El largo recorrido político de Álvaro García, quien asumió como biministro de Economía y Energía tras la polémica salida de Pardow

La reciente salida de Diego Pardow (militante del Frente Amplio) del Gobierno, en medio de la crisis asociada al error metodológico en las tarifas eléctricas, dejó a Álvaro García como biministro de Economía y Energía.

En medio de una inminente acusación constitucional en su contra y de solicitudes transversales para concretar su salida por el error de cálculo en las cuentas de la luz, que ha significado un pago adicional de más de US$116 millones en 2024 y 2025, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del ahora exministro.

A través de un comunicado, Presidencia informó que el Mandatario “ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo”, y junto con ello, informaron sobre el nombramiento de Álvaro García Hurtado como “biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía”.

Cabe consignar que García (71) asumió como secretario de Estado el 21 de agosto recién pasado, luego de la designación de Nicolás Grau como titular de Hacienda debido a la inesperada renuncia de Mario Marcel.

Álvaro García —quien ya había ostentado el cargo de ministro en el pasado —es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en la Universidad de Maryland y cuenta con un doctorado en la Universidad de Berkeley.

Antes de su arribo al Gobierno, se desempeñó como vocero económico de la excandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, durante la campaña de las primarias oficialistas.

Militante histórico del Partido por la Democracia (PPD) y exMAPU, el economista se desempeñó como subsecretario de Planificación y Cooperación durante el mandato de Patricio Aylwin. Además, fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ministro Secretario General de la Presidencia durante la administración de Ricardo Lagos.

Durante el periodo que estuvo fuera de la política, García fue vicepresidente de la Fundación Chile 21, un think tank progresista. Además, participó de manera activa en la campaña presidencial de Ricardo Lagos el año 1999.

El año 1995, durante su gestión como ministro de Economía, se decidió vender el último paquete accionario que la estatal CORFO tenía en la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a Julio Ponce Lerou —exyerno de Augusto Pinochet— por alrededor de US$7 millones.

La venta —que se concretó por orden del ministro García— provocó que el Estado dejara de tener participación en SQM y Ponce Lerou pasó a ser su dueño total, lo que consolidó la privatización de la empresa iniciada en dictadura.

Posteriormente, García trabajó en el ámbito privado y ejerció como presidente de la aseguradora Le Mans, empresa del grupo financiero Inverlink. Fue en ese período que Álvaro García se vio envuelto en el Caso Inverlink (2003), un escándalo financiero que implicó fraude a la CORFO y al Banco Central de Chile.

El retorno de García a la política

El año 2025 marcó el regreso de García a la esfera política, luego de participar como vocero económico de Carolina Tohá, quien buscaba llegar a La Moneda en representación del Socialismo Democrático.

Así las cosas, luego de la derrota de Tohá en las primarias oficialistas, García descartó de plano sumarse al comando de la representante del pacto, Jeannette Jara (PC).

De hecho, en una entrevista que concedió a Emol a mediados de julio de este año, el ahora biministro de Economía y Energía señaló: “Ya he señalado mis grandes diferencias con el programa que presentó la candidatura de Jeannette Jara, especialmente en el ámbito económico. No creo posible alcanzar un salario mínimo o vital de 750.000 durante los próximos cuatro años; especialmente si se quiere estimular el crecimiento del empleo; menos aún para el primer trabajo como señala el programa”.

Indicó al mismo medio que “tampoco creo posible crecer en base a la demanda interna y nada señala el programa de cómo se estimulará la inversión privada y el desarrollo exportador que si son esenciales para el progreso. Además, el programa presentado propone una gran cantidad de beneficios sociales (con algunas prioridades que tampoco comparto) que no son posibles de financiar dada la actual situación fiscal y no se señala cómo se financiarían”.

“Ello conduciría a un incremento en el déficit fiscal y la deuda pública; lo que nuevamente perjudica el crecimiento y genera presiones inflacionarias”, agregó García.