Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda: “El secreto bancario es clave para seguir la ruta del dinero. Espero que se apruebe en el Senado”

La exsubsecretaria de Hacienda Heidi Berner estuvo a cargo de impulsar la tramitación de dos proyectos cuyos temas centrales hoy se toman la agenda: la regularización de las casas de apuestas y el levantamiento del secreto bancario en la creación de un Sistema de Inteligencia Económica. Dos discusiones que si bien avanzaron durante su gestión que desempeñó bajo la administración del expresidente Gabriel Boric, quedaron a medio camino en el Congreso.

La semana pasada una resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) dispuso el cobro de IVA a plataformas de apuestas en línea, levantado una polémica porque estas actividades han sido declaradas como ilícitas por la Corte Suprema. Por otro lado, la Operación Tokio, reinstaló el debate sobre el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial, lo que coincidió con la votación en el Senado del proyecto que aborda este tema para permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requiera directamente la información a los bancos. Hoy en la tarde, se votará este articulado tras haber empatado en 23 votos en la sesión anterior -si se rechaza el tema será revisado en Comisión Mixta-.

Berner manifiesta su inquietud ante el alcance que ha tomado la discusión de ambos temas. Y en esta entrevista con The Clinic, la exsubsecretaria comenta que el SII se extralimitó, y recalca la importancia de que ambos proyectos avancen en sus respectivos trámites en el Congreso.

“La Suprema considera adecuado que el levantamiento lo realice la UAF”

—¿Por qué recurrir a un permiso judicial sería un obstáculo para seguir la ruta del dinero?

—Por varias razones. Hoy la solicitud debe ser uno a uno, y el proyecto plantea que se puede pedir respecto de un conjunto de personas, manteniendo la sede judicial, lo cual ya hace el análisis más oportuno. Por otro lado, la UAF primero debe hacer todo un análisis para pedir el levantamiento en sede judicial, y luego esperar otras horas a que los jueces respondan. Hay un problema de oportunidad: aunque la información administrativa, contable y financiera siga estando en el banco, los recursos pueden no seguir ahí. Si el informe de la UAF deriva en algo que se eleva al Ministerio Público, las medidas cautelares para evitar el retiro de esos recursos pueden llegar demasiado tarde.

Además, el propio informe de la Corte Suprema advierte que, cuando los casos son uno a uno y los flujos acotados, como ocurría con la UAF pensando en lavado de activos, el sistema funciona; pero al ampliar su objeto al crimen organizado, la cantidad de casos puede ser mucho mayor, y el Poder Judicial podría no dar abasto y terminar siendo un cuello de botella. Lo que hace la UAF es el análisis de la información para generar alertas al Sistema Económico y de Inteligencia del Estado, y, cuando corresponde, lleva el caso a sede penal a través del Ministerio Público. No es la UAF la que persigue penalmente

—El ministro Quiroz adelantó que el Gobierno impulsaría una iniciativa sobre el levantamiento del secreto bancario, pero rectificó que la apertura de cuentas seguirá dependiendo del Poder Judicial. ¿Qué avance real puede tener esa iniciativa si se mantiene esa dependencia?

—Desconozco la nueva iniciativa del Ejecutivo, así que mientras no la revise no puedo opinar. Pero sí quiero señalar que hay al menos dos informes de la Corte Suprema emitidos durante la tramitación del proyecto que considera adecuado que el levantamiento lo realice la UAF en sede administrativa, pero siempre a partir de un Reporte de Operación Sospechosa. Eso gatilla todo: la UAF no va a pedir por iniciativa propia el levantamiento del secreto bancario de alguien, sino que lo solicita porque un sujeto obligado reportó una operación sospechosa.

En segundo lugar, creo que las políticas públicas deben basarse en evidencia y en otros países. Si miro a los miembros de la OCDE, todos, para efectos de seguir la ruta del dinero del crimen organizado, tienen en sus Unidades de Análisis Financiero, el levantamiento del secreto bancario en sede administrativa a partir de un Reporte de Operación Sospechosa. El único que no lo tiene es Australia, porque opera con un sistema distinto. Entonces, si el crimen organizado está penetrando nuestra sociedad, ¿por qué seríamos tan distintos? Debemos usar las mejores herramientas que tienen los demás países.A la base del crimen organizado está poder llegar a tiempo para descubrir sus financiamientos y su organización. Por eso este proyecto no puede quedar detenido.

—¿Le llama la atención que, con la experiencia comparada y lo que ocurre con el crimen organizado en Chile, se siga rechazando esta medida?

—Por lo mismo, ese empate en la última votación da cuenta de que es un tema importante. Ojalá todos los actores lleguen al convencimiento de que no estamos hablando del rol del SII ni del pago de impuestos, sino del crimen organizado y de la necesidad de llegar a tiempo con los análisis. La UAF es el organismo que requiere ser fortalecido, y esta es una de las herramientas.

—¿Por qué cree que hay tantas diferencias en las discusión legislativa en cuanto al levantamiento del secreto bancario?

—Hoy las mayores aprensiones están en cómo se vincula el Sistema de Inteligencia Económica con el Sistema de Inteligencia del Estado. Eso quedó perfeccionado en la discusión, tanto en el Senado como en la Cámara, y por eso pasó a llamarse “Sistema de Inteligencia Económica” en vez de “subsistema”, como partió y quedó constituido como un sistema en sí mismo en todo lo relativo al análisis de la ruta del dinero. También quedó mejor aceitada la relación entre los Reportes de Operación Sospechosa, el análisis de la UAF y cuándo debe o no ir al Ministerio Público. La acción penal solo la lleva el Ministerio Público.

Había también una discusión sobre qué se entiende por crimen organizado, con distintas definiciones; lo que salió de la Cámara fue trabajado con muchos actores y aún puede perfeccionarse. El secreto bancario es clave para seguir la ruta del dinero. Espero que se apruebe hoy en el Senado.

Resolución del SII: “Bajo esa lógica, a cualquier actividad comercial ilícita tendría que cobrarle IVA“

—¿Qué le parece la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre las casas de apuestas?

—Es importante retomar la discusión de fondo respecto de cómo se regula una industria como la de las plataformas de juego en línea, y no quede paralizada por el solo hecho de que existe esta resolución y, por tanto, se empiece a cobrar el IVA. Esa es mi primera preocupación, porque estamos hablando de regular algo que hoy es un ilícito: la ley dice muy claramente que las apuestas están prohibidas constitucionalmente, salvo que una ley expresamente las autorice. La segunda preocupación es que, al existir esta resolución, el SII puede estar abriendo la puerta a otras cosas, porque reconoce que esto es un ilícito, tal como lo han señalado dos fallos de la Corte Suprema.

—¿Teme que el proyecto que está en el Congreso puede quedar paralizado tras esta resolución?

—A quienes les ha costado poner esto como prioridad, puede ser una excusa el que las plataformas ya estén pagando. Pero, en la práctica, lo único que se está resolviendo es el tratamiento del IVA; no estamos hablando de manera comprensiva del sistema tributario que debe aplicarse a esta industria, ni de los otros temas que son delicados: la salud mental, los niños y adolescentes jugando sin saber de dónde provienen los recursos, el financiamiento del crimen organizado, el lavado de activos. Son temas muy profundos que se estarían dejando de ver.

—El SII argumenta que su deber es recaudar sobre hechos gravados con IVA, sin pronunciarse sobre la licitud. ¿Le parece un argumento sólido? ¿Cree que el servicio se extralimitó?

—Si fuera sin pronunciarse sobre la licitud, ¿qué ocurre con un conjunto de actividades comerciales que se fundamentan en la venta de productos del contrabando o incluso de artículos robados? ¿El SII recauda, o más bien fiscaliza y clausura? Cuando el SII fiscaliza un comercio que no tiene la debida iniciación de actividades y que no contribuye con el impuesto de primera categoría, le aplica sanciones y lo clausura. Aquí, en cambio, está diciendo que hay que recaudar. Eso mueve una línea muy delgada: bajo esa lógica, a cualquier actividad comercial ilícita tendrían que cobrarle IVA. Me parece un tema bastante complejo.

—¿Se genera un conflicto entre lo que dice el Servicio y la Corte, tras el fallo que bloqueaba el acceso a los sitios de apuestas?

—La Corte Suprema, en dos ocasiones, señaló expresamente que se trata de una actividad prohibida. Por tanto, lo que se debió hacer fue avanzar en la tramitación del proyecto de ley y, en paralelo, ver cómo los distintos organismos pueden hacer cumplir el fallo: la Subtel respecto de los proveedores de internet, la Comisión para el Mercado Financiero respecto de los medios de pago, la Superintendencia de Casinos de Juego, y así. Es cierto que varios de esos organismos hoy no tienen las atribuciones para eliminar definitivamente esta actividad, y por eso se las estábamos dando en el proyecto de ley. Había otros caminos, y el de solo recaudar el IVA no me parece el más adecuado, considerando la gravedad de que haya menores de edad jugando y que no sepamos de dónde vienen los recursos, lo que se puede prestar para el lavado de activos.

—Al proyecto se le dio urgencia, luego se le retiró y el Ejecutivo no presentó indicaciones. ¿Cómo lee este giro y la disposición del Gobierno para legislar?

—Desconozco cuál es la agenda prioritaria de esta administración, así que no podría pronunciarme. Pero sí diría que es urgente retomar este tema por sus implicancias en la salud pública y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en la ludopatía, que tampoco hoy tiene forma de controlarse en la población adulta. Esto no debe verse solo como un asunto tributario: es mucho más que eso. También se trata de conocer de dónde vienen los capitales y de la relación entre estas plataformas y el deporte. Hoy hay muchos casos en que la apuesta recae sobre hechos que no son aleatorios y que dependen de una persona, como una tarjeta roja, una amarilla, un penal. En nuestro proyecto, ese tipo de hechos no podía ser objeto de apuesta, y tampoco podía apostar alguien directamente relacionado con el evento. Todo eso se presta para malas prácticas, corrupción y generación ilícita de riqueza. Es algo que hay que priorizar. Como subsecretaria lo puse en todas las tribunas que pude. Quedó bastante avanzado, y los temas a revisar están muy claros desde septiembre de 2025. Lo que no puede ocurrir es que no se dé la discusión de fondo.