Mauricio Ortega vuelve a la cárcel: Corte Suprema acoge amparo del Sernameg y comisión deberá volver a analizar su solicitud de libertad condicional

A comienzos de octubre generó gran polémica que al agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega (51), se le concedió la libertad condicional. Ello pese a lo que decían los informes de Gendarmería sobre el riesgo que implicaba su salida.

La decisión generó gran presión sobre todo contra la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, puesto que la decisión se tomó luego de lo que la oposición acusó como negligencias en el caso por parte de la secretaria de Estado, dado que se produjo luego de que se fallara en una correcta notificación a Nabila Rifo sobre la libertad condicional de Ortega.

“Reiteramos que proteger la dignidad de las mujeres que han vivido violencia es responsabilidad de todas/os, hacemos un llamado a evitar actos de revictimización”, informó en ese entonces Antonia Orellana.

Es así que la cartera apeló a revocar la libertad condicional del condenado, lo que fue acogido el 22 de octubre por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que ordenó su reingreso al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Sin embargo, la defensa de Ortega presentó alegatos contra la resolución acogida por la Corte Suprema, asegurando que la determinación de la Corte de Coyhaique había tomado una determinación ilegal y arbitraria de revocar su beneficio.

Tras la audiencia, esta jornada la Suprema desestimó tales argumentos y confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones, con lo que Ortega deberá volver tras las rejas.

Así, lo que se dispuso es que la comisión de libertad condicional deberá volver a sesionar para analizar la solicitud del condenado pero esta vez con la debida notificación previa de la víctima, puesto que la vez pasada lo que se acusó fue que no se realizó el debido proceso de aviso hacia Nabila Rifo.

Mientras ello se resuelva, el agresor de Nabila Rifo deberá volver a la cárcel.

La ministra Orellana, quien celebró la decisión, apuntó a que esto “confirma que los derechos de las víctimas también son parte del debido proceso y deben estar al centro de las decisiones judiciales”.