Columna de Carmen Soza sobre gasto fiscal: El imperativo ético de ordenar la casa

Gran discusión pública se ha generado por el recorte del gasto fiscal y los oficios dirigidos a los ministerios respecto a la evaluación de programas para resolver su continuidad, pero más allá de las formas pongamos el foco en el fondo del asunto. El Estado chileno ha vivido por años por encima de sus posibilidades y este nuevo gobierno se está haciendo cargo de un estado ineficiente e ineficaz, para poder volver a ponerlo al servicio de las personas y del bien común.

La realidad fiscal y la situación del aparato estatal es dramática. Durante 15 de los últimos 17 años, el gasto público superó los ingresos estructurales, comprometiendo seriamente la sostenibilidad económica. Chile pasó de tener 18 ministerios en el año 2000 a 25 en 2025, y de 140 entidades públicas a más de 200 en poco más de una década.

Este crecimiento del “Estado elefante” no se tradujo en una mejor calidad de vida; por el contrario, mientras el presupuesto fiscal saltó de 30 mil millones a más de 90 mil millones de dólares, la delincuencia subió y la satisfacción usuaria en servicios críticos como los Cesfam y hospitales cayó fuertemente. Este crecimiento descontrolado del aparato estatal no se ha traducido en soluciones efectivas; por el contrario, ha generado un círculo vicioso de mayor burocracia que agrava los problemas en lugar de resolverlos. El Estado simplemente dejó de estar al servicio de las personas.

Por eso ordenar las cuentas fiscales no puede quedarse en un ejercicio contable frío; tampoco debería ser objeto de la mala fe y aprovechamiento político, de la funa y cancelación, ya que lo que está en el fondo es un acto de profundo respeto y dignidad hacia todas las familias chilenas que con esfuerzo cuidan su propio presupuesto cada mes y contribuyen a sostener el Estado. Chile debe abandonar la lógica de la expansión infinita del gasto y retomar la senda de un Estado eficiente, centrado en sus funciones esenciales: seguridad, orden y apoyo real a los más vulnerables. El gobierno está haciendo lo que prometió en la campaña presidencial pocos meses atrás: devolverle el sentido común a la administración pública.

El objetivo final es poner el Estado al servicio de las personas y no de los políticos. Lo que hay detrás es transitar desde un modelo de intermediarios ineficientes hacia uno de transferencias lo más directas posibles, donde el foco y el objetivo sea la libertad del ciudadano y no la supervivencia de la burocracia. Por lo tanto, no se trata de eliminar beneficios sociales, sino de evaluar la mejor forma de entregarlos.

Llevamos años (demasiados) con programas mal evaluados e ineficientes, pero frente a la disyuntiva de hacer algo distinto y mejorarlos,  focalizar el gasto y hacerlo más eficiente, con el ruido político que esto genera, se ha optado por el camino fácil de seguir haciendo las cosas tal cual agravando los problemas; es decir, ha ganado la indolencia. 

Nos hemos acostumbrado a no discutir los problemas de fondo, a pasar por encima y dar soluciones parche que apuntan a los síntomas y no a la raíz de los problemas. Es por esto que el gasto público y el aparato estatal con los años ha aumentado tanto, porque frente a cada problema nuevo la solución ha sido rápidamente y sin mayor discusión derechamente más Estado, lo que se traduce en nuevas instituciones, mayor gasto, más deuda, más burocracia y un largo etcétera. No hay diagnósticos profundos ni ha habido la detención suficiente para ver las causas y buscar soluciones reales duraderas y sostenibles.

Podemos tener distintas opiniones respecto a la forma de hacer las cosas, pero que es necesario hacer un ajuste y dejar de hacer arreglos cosméticos es una realidad que no podemos eludir. Lo responsable es justamente revisar cómo estamos gastando, en qué y dónde están los espacios de mejora.

Este proceso por supuesto que va a sacar ronchas, porque se busca eliminar programas mal evaluados, con nulo impacto social y aquellos que solo sirven de refugio para el activismo ideológico. Cuestionar el ejercicio, impedir que se realice y exigir que todo siga igual sin mover ninguna coma, atenta contra el necesario debate que se debe dar, uno serio, con fundamentos y con una mirada a largo plazo. No debemos olvidar cuál es el fin de todo esto, poner nuevamente el Estado al servicio de las personas.