¿Por qué el Gobierno ha tardado tanto en reactivar el Plan de Derechos Humanos? 25 instituciones no le han respondido al Ministerio de Justicia

Apenas comenzó el Gobierno del Presidente José Antonio Kast una de las principales noticias que generó controversia fue el desmantelamiento de las líderes del Plan Nacional de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda, que forma parte de él. De hecho, fue uno de los programas que el Ministerio de Hacienda recomendó “descontinuar”.

Todo eso provocó que el ministro de Justicia, saliera a aclarar que el Plan Nacional de Derechos Humanos iba a continuar. “Para nosotros es muy relevante esto, cumplir lo antes posible con devolver el programa nacional de Derechos Humanos a la Contraloría para el trámite de toma de razón”, dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la Cámara de Diputados.

De todas formas, aseguró que no hay un plazo para reestablecerlo ante la consulta del diputado Roberto Celedón. “Ese es el compromiso que tenemos diputado, y lo tengo que cumplir, porque me estoy comprometiendo con usted y toda la comisión a hacerlo, dentro de la medida de lo posible. Usted vio en las láminas, es mucho el trabajo que importa, y evidentemente queremos hacerlo bien y que recoja también la mirada que yo he dado con anterioridad, a que los Derechos Humanos no corresponde a una mirada unilateral, sino que a este conjunto de antecedentes que responde a la idea fundamental de que es el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana”, dijo Rabat.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, el retraso en la reimplementación del Plan de Derechos Humanos se debe a que enviaron una serie de preguntas a instituciones involucradas que debían ser respondidas a fines de abril. ¿El problema? De las más de 80 instituciones consultadas aún quedan 25 que no han respondido, entre las que se encuentran gobiernos regionales y universidades. Ello podría provocar que la tardanza sea mayor que en gobiernos anteriores.

Según el sitio web del Gobierno, el Plan Nacional de Derechos Humanos “es una política pública que establece la ejecución de una serie de acciones concretas y medibles, dirigidas a mejorar el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos“.

Además, plantea que “el instrumento tiene una duración de cuatro años y contiene el diseño e implementación de las políticas encaminadas a respetar, promover y proteger los derechos humanos. Se elabora considerando las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, las prioridades sectoriales e intersectoriales de los diferentes servicios públicos y la opinión de la ciudadanía”