Tras usar como ejemplo a La Cosa Nostra: la guerra entre Alberto Mayol y el senador Bianchi por proyecto que busca regular encuestas

Una declaración pública compartió en su cuenta de X el sociólogo Alberto Mayol, fundador de la encuestadora La Cosa Nostra, en la que dio a conocer su molestia por el proyecto de ley que busca otorgar una mayor regulación a la difusión de encuestas políticas, así como también la aplicación de sanciones en caso de que no se cumplan estándares técnicos.

Lo que motivó la declaración de Mayol fue que, según dio a conocer El Mercurio, en la propuesta legislativa, presentada por el senador Karim Bianchi en la Cámara Alta, se utilizara como motivo el resultado de la encuesta que lidera.

“A diferencia de otros mercados de información sensible (…), el ‘mercado de la verdad electoral’ en chile opera en una zona de desregulación técnica. Recientemente, hemos sido testigos de controversias públicas, como la carta suscrita por miembros de la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM) cuestionando metodologías de nuevos actores (caso encuesta “La Cosa Nostra”, sostiene una parte del proyecto de ley.

Así, Mayol sostuvo en su declaración pública que su proyecto —del que antes también era parte Darío Quiroga, excoordinador estratégico de la campaña de Jeannette Jara (PC)— fue mencionado de “manera impropia, provisto del desparpajo ramplón que inunda la política”.

Además, dio a conocer que se comunicó con Bianchi al momento de saber que existía la propuesta legislativa. “Le solicité que rectificara y se disculpara por no haber entendido la discusión previa entre encuestadoras”, mencionó, adjuntando los mensajes de texto que hizo llegar al senador.

“Me han enviado desde prensa la propuesta del proyecto de ley que has presentado como senador. Tengo sentimientos encontrados con lo que enviaste. Primero, porque valoro y agradezco que el planteamiento que hice personalmente sobre la necesidad de una regulación legal haya sido recogido por ti y convertido en un proyecto”, comenzó el escrito, en el que luego explicitó su disconformidad con el proyecto de ley.

“Me genera molestia que de manera tan errática señales a mi proyecto como parte de los problemas metodológicos y la falta de regulación gremial”, sostuvo Mayol. “Te aclaro: la AIM no criticó mi encuesta. Lo que ellos cuestionaron fue un informe metodológico sobre la precisión de distintas encuestas donde yo salía con el primer lugar en los últimos 5 años. Ahora, otra encuesta hizo un informe distinto, con otra metodología, y el resultado es exactamente el mismo”, afirmó Mayol al parlamentario.

Asimismo, le hizo dos solicitudes: que lo invitara a la discusión del proyecto de ley o se le solicitara un informe para ser presentado en la discusión legislativa; y que “aclares que estabas equivocado respecto a la declaración de la AIM, “y que pidas disculpas por la deshonra que implica hacer referencia a un proyecto absolutamente independiente”.

“Lo mínimo es que presentes un proyecto entendiendo el tema”, le escribió Mayol a Bianchi. “Tienes mi contacto y podrías haber averiguado algo. Pero atacar a un tercero con información errada, sin comprender bien el debate, es grave”, culminó el mensaje, del que, según relató, hasta la mañana de este jueves no había respuesta por parte del senador.

La encuesta La Cosa Nostra fue uno de los pocos estudios que habló de un “triple empate técnico” entre José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, en primera vuelta. Finalmente, los resultados de la elección dieron cuenta de una preferencia sobresaliente por Kast (23,9%), mientras Matthei y Kaiser tuvieron porcentajes similares (12,4% y 13,9%, respectivamente).

Sanciones si no se cumple con metodología estricta

El proyecto de ley presentado por el senador Bianchi fue remitido a la comisión de Economía de la Cámara Alta. Busca modificar la ley N° 18.700, que rige las votaciones populares y escrutinios.

Lo que se busca con la propuesta es “regular la transparencia, metodología y publicidad de los estudios de opinión o encuestas sobre intención de voto electoral, con el fin de garantizar la fe pública”.

Para lo mismo, la propuesta considera que cualquier encuestadora que pretenda brindar estudios electorales “deberá efectuar un depósito digital al Servicio Electoral, con una antelación mínima de 48 horas previas a su primera difusión pública”. Es decir, que el ente electoral acceda al estudio con embargo.

Los requisitos técnicos proponen siete obligaciones, las que son identificación del mandante, universo y muestra, margen de error y nivel de confianza, tasa de respuesta, metodología de recolección, cuestionario íntegro y criterio de ponderación.

De no cumplirse con aquello, la propuesta establece la suspensión inmediata de la divulgación del estudio, y de incumplirse aquello, se derivará en una multa entre 100 y 1000 U.TM., entre $6 y $61 millones.