En exclusiva, fiscales del Caso Audio anuncian acusación antes de fin de año y hablan del teléfono de Hermosilla: “Debe haber otros celulares con gente más poderosa”

“Fue casi una premonición”, recuerda el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, al evocar una frase que su jefa, la fiscal regional Lorena Parra, pronunció hace exactamente un año. Entonces, al describir el caso Audio —el proceso más complejo y mediático que le ha tocado dirigir—, Parra lo redujo a una síntesis clara: “La primera parte de la historia es Factop. La segunda es audio. Y la tercera es Jalaff”.

Con esa línea anticipaba la metamorfosis de una causa que partió como el Caso Factop, derivó en el Caso Audio y hoy desemboca en la investigación contra los hermanos Jalaff. Una verdadera trilogía del cine, pero en la vida real.

“Todo nuestro impulso investigativo estuvo orientado en cumplir con esa promesa. Eso se fue cristalizando con los distintos medios probatorios que fueron demostrando los hechos. Eran parte de la historia, piezas de un puzzle que posteriormente se fueron juntando”, revela Sepúlveda, orgulloso de su trabajo, aunque sin plantearlo. Solo lo reflejan sus palabras y los más de 20 formalizados, entre los que se encuentras Leonarda Villalobos, Luis Hermosiila, los hermanos Jalaff y Daniel Sauer.  

Inquieto, pero agudo para responder, el persecutor, junto a al fiscal de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, reciben a The Clinic (los fiscales no hablan en profundidad con la prensa desde enero pasado) para analizar la complejidad de esta causa que se apronta a cumplir dos años de pesquisas desde las primeras querellas del fraude Factop y la divulgación del polémico e impactante audio que grabó de forma oculta Leonarda Villalobos en la oficina de Luis Hermosilla. 

En este mano a mano (disponible de manera integra en Youtube) los fiscales entregan sabrosos detalles de lo que será la última parte de este caso que impactó a Chile y que aseguran alistan los últimos movimientos para anunciar que llevarán a juicio oral a los protagonistas de esa fraudulenta grabación. 

Los investigadores están analizando solicitar penas de crimen para los imputados dado la gravedad de los delitos formalizados en especial por las aristas de sobornos y lavado de activos. 

Reconocen, eso sí, que esta trama defraudatoria no se hubiera podido desentrañar sin confesiones valiosas. En especial, la del ex contador de los hermanos Jalaff, Marcelo Medina Del Gatto, quien como reconstruyó The Clinic, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público-que se tradujo en seis declaraciones trascendentales- y que terminó condenado en un juicio abreviado favorable para ambas partes. 

–Fiscales, ya cuentan con un primer condenado. ¿Qué implica esto para esta larga investigación?

FS: Nosotros creemos que es un hito relevante porque de alguna manera significa que se han ido cristalizando nuestras imputaciones. Y que efectivamente ya hay una persona que por parte de nuestra justicia, fue considerada culpable de algunos delitos bastante graves que se cometieron en el contexto de esta investigación. 

JPA: Es relevante porque se cristaliza en una sentencia lo que hemos venido sosteniendo desde la primera formalización que fue en abril del año 2024. 

–¿Qué rol tiene Marcelo Medina en este proceso?

FS: El señor Marcelo Medina, ya está sentenciado, condenado por la justicia chilena como autor de varios delitos. Durante la investigación tuvo un rol bastante relevante, puesto que aportó información bastante importante a la causa sobre cómo sucedieron varios hechos en particular. Y nosotros reconocimos esa colaboración y por eso se pudo llegar a una sentencia en un procedimiento abreviado.

–¿El ex contador de los hermanos Jalaff fue clave para armar el puzzle?

JPA: Tiene una relevancia importante porque él ejercía una función muy determinada que era ser el contador de los señores Jalaff y de otros imputados vinculados al antiguo grupo Patio, o los ex controladores del Grupo Patio. Primero, él fue un contador de ellos y después estuvo a cargo de una empresa externa que se llamaba SIBO que era la que llevaba la contabilidad de todas sus empresas personales y su aporte en las declaraciones concretas que prestó, más la entrega de su teléfono permitieron ir ratificando por un lado muchas versiones que se tenían. Además aportó nuevos antecedentes respecto de la forma en que se realizaron estos delitos. Y eso dice principalmente relación con la emisión de facturas falsas, pero también con los otros delitos graves como el soborno, el delito tributario y los delitos de la ley de mercado de valores. 

–Él dijo “Quiero decir la verdad”. En este tipo de delitos, los de cuello y corbata. ¿Es muy complejo conseguir ese tipo de testimonios, una verdad desde el corazón del “núcleo delictual”?

FS: Por supuesto. Estos delitos a veces no son tan fáciles de acreditar, puesto que probablemente todos tienen versiones distintas del hecho que a veces son interpretables. Si usted está investigando un homicidio, hay claridad de que hay un muerto y hay una persona que probablemente empuñó el arma y apretó el gatillo. Pero cuando se trata de este tipo de delitos, en los cuales las consecuencias son generalmente abstractas o interpretables, un testimonio el cual aporte como efectivamente sucedieron los hechos, resulta bastante relevante. 

El consenso de los fiscales del Caso Audio: Soborno, el delito más grave

No es la primera vez que realizan un entrevista en conjunto los fiscales Sepúlveda y Araya. Y esa coordinación es la misma que se percibe cuando enfrentan las audiencias en el Centro de Justicia. “Juegan de memoria”, dicen en la sede de Los Militares, en Las Condes.

Para ambos, no hay dudas sobre lo más grave que han descubierto hasta ahora: la ruta de los millonarios sobornos pagados a funcionarios públicos.

–De los tres momentos fijados por la fiscal regional Lorena Parra: Caso Factop, Caso Audio y Caso Jalaff, ¿cuál es el más importante en esta investigación?

JPA: Yo creo que cada momento tiene su importancia. El de Factop es importante porque si usted lo ve en retrospectiva, Factop se formalizó muy pocos meses después de la revelación pública del audio. Se hizo un trabajo bastante concentrado y rápido en poder imputar a estas personas por los delitos que habían cometido. Se hizo contra el tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para efecto de llegar a un buen puerto que nos permitió detener y formalizar a seis personas de las cuales tres quedaron en prisión preventiva. 

JPA: Creo que todos estaban esperando lo que iba a pasar con el caso audio. También marcó un hito importante porque se formalizó a personas por delitos graves. Y finalmente el conjunto de estas investigaciones nos permite llegar al momento Jalaff. Entonces nos permitió cerrar el círculo de una investigación que, como ustedes pueden ver, es bastante compleja, que son muchos hechos formalizados y que recién en el mes de agosto pasado, pudimos realizar la última reformulación que nos permitió, en definitiva, decir estos son los hechos que estamos imputando al respecto de todas estas personas y estos son todos los delitos que hemos descubierto.

–Los pasajes del audio grabado por Leonarda Villalobos, cómo han ido encajando en la investigación? 

FS: Bueno, tienen un rol si se quiere bastante importante, porque si usted revisa la formalización, muchas de las cosas que se dicen en esa reunión y que fueron grabadas subrepticiamente por Leonarda Villalobos, tienen un correlato en una imputación específica. Aquí quizás partimos de atrás para adelante. Con una declaración de todo lo que había pasado y tuvimos que llegar a establecer a través de los medios de prueba la veracidad de lo que se se había dicho en esa reunión. 

–Del audio en bruto, ¿qué es lo más grave que han podido acreditar?

FS: A ver. Hay muchos criterios para establecer cuál es el delito más grave, pero tenemos por lo menos dentro del equipo un consenso en que para nosotros el delito más grave, por más allá de las penas que establece la ley, cierto, es el delito de soborno, el delito de cohecho. Porque reputacionalmente es el delito más complejo: Pagarle al funcionario público, para que ejecuten actos contraviniendo los deberes que tiene. Nos parece a nosotros que es de lo más grave que está imputado en este caso. No necesariamente es el delito que tiene más pena, pero es de lo más grave.

–¿Lo confesado por Marcelo Medida ayudó a amarrar el delito de soborno? Se los pregunto por la trascendencia de sus palabras respecto a entregar sobres con efectivo a Leonarda Villalobos por instrucción de sus superiores

FS: Eso no lo decimos nosotros, lo dice la sentencia que lo condenó hace poco tiempo. Es una verdad judicial.

JPA: Ahora es importante hacer un punto porque recuerdo que hubo una entrevista que María Leonarda Villalobos donde hablaba de un neófito. Aquí claramente se puede ver que en ese audio si bien no todos probablemente se decían la verdad entre sí, todos sabían de lo que estaban hablando. Y que probablemente las versiones que se nos dieron en las primeras declaraciones no eran verdaderas ni eran correctas respecto a lo que había en el trasfondo. 

JPA:  Y este rompecabezas se arma con muchas piezas que nos van permitiendo descubrir. No solo declaraciones, sino que chats, movimientos bancarios y particularmente ahí entra la declaración del señor Marcelo Medina del Gatto cuando aclara algunos puntos respecto de estos chats que había tanto en su teléfono como en otros teléfonos y otras comunicaciones que daban cuenta de lo que estaba pasando ahí. Efectivamente en ese audio las versiones que nos da la señora Villalobos u otro de los imputados no son efectivas, sino que es más lo que nosotros podemos interpretar respecto a lo que estaba ocurriendo: que había un proceso que ya venía de antes,  con sobornos a funcionarios públicos y que se estaba proponiendo continuar con ese proceso y que todo estaba relacionado con ocultar este mecanismo de defraudación. 

–A partir de eso, ¿hubo una suerte de declaraciones coordinadas para distraer la labor de la fiscalía al principio?

FS: No tenemos elementos para poder decir con certeza de que hubo una coordinación para poder ocultar información a la fiscalía, pero evidentemente que cada una de las personas que está imputada en el momento de declarar vela por su propio interés y por tratar de salir lo mejor parado posible de investigaciones. Y eso muchas veces conlleva a omitir derechamente. 

–En ese sentido, ¿hay nuevas aristas abiertas que no se han informado?

FS: A ver, no tengo claridad de si esto se cierra aquí. Pero lo que sí le podemos decir es que al menos el caso que nosotros llevamos, está ya terminando. Estamos en las últimas diligencias de investigación, vamos a cerrar la investigación en un lapso breve y esperamos dentro del año estar presentando la acusación. 

“Los delitos de lavados están suficientemente acreditados”

La condena del contador Marcelo Medina no sólo es el primer triunfo para la Fiscalía Oriente. Ese proceso se diseñó con sentido de futuro: sentar las bases del escrito que tendrá la acusación contra los protagonistas de esta historia en la que deben detallar paso a paso cómo los imputados ejecutaron este grave fraude mercantil que involucró más de 10 mil facturas falsas.

Pero los persecutores han puesto un ojo especial en los antecedentes sobre el delito de lavado de activos, pues saben que no pueden fallar una vez iniciado el juicio oral.

–¿La acusación tendrá los mismos antecedentes aportados en el juicio abreviado de Marcelo Medida?

FS: Evidentemente que los delitos por los que fue condenado el señor Medina y que tienen participaciones de otras personas más van a estar plasmadas en la acusación. En esta causa hay muchas personas que están imputadas, van a ser acusadas. 

JPA: Yo creo que es importante hacer una referencia a dos cosas. Es claro que la investigación de los hechos por los cuales se reformalizó en el mes de agosto ya están prácticamente agotados. La intención de nosotros era cerrar antes esta investigación, pero usted habrá visto probablemente en la prensa que hay nuevas querellas, hay nuevas acciones o líneas investigativas que no están cerradas y que muy probablemente van a ser separadas cuando ya se formule la acusación. 

–¿La idea es ir a juicio oral con los protagonistas de este caso?

FS: La idea es tener un juicio oral junto con las personas que tienen una mayor cantidad de imputación y las más graves. 

–¿Qué sería sobre quiénes?

JPA: Particularmente los del audio, los que estaban en la grabación del audio.

–Se ha comentado entre abogados intervinientes que el delito de lavado de dinero no está bien acreditado. ¿Qué opinión tienen ustedes?

FS: No podemos decir mucho al respecto, porque justamente el delito de lavado de activos tiene una protección penal. Pero lo que sí podemos decir es que nosotros consideramos que están suficientemente acreditados, al estándar de formalizar la investigación y presentar una acusación y obviamente que al final es que va a tener que decir un juez.

–En un momento, usted fiscal Araya habló del delito de “Autolavado”. ¿A qué se refería con eso?

JPA: Lo que pasa es que la figura del autolavado no está sancionada en otras legislaciones. En Chile sí. Entonces ahí hay una dificultad probatoria que requiere obviamente un mayor esfuerzo de acreditación porque efectivamente lo que nos encontramos es que las personas que cometen el delito base también cometen el delito de lavado. Con los mismos frutos del delito base en la maniobra de distracción, ocultación o aprovechamiento de estos bienes.

–A partir de eso, después de tanta investigación, se puede concluir que: ¿estamos frente a delitos que se cometieron para mantener una vida de lujos que se hizo imposible de sostener?

FS: Lo que se pudo acreditar en la investigación es que todo se había producido si se quiere un default, una merma en los ingresos de algunas personas que están imputadas en esta causa. No se asumió y se quiso mantener a todo evento un flujo de dinero que fuera, en este caso, recibido por estas personas. Y para eso se ocuparon mecanismos como factura ideológicamente falsa, que al final fueron transadas en el mercado y posteriormente eran pagadas, pero sin haber ningún servicio real detrás de ella. Todo esto con el único fin de mantener flujos de dinero a favor de estas personas.

JPA: Hay un esquema de negocios fraudulento. Y eso está muy relacionado con los esquemas Ponzi que se llaman estafas piramidales porque finalmente el flujo de dinero se va gastando, se va perdiendo y los intereses se van pagando por los nuevos aportantes. Esto es como simplificar el análisis porque esto es una estructura bastante más compleja. Esto es como una estafa piramidal 2.0. 

–En ese sentido, se presentaron dos querellas nuevas de fondos internacionales. ¿Qué información hay sobre esas denuncias?

JPA: Hay dos fondos que están afectados, un fondo que es inglés, pero que tiene domicilio en Delaware (Estados Unidos) y un fondo que tiene domicilio en Liechtenstein. La vía de defraudación es más o menos la misma, se le ha entregado unas nóminas de facturas que se decía que representaban un negocio real y en realidad venían del esquema de facturas falsas.

El celular de Hermosilla y el futuro de Andrés Chadwick

Para nadie es un misterio el poder que ha implicado el contenido del celular de Luis Hermosilla. La información analizada por la policía ha provocado terremotos no sólo en esta causa, sino que también en esferas políticas y judiciales.

El primero en caer fue el entonces director de la PDI, Sergio Muñoz, luego de que se detectara que había entregado información clasificada a Hermosilla. Luego, vinieron todas las esquirlas en los ministros del Poder Judicial, que terminaron con cuadernos de remociones y expulsiones.

Sin duda, un teléfono que sigue encendido y disparando, a pesar de estar bajo siete llaves en una cadena de custodia que sólo pocos tienen acceso.

–Este caso empezó como Factop, después se dijo Caso Audio y Caso Hermosilla… ¿cómo le llamarían ustedes?

JPA: Ahora se llama Factop Audio porque hay un caso que se llama Audio que se agrupó, pero en el fondo para nosotros era Factor/STF lo que estamos investigando cuando partimos y no sabíamos el alcance de esto.

FS: Yo no me pierdo mucho en ese tema. Uno le puede poner el nombre de quien quiera porque hay gente cuando habla el caso Audio que he visto por ahí que se enoja porque dice que una forma eufemística es no decirle caso Hermosilla. La columna vertebral del caso es la investigación de los fraudes que se cometen en la empresa Factop. Afecta a un montón de personas. Una de ellas es el señor Hermosilla, otras son los señores Jalaff y otras los señores Sauer. Están todos en el mismo paraguas. Así que pongan el nombre que quieran, pero están todos imputados y de alguna manera deben enfrentar a la justicia. 

–Un celular como el de Luis Hermosilla, ¿complicó mucho la investigación?

FS: El celular es una herramienta que está en la investigación. Es un insumo, un medio de prueba. Obviamente generó mucha expectación. Hay mucha inquietud, por el contenido del celular. Pero la verdad es que nosotros utilizamos el celular solamente para llegar a los medios de prueba que nos sirvieran para la investigación. Obtuvimos algunos medios de prueba y hay otro contenido del celular que para nosotros es indiferente, el que no tiene que ver con la causa. No debe olvidar que el tribunal nos autorizó solamente a extraer información de ese celular en la medida que estuviera relacionada con lo que se señalaba en esa reunión del día 22 de junio que fue grabado por Leonarda Villalobos.

–¿Se puede concluir, entonces, que se trata del celular más poderoso de Chile por el nivel de información que se encontró y las investigaciones que derivaron?

FS: No sabría contestarle respecto a eso. Quizás debe haber otros celulares con gente más poderosa y que tenga más información.

–Pero se puede concluir lo que le pregunto por todas las esquirlas que ha generado que incluso alcanzaron al Poder Judicial…

JPA: Yo creo que igual hay que desmitificar un poco algunas cosas. Para nosotros hay muchos celulares que nos han aportado información muy importante para la investigación y yo creo que también uno tiene que siempre hacer como investigador un filtro de lo que existe en los celulares: de lo que no es delito, de lo que es vida privada y de lo que directamente son delitos que pueden dar un indicio. Que eso efectivamente sea algo real, porque hablar en este país y en todos los lugares es gratis. Es decir, cualquier persona puede hablar cualquier cosa.

JPA: Lo importante es que cuando esas conversaciones tienen una relevancia jurídico-penal, se hagan las investigaciones que correspondan y se determinen si es que hay delito o no. Todos sabemos lo que ha pasado con lo que ha derivado de un celular en particular y existen otras investigaciones relacionadas.

–El señor Andrés Chadwick fue testigo, luego imputado. ¿Cuál es el estado actual del ex ministro del Interior en esta indagatoria?

FS: Usted mismo ya lo dijo. Tiene la calidad de imputado porque se ha investigado su conducta en una situación específica.

–Y ¿cómo ha ido avanzado eso? Ustedes anunciaron que la investigación está pronto a cerrarse. ¿Se analiza una formalización?

FS: Mire, nosotros no hemos formalizado la investigación respecto del señor Chadwick, porque no hemos encontrado hasta ahora antecedentes suficientes que respalden una imputación. Esa es la respuesta que le puedo dar. 

JPA: ​​ Lo importante y también hay que resaltar que en esta causa hay muchas más personas que han tenido también la calidad de imputados y que no están formalizados. (Chadwick) No es la única persona que esté en esa situación.

–Este caso, imagino, ha traído muchos aprendizajes. ¿Cuáles serían algunos de ellos? 

FS: Mucho aprendizaje. Como en todos los casos relevantes, nos hemos equivocado, cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos aprendido. Yo lo que rescataría de esto es que un un caso así como de esta complejidad, no puede ser llevado por una sola persona. Entonces, si lo llevaba un solo fiscal, este caso probablemente se iba a perder. 

–Todos los protagonistas de esta causa estuvieron en prisión preventiva. Luego, cambiaron sus cautelares. Arrestos en sus casas o con medidas nocturnas. ¿Están conforme con eso o consideran que deberían haber seguido en prisión preventiva a la espera del cierre del caso?

FS: Me pasa que con el tiempo cada vez relativizo un poco más esto. Nosotros consideramos que la prisión preventiva es la medida idónea para los imputados. Los tribunales las mantuvieron un tiempo y cesaron las prisiones preventivas. A nosotros no nos complica mayormente. Consideramos que es mucho más relevante la eventual condena que puedan obtener estas personas en un juicio, ya de carácter definitivo.

–Entonces, ¿la acusación se presenta antes de fin de año?

FS: Ese es nuestro objetivo. Vamos para allá.

JPA: Es el fin que tenemos. Queríamos presentarla antes, teníamos todo previsto para hacerlo. Pero hay situaciones que escapan un poco a nuestro control. También la idea es evitar que tengamos reaperturas del procedimiento y que directamente cuando presentemos la acusación sea para preparar el juicio oral.