Operación Pardow: cómo La Moneda diseñó el salvataje al exministro de Energía y sorteó su novena acusación constitucional

“Mi padre fue académico de la Universidad de Chile y fue exonerado por la dictadura. Cuando hablamos de que nuestras instituciones mejoran, yo tuve el espacio que él no tuvo. Valoro el respeto que siempre hubo en la discusión en el Senado y valoro que haya habido un número importante de senadores dispuestos a aquello. Es una oportunidad que no tuvo mi padre“, dijo visiblemente emocionado el exministro de Energía, Diego Pardow, en el punto de prensa luego de que se rechazara la acusación constitucional en su contra.

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien se encontraba junto a Pardow, lo abrazó tras la conferencia. Luego hizo lo mismo el subsecretario de la Segpres, Nicolás Facuse, y ambos se dirigieron inmediatamente a la Cámara de Diputados para continuar con la tramitación de la Ley de Presupuestos.

Esta es la novena acusación constitucional que la oposición ha impulsado durante la administración del Presidente Gabriel Boric y, al igual que las anteriores, no fue aprobada. Según comentan fuentes del Congreso, a estas alturas Lobos y Facuse “juegan de memoria”, ya que les ha tocado enfrentar todas las anteriores.

A esa dupla se sumó también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien fue titular de la Segpres hasta marzo, antes de asumir el cargo que dejó la exministra Carolina Tohá. Según señalan senadores de oposición, Elizalde cumple un rol importante en la Cámara Alta, pues mantiene un diálogo fluido con diversos sectores políticos y recuerdan que “no hay que olvidar que fue presidente del Senado” antes de ser ministro.

A pesar del equipo desplegado para enfrentar el libelo contra Pardow, en La Moneda no se vivió el trámite con tranquilidad. Fuentes del Palacio sostienen que el hecho de que la acusación se votara en plena segunda vuelta presidencial representaba un incentivo adicional para que algunos parlamentarios respaldaran el libelo.

Además, agregan las mismas fuentes, hubo una complicación adicional: las negociaciones paralelas que requería la Ley de Presupuestos. “Vi a la ministra Lobos colgar una llamada sobre la acusación constitucional para contestar otra y comenzar a hablar de glosas presupuestarias“, relata un parlamentario que fue testigo.

De hecho, hasta el mismo día de la votación en el Senado, en La Moneda reinaba la inquietud. Durante el trámite, comentaban que el resultado se definiría “voto a voto“.

El diseño de La Moneda y el antiguo equipo de la Segpres

Desde que la oposición presentó el libelo contra Pardow, las primeras simulaciones del Gobierno indicaban resultados desfavorables. Según fuentes del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados la acusación obtendría cerca de 100 votos y en el Senado el panorama también era adverso, aunque existía alguna posibilidad de revertirlo.

Con ese escenario en mente, Macarena Lobos y Nicolás Facuse se centraron en reducir la brecha en la Cámara y buscar que la votación se realizara después de la primera vuelta electoral. La lógica era que, si se votaba antes del domingo 16, las probabilidades de disminuir los apoyos a la acusación eran escasas.

Finalmente, fue Jaime Mulet —presidente de la comisión revisora del libelo y excandidato presidencial en las primarias del oficialismo— quien optó por tramitar el libelo tras las elecciones. Esa decisión, dicen desde el oficialismo, dio aire a La Moneda y permitió a Lobos convencer a miembros del Socialismo Democrático y del mundo independiente de rechazar la acusación, argumentando que el exministro ya había pagado su costo político y que una decisión comunicacional no equivalía a una infracción constitucional.

En paralelo, y con un rol clave de Álvaro Elizalde, el antiguo equipo de la Segpres se desplegó en el Senado para convencer a una mayoría de rechazar el libelo.

Elizalde, afirman fuentes tanto del Ejecutivo como del Parlamento, fue fundamental para ordenar a sectores del oficialismo que querían pasar cuentas al exministro frenteamplista, así como para entablar conversaciones con sectores moderados de la oposición, como Evópoli y Renovación Nacional.

En esa misma línea, la ministra Lobos también se movilizó. Esta vez, los argumentos fueron más explícitos e insistentes. La defensa se centró en que a Pardow se le acusaba por no haber hecho pública una alerta sobre el error en el cálculo de los cobros de electricidad. Sin embargo, sí había realizado los trámites administrativos para corregir la situación.

El planteamiento del Gobierno fue que se trataba de una acusación basada en un error comunicacional y político, más que en una infracción jurídica o constitucional. Según fuentes del Ejecutivo, fue el propio Gobierno quien reconoció el error de Pardow en el manejo de la crisis, razón por la cual ya se le había solicitado su salida del ministerio.

Por tanto, sostienen desde La Moneda, avanzar con la acusación establecería un precedente complejo: sancionar constitucionalmente a un ministro por razones políticas y no jurídicas. Esa fue la idea que el propio presidente Boric reiteró ayer desde Puerto Williams, tras conocerse el rechazo del libelo.

Según senadores, ese argumento generó dudas incluso dentro de la oposición. De hecho, el senador UDI Javier Macaya —quien votó a favor de la acusación— señaló que esperaba que este caso marcara un precedente para que las futuras acusaciones tuvieran un sustento jurídico más sólido.