Revés del Gobierno en el TC abre el apetito de la oposición para impugnar la megarreforma

Fue anoche cuando el Tribunal Constitucional (TC) publicó la resolución mediante la cual declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto de ley de Escuelas Protegidas, impulsado por el Ministerio de Educación, liderado por María Paz Arzola, y aprobado por el Congreso en junio.

La noticia no fue bien recibida en La Moneda, puesto que esta iniciativa había logrado avanzar con rapidez y contribuía a reforzar al menos dos de las ideas que el Ejecutivo buscó instalar durante sus primeros 100 días de gobierno: la capacidad de ejecutar medidas concretas y el avance de su agenda educacional y de seguridad.

Por ello, el fallo del TC significó un revés para el Gobierno. El tribunal rechazó propuestas que el propio Ejecutivo había destacado, como la facultad para que la PDI o Carabineros revisaran mochilas a solicitud de los establecimientos educacionales o la posibilidad de establecer inhabilidades para acceder a la gratuidad universitaria.

Por otro lado, en la oposición algunos evaluaron que el TC podría transformarse en una herramienta útil para frenar otras iniciativas que, a su juicio, podrían afectar derechos ciudadanos. Entre ellas, según sostienen algunos dirigentes de izquierda, la megarreforma que hoy se vota en el Senado.

La oportunidad en el TC

El diputado independiente PPD Jaime Araya valoró el fallo y comentó a The Clinic que “fue fundamental para enfrentar lo que viene, porque pone las cosas en su lugar”. En esa línea, agregó que “las normas constitucionales que hemos invocado para oponernos al proyecto del Gobierno tienen un sólido fundamento. Este fallo reafirma la convicción de que debemos trabajar intensamente con las armas de la democracia para impedir que se materialice la reforma de los súper ricos que impulsa el gobierno de Kast y sus socios”.

Araya, además, aseguró que “el fallo hace naufragar la lógica gubernamental que inspira el proyecto de Registro Único de Actos Vandálicos e Incivilidades”.

Por otra parte, algunos dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista sostienen que la resolución del TC no necesariamente está relacionada con las acciones que la oposición pueda emprender respecto de la megarreforma.

En una línea similar, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, sostuvo que el fallo del TC y la tramitación de la megarreforma “son cosas diferentes”. Asimismo, señaló que “el fallo es sorpresivo por lo rápido y por el contenido, que es muy contundente”.

Ahora bien, Mulet, quien ha sido uno de los impulsores de la idea de recurrir al TC por el artículo de la megarreforma referido a la invariabilidad tributaria, aseguró que dicha norma es “claramente inconstitucional” y reveló que, a estas alturas,“yo ya hubiera recurrido y no entiendo por qué otros partidos de la oposición dudan en ir”.

Así, agregó: “Me llama la atención que algunos sectores de oposición no entiendan que en un próximo gobierno toda la megarreforma se puede dejar sin efecto o modificar mediante una ley simple. Salvo los contratos ley que emanen de establecer la invariabilidad tributaria”.

Exministro Cordero: “La oposición debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político”

El exministro de Seguridad Luis Cordero, sin embargo, advirtió respecto de las señales que pueden extraerse del fallo del TC. “La oposición debe tener cuidado de creer que el tribunal va a ser un aliado político”, dijo el abogado en conversación con La Segunda.

Esto, puesto que destacó que “este no es el TC de hace diez años”, en referencia a que las tendencias políticas ya no operan de la misma forma que en el pasado. Según explicó el exministro, la composición actual del organismo está marcada por académicos del derecho y exjueces de carrera, cuyas trayectorias están más vinculadas al ámbito jurídico que al político.