Contraloría detecta a cientos de funcionarios suspendidos por sumarios que continuaron recibiendo sueldos

La Contraloría General de la República detectó 485 funcionarios públicos de la Administración Central que se encontraban suspendidos preventivamente debido a sumarios administrativos, pero que aún así seguían recibiendo sus remuneraciones. Son 13 funcionarios los que se encontraban suspendidos desde hace más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en esa condición.  En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva. 

Las suspensiones, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, se produjeron entre 2020 y marzo de 2026. El caso más extenso, informa la CGR, corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión llegaba a una duración cercana a los cuatro años y siete meses. 

En el informe también se revela que 22 funcionarios suspendidos preventivamente registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

“Según los datos recopilados, el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión”, informan.

“El Estatuto Administrativo permite la suspensión preventiva de funcionarios mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Sin embargo, cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”, agregan.  

Contraloría investigará posibles responsabilidades por las demoras

Tras la investigación de Contraloría, la entidad dispuso que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron. La CGR continuará esos procedimientos y buscará determinar si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron las investigaciones y no controlaron oportunamente su avance.

Además, los organismos que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar, en un plazo de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar fundadamente la continuidad de la medida o reportar acciones concretas para agilizar su cierre. También deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.

La Contraloría reforzó estas medidas mediante un instructivo emitido el pasado 16 de septiembre, recordando que la investigación de un sumario no debiera superar los 60 días hábiles establecidos en la normativa.