Caso Sartor: abogado querellante acusa uso de sociedades de papel y estructura en Islas Caimán

Este martes inició la cuarta jornada de formalización por el caso Sartor. En la audiencia, el abogado querellante que representa al liquidador Toesca, Sergio Rodríguez, expuso ante el tribunal el mecanismo a través del cual los ejecutivos de la administradora general de fondos ocultaron durante años desvíos de recursos de fondos de terceros hacia supuestas inversiones inmobiliarias, controladas por Pedro Pablo Larraín Mery. 

El primer antecedente que exhibió fue sociedades inmobiliarias “jamás tuvieron un proyecto real detrás. Hay proyectos inmobiliarios ecosustentables 1, 2 y 3, que no existían”, afirmó el querellante, explicando que registrar una inversión como inmobiliaria mejora la calificación contable de un fondo frente a declarar simplemente un pagaré contra una sociedad relacionada. 

“Yo invierto en una inmobiliaria, inmobiliaria que era de papel, no había ni un proyecto inmobiliario detrás, pero en mi estado financiero parecía muy bonito. Tengo US$2 millones metidos en una inmobiliaria. Eso es lo que en el fondo hacían en Sartor todos los días”, señaló Rodríguez.  

El segundo eje de la acusación fue el uso de una estructura de negocios en las Islas Caimán para diluir el rastro del dinero. La Sociedad de Asesoría de Inversiones Cerro el Plomo (Cepsa), que recibió cerca de US$25 millones desde los fondos públicos de terceros Táctico Internacional, Proyección Leasing y Táctico entre julio y septiembre de 2023, entregó a cambio solo pagarés.

“Estos dineros que llegaron a los fondos públicos entre julio y septiembre del año 2023 se transformaron en pagarés. Y estos pagarés fueron aportados a un fondo en las Islas Caimán, Sartor Fund SPC, un vehículo constituido en ese lugar”, explicó. 

Según el querellante, ese cambio de administrador fue solo de fachada. Citó la declaración de un exejecutivo de Sartor, Alfredo Harz, que detalló que “en realidad al final era Sartor el que controlaba las decisiones” del fondo caimanés, y agregó: “Simplemente ellos tienen como el back office en la isla Caimán, pero las decisiones las toma el dueño, y el dueño era en este caso Sartor”.

El resultado de ambos mecanismos, planteó el abogado, fue que el “el dinero cruza desde el lado del aporte hacia Cepsa y lo que devuelve son pagarés, pero no vuelve el equity, solamente me quedo con la deuda, porque soy acreedor”. 

Esa deuda quedó en manos de los fondos públicos (fondos de inversión y fondos mutuos), mientras la propiedad real del proyecto inmobiliario One River Point recayó en Downtown Investment LLC, sociedad constituida en Delaware y controlada por Pedro Pablo Larraín. Según el abogado, “los fondos no son accionistas, no son dueños, no tienen derecho sobre esa sociedad”.

El OK de los US$20 millones

El querellante también apuntó a la informalidad con la que se realizaban las operaciones y exhibió el correo electrónico con que se autorizó una prórroga de pagarés por US$20 millones a favor de la sociedad de Larraín Mery, sin sesión de directorio ni comité de riesgos, respondiendo únicamente con un “OK, OK, OK”, por parte de los ejecutivos involucrados. 

“Es muy fácil dar un OK cuando a mi empresa, en que yo soy quien controla y maneja y soy el manager, en definitiva el propietario de One River Point, me están entregando US$20 millones”, sostuvo.

Los hechos presentados por Rodríguez corresponden al alegato de la parte querellante durante la audiencia por el caso Sartor. En la jornada también intervino Juan Domingo Acosta (Acosta & Cía.), en representación de Credicorp Capital, uno de los inversionistas afectados tras depositar recursos en fondos administrados por la gestora. A su vez, Matías Balmaceda y Francisco Javier Cox expusieron en nombre de Ameris Capital, liquidador del Fondo Táctico Perú.