Con dudas en RN, Evópoli, Demócratas y el PDG: los votos clave que pueden inclinar el resultado de la acusación constitucional contra Grau

“El exministro Grau no merece quedar impune frente al Congreso”, dijo ayer el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea, luego de haber ingresado la acusación constitucional en contra de quien fuera el titular de Hacienda durante la administración del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau, junto a miembros del Partido Republicano, el Partido de la Gente y Renovación Nacional.

El texto acusatorio indica que esta acción se sostiene por la “subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026” que habría hecho Grau; la “no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes”; la “inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del Gobierno Central”; y el “incumplimiento de la meta de balance estructural de -1,6% del PIB fijada para 2025”, además de las advertencias del Fondo Monetario Internacional y las “deficiencias metodológicas” de la Dipres.

Es en ese contexto que el oficialismo busca, con el apoyo de algunos parlamentarios del PDG e independientes, encontrar los 78 votos necesarios para aprobar el libelo acusatorio. La alianza de Gobierno, junto al Partido Nacional Libertario, cuenta con 76 votos en caso de que todos sufraguen alineados. Ahora bien, no todos esos respaldos están asegurados y, para garantizar el éxito de la acusación, se encuentran buscando ampliar la base de apoyo.

Esto, dado que durante el Gobierno anterior la derecha impulsó nueve acusaciones constitucionales, de las cuales ocho apuntaron a exministros y una al entonces delegado presidencial de la Región Metropolitana, Carlos Durán. Todas fueron rechazadas.

Esta vez, hay miembros del oficialismo que reconocen que la maniobra en contra de Grau es osada, pues la acción no fue socializada con todas las fuerzas de la derecha y, en caso de ser rechazada, significará un duro golpe para el Gobierno de José Antonio Kast.

Por otra parte, entre las voces patrocinantes de la acusación indicaron que era importante actuar con premura, pues el jueves 11 de junio se cumplen los tres meses de plazo para presentar esta acción en contra de una autoridad que dejó el cargo.

Es en este contexto que diversos dirigentes mantienen conversaciones con figuras clave dentro de la Cámara que puedan garantizar la viabilidad del libelo acusatorio.

La negociación por los 78 votos en contra de Grau

Dentro de las fuerzas oficialistas aún no está definido que todos los parlamentarios que apoyan al Gobierno respalden la acusación en contra de Grau. Desde Renovación Nacional, por ejemplo, declararon libertad de acción, aun cuando dos de los firmantes del libelo, Francisco Orrego y Daniel Valenzuela, pusieron su firma para patrocinar el documento.

En ese caso, por ejemplo, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, ya declaró que “políticamente, a mí me parece que es un disparo en las piernas”. Esto, lo explicó apoyándose en un caso inverso: “Imagínate que con esta megarreforma, el día de mañana, el ministro Quiroz se equivoca en una predicción. Se recauda menos de lo que, incluso hoy día, muchos expertos están asegurando. Hay cosas respecto de las cuales no se va a recaudar exactamente lo que está diciendo el ministro. Entonces, ¿lo vamos a acusar constitucionalmente?”.

Asimismo, hay dudas respecto a lo que suceda con otros votos oficialistas, como los de los diputados de Evópoli Jorge Guzmán y Tomás Kast, quienes no se han manifestado a favor del libelo. Guzmán, por su parte, acusó que “no nos han hecho parte de la acusación” y, respecto de si respaldarán o no la acción, aseguró que “vamos a analizarlo en su mérito”.

Del mismo modo, la diputada del extinto partido Demócratas, Johanna Pérez, quien es miembro de la comisión revisora del libelo, reveló que durante la Cuenta Pública “le advertimos al ministro del Interior que no era el mejor minuto para presentar una acusación constitucional desde el oficialismo; sin embargo, esto continuó”. Con ese escenario, la diputada aseguró que no han definido una postura y que “como siempre, vamos a analizar el mérito de este libelo”.

La bancada del PDG es otro grupo de parlamentarios con los que el oficialismo espera contar y, si bien hubo dos de sus miembros firmando la acusación, desde la colectividad mencionaron que no tienen una decisión tomada.

“Hay que distinguir muy bien entre lo que es la presentación de la acusación, que habilita un momento, y otra cosa es la deliberación que vamos a tener internamente, porque es muy importante no chacrear estas herramientas“, aseguró el jefe de bancada del PDG, Juan Manuel Valenzuela, a CNN Chile.

Así, desde el oficialismo están en busca de apoyos entre parlamentarios con quienes ya han logrado acuerdos anteriormente, como los diputados Felipe Camaño y Jaime Mulet, quienes respaldaron a Jorge Alessandri para hacerse de la presidencia de la Cámara, en desmedro de la candidata de la oposición y del PDG, Pamela Jiles.