Bienes nacionales acusa falta de capacidad para fiscalizar tomas y advierte por presencia de bandas que asumen el rol de “loteadores” ilegales

Los sucesivos desalojos en distintas zonas del país no han frenado la expansión de las tomas irregulares, según han revelado recientes denuncias en Antofagasta.

De acuerdo a la edición de hoy de El Mercurio, vecinos del sector norte de esa ciudad, ubicados en la llamada “Villa Chica”, han dado a conocer la venta ilegal de lotes de terrenos en sectores próximos. Además, las imágenes del lugar dejan en evidencia que se han pavimentado escalones en un sector de borde de cerro, y que se han dejado paneles, ladrillos, sacos y listones, entre otros elementos necesarios para levantar viviendas.

También en el norte del país, esta semana trascendió que la Contraloría General de la República pidió información a la Delegación Presidencial Regional de Atacama por una denuncia de ocupaciones irregulares en el sector cerro La Ballena, en la comuna de Caldera. El sitio corresponde a un área protegida en la que estaría pendiente desde el año 2015 una orden de erradicación.

El reporte de tomas ilegales de Bienes Nacionales

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Bienes Nacionales presentado al Senado, hasta fines de 2024, la cartera registraba un total de 28.806 tomas ilegales e irregulares en inmuebles fiscales. De ese total, el 82% se concentra en la macrozona norte, y en el detalle, Arica y Parinacota concentra 1.394, mientras que en Tarapacá hay 1.671; en Antofagasta hay 11.416; en Atacama hay 8.315 y en Coquimbo hay 848.

El mismo documento señalaba que en el cuatro trimestre del año pasado se realizó la mayor cantidad de fiscalizaciones a ocupaciones ilegales e irregulares fiscalizadas (519), seguido de abril-junio (444), julio-septiembre (259) y enero-marzo (255).

Además indica que entre las principales causas de las ocupaciones ilegales e irregulares en propiedades fiscales, según plantean desde Bienes Nacionales, figuran las dificultades en labores de fiscalización; el déficit habitacional para la primera vivienda y los loteos irregulares.

También la entidad menciona una alta demanda por segundas viviendas y falencias institucionales, legales y normativas.

Respecto de las dificultades para las labores de fiscalización, el informe de la cartera reconoce limitaciones para esta labor: “Frente a la envergadura de la propiedad fiscal, es necesario informar que el Ministerio de Bienes Nacionales cuenta con 57 fiscalizadores regionales y 12 drones operativos en apoyo a su labor, además de recursos limitados de transporte terrestre para efectuar las inspecciones que se requieren”.

Asimismo, Bienes Nacionales advierte sobre la aparición de “bandas” que, al margen de la ley, “asumen el rol de ‘loteadores’, es decir, sin ningún tipo de autorización por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, identifican y seleccionan terrenos fiscales que cumplan con algunas condiciones mínimas favorables para el uso habitacional —por ejemplo, cercanía con la ciudad, conectividad, topografía adecuada, etcétera —, para luego demarcarlos en lotes de menor tamaño, los cuales son ofrecidos a personas que requieran un lugar para vivir”, detalla la cartera.