Justicia ordena retener fondos del Club Hípico de Punta Arenas pese a que el Gobierno desistió de la millonaria expropiación

Pese a la instrucción de la cartera que lidera el ministro Iván Poduje, el Juzgado de Letras de Punta Arenas ordenó la retención de los montos consignados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, como parte de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas para la construcción de viviendas y áreas verdes, dictada en noviembre de 2025.

Esto, según consigna Diario Financiero (DF), en respuesta a un escrito presentado por el Serviu ante el tribunal, en el cual se solicitó retener los montos como parte de la expropiación, pues desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo —encabezado por Iván Poduje—, decidieron desistir del mencionado procedimiento.

El proceso fue impulsado por la administración del expresidente Gabriel Boric, y se había fijado una indemnización de US$22,7 millones, pero el propietario del terreno activó un arremetida judicial exigiendo un pago de al menos US$53,8 millones.

La expropiación, de acuerdo a DF, forma parte de una iniciativa impulsada en el marco del Plan Ciudades Justas y del Plan de Emergencia Habitacional, que busca habilitar terrenos estratégicos para el desarrollo de áreas verdes, equipamiento urbano y soluciones habitacionales.

Con todo, el pasado 23 de marzo, el ministro Poduje envió un oficio ordinario dirigido al director del Serviu de Magallanes “con el objeto de instruir en el desistimiento de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas”.

En el mencionado documento, el secretario de Estado indicó que el Serviu de Magallanes dictó el acto expropiatorio en el marco de un proyecto habitacional y de desarrollo urbano. “A la fecha, el proceso expropiatorio se encuentra en trámite, sin que se haya girado el cheque correspondiente a la indemnización, por lo que el dominio del bien expropiado no ha radicado en el Fisco”, señaló.

Además, hizo alusión al oficio del Ministerio de Hacienda denominado Plan de Ajuste Fiscal, que dispuso una reducción transversal a todos los ministerios y servicios públicos del 3% del gastro bruto en forma inmediata, el congelamiento de contrataciones y la paralización de todo desembolso que no constituye una obligación legal vigente e ineludible.