Columna de Jaime Mañalich: Viejos; pero útiles

Chile es el segundo país de América con mayor esperanza de vida, detrás de Canadá. En 2023, un chileno recién nacido podía esperar vivir en promedio 81,2 años. Es una historia de éxito sanitario: menos mortalidad infantil, control de enfermedades infecciosas, más acceso a agua potable y un gasto en salud pública que cuadruplica al de varios vecinos regionales.

Pero hay una segunda cifra que cambia la lectura del “éxito”: medir no solo cuántos años vivimos, sino cuántos de esos años vivimos sin enfermedades graves ni discapacidad. Según datos de la OMS, la expectativa de vida saludable en Chile está en 67 años. Es decir, entre la vida saludable y la vida total hay una brecha de 13 a 14 años vividos con alguna condición crónica, dolor, limitación funcional o dependencia.

Esta brecha adquiere un carácter urgente por la velocidad de nuestro envejecimiento poblacional. Según el INE las personas de 60 años y más pasaron de representar el 9,5% de la población en 1992 a 18,1% en 2022, y se proyecta que lleguen al 32,1% en 2050. Se envejece rápido, sin haber resuelto cómo sostener económica y socialmente esos años adicionales de vida.

Es tentador tratar la salud de las personas mayores solo como un asunto médico o de bienestar individual; pero la brecha entre vida total y vida saludable tiene un correlato económico. La razón de dependencia demográfica —personas “pasivas” por cada 100 “activas”— viene en ascenso. Si esos años adicionales de vida se viven con buena salud, el resultado es una fuerza laboral experimentada que puede permanecer activa más tiempo, aliviando la presión sobre pensiones y sistemas de cuidado. Si, en cambio, se viven con enfermedad crónica no controlada como diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares, el resultado es lo opuesto: mayor gasto en salud, más cuidadores familiares (típicamente mujeres) que abandonan o reducen su participación laboral, y una economía que financia años de dependencia.

La pregunta relevante para Chile no es solo “¿cuántos años más viviremos?”, sino “¿en qué condiciones llegaremos a esos años, y qué tan preparado está el país para sostenerlos?”. Cerrar la brecha entre vida y vida saludable no depende de un solo actor, pero sí hay líneas de acción con evidencia consistente detrás. Políticas con demostrada eficacia como prevenir antes que tratar para enfrentar las enfermedades no transmisibles que más recortan años de vida saludable mediante actividad física regular, alimentación adecuada y control temprano de factores de riesgo. Salud mental y conexión social juegan un rol crucial. El aislamiento no es un problema anecdótico: está asociado a deterioro cognitivo acelerado y mayor mortalidad. Rediseñar el trabajo para adaptar los empleos, los horarios y las trayectorias profesionales para seguir siendo productivo después de los 65. Detección temprana y atención primaria robusta. Buena parte de la brecha se explica por enfermedades crónicas diagnosticadas tarde. Fortalecer la atención primaria, con controles preventivos accesibles y sin listas de espera eternas, es más eficiente que la alta complejidad hospitalaria tardía.

Chile puede seguir celebrando su lugar entre los países de mayor esperanza de vida de la región. Pero el indicador que debería ocupar más espacio en la conversación no es cuántos años vivimos, sino cuántos de esos años vivimos con salud, autonomía y capacidad de aportar. Envejecer no debería ser sinónimo de declive inevitable ni de carga fiscal: puede ser, si el país se lo propone, una etapa productiva, distinta pero no menor. La diferencia entre ambos futuros se decide hoy, en las políticas de prevención, en el diseño del trabajo y en cómo cuidamos —literalmente— el tiempo que ya ganamos.