Contraloría investiga a 61 municipios por uso indebido de fondos públicos de casi $5 mil millones para protección de mascotas

En su Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), la Contraloría General de la República advierte un riesgo de uso indebido de recursos públicos transferidos a municipios del país, destinados a ley protección de mascotas, mejor conocida como “Ley Cholito”.

En el análisis, se señala que entre el 2017 y el 2026, las municipalidades recibieron $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).

Sin embargo, 61 municipalidades no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, a pesar de que recibieron, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) casi $5 mil millones para esos fines. Junto a eso, 162 municipios no respondieron a los requerimientos de información de la CGR sobre el uso de más de $16 mil millones transferidos por la misma Subsecretaría.

De la misma forma, se constató que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza municipal sobre tenencia responsable, aunque esto se encuentra escrito en la Ley Cholito. Además, 25 municipios no tienen lector de microchip o no informaron su disponibilidad en la consulta y 31 financian caniles no inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.

Asimismo, el reporte detectó inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, el cual está a cargo del Ministerio del Interior, particularmente en la identificación de los responsables de los animales. Además, en este último se observó que aparece que solo 748 personas, de un total de 39.987 mascotas y dueños han realizado el curso de adiestramiento exigido para este tipo de animales.

Por esta “alerta de riesgo relevante” informada por la CGR, dicho organismo fiscalizará a la SUBDERE, en su calidad de entidad que transfiere los recursos para la protección de mascotas y animales de compañía. Además, aquellas municipalidades que no cuentan con una ordenanza municipal, deben dictarla en un plazo de 90 días hábiles, la cual debe ser informada a la Contraloría.