó perdiendo la elección contra la independiente Catalina San Martín.

La noticia pegó fuerte. La Superintendencia de Educación Superior emitió un comunicado por el caso y recibió varias denuncias, lo que la llevó a oficiar a la Universidad San Sebastián para que entregara detalles del contrato de la exministra y de otros académicos de la institución, proceso que se encuentra actualmente en desarrollo. Paralelamente, en el Congreso surgieron voces que pidieron extender la lupa al resto de las universidades privadas y transparentar cuántos de sus funcionarios percibían más de ocho millones de pesos.

The Clinic accedió a dicha lista. El informe Cubillos. Un conjunto de planillas que, por primera vez, revela los sueldos de 31 universidades privadas, entre ellas algunas de las más reconocidas del país, como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la propia Universidad San Sebastián.

Algunas casas de estudios respondieron íntegramente a la solicitud, otras lo hicieron parcialmente y tres, la U. Católica del Maule, la Universidad Austral y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, no entregaron un solo dato por diversos motivos. Mientras algunas optaron por resguardar la privacidad de sus funcionarios, y plantearon que era inconstitucional, otras manifestaron que no alcanzaron a tener la información a tiempo.

El detalle del informe Cubillos: 20 planteles no detallaron las remuneraciones de sus académicos

De los 28 planteles que sí entregaron la información, todos lo hicieron de forma diferente. Algunas transparentaron por mes cuántos funcionarios fueron remunerados con más de $8 millones, mientras que otras incluyeron la nómina completa de sus funcionarios (de forma anónima) y el sueldo que perciben. 

Así, sumado todo el “personal académico y directivo”, que fue lo que se les solicitó a las universidades, se contabilizan, al menos, 942 profesionales informados a lo largo del país cuyos sueldos superan los ocho millones de pesos.

Hubo cuatro planteles que aseguraron que no había nadie que ganara más de $8 millones mensuales: la Universidad Mayor, la Universidad Adventista de Chile, la Universidad SEK y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

De todas formas, la mayoría de los que respondieron lo hicieron de manera extremadamente escueta, dado que no hubo exigencias en el formato ni en el cómo tenían que informarlo.

Hubo 20 planteles que solo informaron la cifra de cuántas personas percibían más de $8 millones de pesos. Por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica son 182 académicos y 40 directivos los que tienen un sueldo mayor. 

Le siguen la Universidad de los Andes, con 42 directivos y 59 académicos con un sueldo mayor; así como la Universidad Diego Portales, donde en abril hubo 35 directivos y 59 académicos con más de $8 millones de sueldo percibidos.

Luego vienen la U. Andrés Bello, con 83 “colaboradores”, la U. Adolfo Ibáñez con 80 funcionarios y la U. Del Desarrollo con 74 personas.

En la U. Federico Santa María informaron de 33 académicos y 12 directivos, entre los que destacan que el rector del plantel es el que mayor sueldo tiene. 

Entre las cuatro universidades que sí detallaron la remuneración de sus funcionarios se encuentran la Universidad Católica Santísima Concepción (UCSC), la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), la Universidad de Concepción (UDEC) y la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH).

En la UCSC y la UCSH los funcionarios que más ganan tienen sueldos de $10.891.220 y $10.755.538 respectivamente. Mientras que en la UDEC y la UBO dan un salto, con remuneraciones que alcanzan los $12.141.976 y $14.831.492 respectivamente.

Sin embargo, cabe reiterar que aquellos fueron los sueldos más altos de las -apenas- cuatro universidades que detallaron las remuneraciones de sus funcionarios, pero que no es posible acceder al detalle de los sueldos de los otros 27 planteles a los que se les solicitó la información.

Los argumentos de los planteles para no responder al requerimiento

En un informe de la Subsecretaría de Educación Superior, que pudo revisar The Clinic, la entidad revisa los argumentos jurídicos que dieron los planteles para no enviar la información solicitada o entregarla de manera parcial.

“En primer lugar, plantean que la solicitud constituye una intromisión indebida en la autonomía, reconocida expresamente en el artículo 3° de la Ley N°21.091. Sostiene que este principio protege tanto la organización como el manejo económico y de personal de las instituciones de educación superior, incluyendo la fijación de remuneraciones del personal directivo y académico”, afirma el texto de la subsecretaría.

Y añade que otro de los argumentos es que los planteles “sostienen que los montos fijados en sus esquemas de pago no deben ser justificados ni ante el Estado ni ante terceros, y que la exigencia de entregar nóminas individualizadas de remuneraciones amenaza la capacidad de autogobierno”.

A esto se suma que las universidades aseguran que el requerimiento excede el marco de atribuciones de la Subsecretaría de Educación Superior, y que “el Oficio Ordinario carece de fundamentos explícitos, infringiendo el artículo 8° de la Constitución que impone a todos los órganos del Estado el deber de expresar las motivaciones de sus actos”.

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