Mujeres conductoras en el transporte público: Santiago avanza hacia un sistema más diverso

Fanny Pérez de Arce pasó años trabajando como paramédico y auxiliar de farmacia. Conocía bien la urgencia, la presión, el trato con personas en momentos difíciles. Aun así, sentarse por primera vez al volante de un bus articulado fue otra cosa. “Fue un desafío importante salir de mi zona de confort. El proceso fue exigente, pero hoy veo los resultados y espero que se me abran nuevas oportunidades”, dijo al concluir su formación. Pérez de Arce es una de las 22 mujeres que se graduaron como nuevas conductoras del sistema de Transporte Público Metropolitano RED, en un programa impulsado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), IGT y Vivipra, representante de la marca King Long en Chile.

El dato que las sitúa en perspectiva: en 2014, solo el 1% de las personas que conducían buses en el sistema eran mujeres. Hoy Santiago se ha consolidado como la ciudad con más mujeres conductoras en América Latina, según datos del propio DPTM.

El programa que formó a 22 mujeres en más de tres meses

La capacitación que culminó el 16 de abril de 2026 duró más de tres meses e incluyó contenidos de conducción, mantención y seguridad operacional. La ceremonia de cierre reunió a las nuevas conductoras, ejecutivos de las entidades participantes y autoridades comunales de Pirque y San Bernardo, dos comunas donde el sistema RED opera con demanda creciente de operadores.

El director del DTPM, Eduardo Castro, explicó que “el trabajo colaborativo público-privado es indispensable para poder avanzar en iniciativas como estas, donde el rol de la mujer es indispensable. Hoy en el sistema público, uno de cada seis conductores es mujer, lo que nos llena de orgullo y nos impulsa a generar más de estas instancias no solo en la Región Metropolitana sino también en regiones”.

Para Emilio Ma, director para América Latina de King Long, la participación femenina tiene un valor que va más allá del cumplimiento de cuotas: “Ser conductora del transporte público implica responsabilidad, compromiso y vocación de servicio. Sabemos que ese camino no ha sido fácil para las mujeres en esta industria, por lo mismo, estos programas de formación nos parecen fundamentales no solo porque abren oportunidades laborales sino porque incentivan la equidad”.

Christian Vicherat, gerente general de Vivipra, fue más directo aún: “Las mujeres en la conducción agregan valor a la industria. Está demostrado que mejoran la calidad del servicio”. Una afirmación que tiene respaldo empírico: según Carlos Larravide, gerente general del Automóvil Club de Chile, las mujeres presentan menores tasas de siniestralidad, los buses que conducen registran menos evasión y contribuyen a reducir los niveles de agresividad en ruta.

De 44 mujeres en 2007 a más de 2.300 hoy: el avance que tomó décadas

El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. En Chile, la inclusión de mujeres en el transporte público ha mejorado notablemente en los últimos años: en abril de 2025, había 2.025 conductoras de autobuses, lo que representa un 11% de la plantilla, en comparación con solo 44 en 2007. A diciembre del mismo año, la cifra continuó escalando: el sistema registraba 18.398 conductores, de los cuales 2.323 eran mujeres, equivalentes al 12,63% del total. Entre 2022 y 2025, la participación femenina en este segmento creció un 142%.

Este avance no fue espontáneo. Desde 2018, el DTPM cuenta con una Política de Equidad de Género en Transportes, considerada una de las primeras del mundo en su tipo. Su expresión más concreta es el Programa Mujeres Conductoras, que entrega becas para obtener la licencia profesional A3. Entre 2021 y 2023, ese programa registró un aumento del 62% de mujeres en personal de conducción. Las egresadas son mejor evaluadas por los usuarios y sus empleadores, y un 41,6% de ellas son la proveedora principal de su hogar.

La cuenta pública 2025 del Ministerio de Transportes confirma el impulso institucional: el número de conductoras en el sistema alcanzó la cifra histórica de 2.025 mujeres, con un aumento del 107% desde marzo de 2022.

Un sector masculinizado en el mundo, con excepciones que marcan el camino

El contexto global ayuda a dimensionar cuán excepcional es el caso chileno. Con base en datos de 2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), menos del 20% de las personas que trabajan en el sector transporte son mujeres a nivel mundial. En el transporte pesado la cifra es aún más baja: según la International Road Transport Union (IRU), a nivel global las mujeres representan el 6% o menos de los conductores de vehículos pesados de carga en la mayoría de las regiones.

La media de la Unión Europea en conductoras de transporte de viajeros era del 12% en 2020, aunque España lideraba ese indicador con un 18% de presencia femenina. En América Latina el panorama es más desigual: en el Metro de Ciudad de México, las mujeres representan el 35% del personal operador, cinco puntos más que en 2019, un porcentaje alto que se explica por iniciativas institucionales específicas del sistema de transporte capitalino.

En Chile, la brecha persiste en el sector en su conjunto: el rubro del transporte cuenta con solo un 18,4% de mujeres según datos de ChileMujeres y la UDP a enero de 2024, con déficit en cargos profesionales, técnicos y directivos. Sin embargo, en el transporte público urbano de Santiago el avance es notoriamente más acelerado que el promedio sectorial.

La tensión que el volante no resuelve solo

Detrás de cada graduación hay una historia de obstáculos. Las jornadas extensas, los turnos nocturnos y un sistema diseñado sin perspectiva de género han frenado históricamente la incorporación femenina. A eso se suman barreras que no son visibles desde el exterior del bus: nueve de cada diez usuarias reportan haber sufrido acoso en el transporte en algún punto de sus vidas, y un 63% no se siente segura en el paradero de bus. El ambiente que enfrentan las conductoras desde el otro lado del volante tampoco está exento de tensiones.

La inserción laboral femenina en Chile, en tanto, sigue mostrando fragilidades. Según la Fundación Chile Mujeres, la participación laboral femenina en el país pasó de 50,3% en 2015 a 52,4% en 2025. En el mismo período, el desempleo femenino promedió 8,7%, superó el 12% durante la pandemia y volvió a situarse en torno al 10% en 2025, cifras que dan cuenta de una inserción aún inestable para miles de mujeres en edad de trabajar. En ese contexto, el acceso a una licencia profesional A3 equivale a mucho más que el derecho a conducir un bus: es la puerta de entrada a cotizaciones previsionales, acceso al crédito y autonomía económica real, como lo señaló la entonces ministra de la Mujer, Antonia Orellana, al referirse al programa.

El modelo que viene: alianzas que replican la fórmula

Lo que hicieron Vivipra, King Long, IGT y el DTPM no es nuevo, pero su replicación sistemática sí importa. La fórmula —empresa fabricante de buses, empresa operadora, organismo de capacitación y ente público— ha demostrado ser más eficaz que los programas de gobierno actuando solos. Recientemente, 24 mujeres de Puente Alto se graduaron como conductoras del sistema Red Movilidad, asegurándoles su contratación por parte de la empresa Conecta Mobility, en otra articulación público-privada que sigue el mismo esquema.

La electromovilidad, además, está abriendo una puerta inesperada. Según la investigadora Carolina Rojas, entrevistada por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), los buses eléctricos —más silenciosos, con menor vibración y sin caja de cambios manual— han reducido algunas de las barreras físicas que históricamente desalentaban el ingreso de mujeres a la conducción profesional.

El desafío que queda no es menor. Desmasculinizar el transporte no es solo sumar mujeres al volante, es cambiar la cultura de un sistema que debe reflejar la diversidad de quienes lo usan, advirtió Paola Tapia, exdirectora del DTPM, en el tercer encuentro del Observatorio de Movilidad y Género. Mientras tanto, Fanny Pérez de Arce y otras 21 mujeres ya tienen su licencia. La pregunta que queda abierta es cuántas ciudades de Chile —y de América Latina— decidirán que ese modelo vale la pena replicarlo antes de que pasen otros veinte años.