Sin dios ni ley: la acusación contra un socio de Sartor por despojar a sus sobrinos menores de edad de una herencia millonaria

“A diferencia del resto de las víctimas del caso, los hermanos Gómez nunca invirtieron en un fondo de Sartor”. Así lo planteó el abogado querellante en representación de Sergio Gómez S.A. e Inversiones HG Limitada, Juan Enrique Urrutia. “Son víctimas de la génesis de esta causa, de la génesis de lo que se conoce como el caso Sartor”. La intervención del litigante se realizó durante el quinto día de formalización contra 11 directores de este conglomerado financiero articulados por Pedro Pablo Larraín.

La historia -según relató el abogado- data desde 2007, cuando muere el padre de sus representados, Sergio Gómez Domínguez. “Hasta esa fecha, con mucho esfuerzo había logrado construir un patrimonio importante y se lo dejó a sus hijos”, precisó. Dos años después, la madre de ambos hermanos (menores de edad) pidió ayuda para administrar el capital a su primo Sergio Yáñez Astete, hoy imputado en la causa. 

“El primer paso de esta estafa lo voy a denominar como la captación de la confianza que es el momento en que Yáñez entra a administrar el dinero de su familia”, inició Urrutia el relato ante la jueza Paulina Montoya del 4° juzgado de garantía.

El primer paso: Inverges 

En 2010, Yáñez les propuso crear un negocio de factoring. De esta forma, se constituyó Inversión y Gestión de Negocios S.A. (Inverges), controlada en un 40% por la sociedad de los hermanos Gómez, un 40% por la sociedad Santa Teresa -propiedad de Yáñez- y un 20% por un tercero. A esa sociedad, los hermanos -en ese entonces menores de edad- aportaron $3.000 millones. Bajo Inverges se creó luego Emprender Capital (E-Capital), la operadora del negocio.

Yáñez asumió el control total de la administración en 2018. Un año después, ante la falta de información sobre el destino de la inversión, la familia encargó un peritaje a Paola Quijada. Durante la investigación “se detectó una práctica sistemática de renegociación de cartera, denominada internamente como el ‘vigenteo’, que consiste en cancelar operaciones de factoring, dando de alta operaciones nuevas sin recuperación efectiva para mostrar mayores ingresos y menor morosidad, para alterar la apariencia de los estados financieros de esta sociedad”. 

El informe identificó más de 250 operaciones por $35 mil millones con un solo cliente, 11 cheques en blanco firmados por ese mismo cliente y operaciones por $28 mil millones respaldados en un solo contrato sin sustento legal, junto con giros millonarios hacia sociedades controladas por Yáñez. 

La entrada de Danke y Sartor 

Tras el descubrimiento de los hermanos Gómez y una posterior confrontación, Yáñez ofreció en marzo de 2019 un Memorandum of Understanding o Memorando de Entendimiento (MOU), acuerdo preliminar y no vinculante que establece las bases de una futura negociación. 

De esta forma, los hermanos cedieron el 100% de sus acciones en Inverges a cambio de un reconocimiento de deuda por $3.000 millones y un crédito adicional, pagaderos a fines de 2021. La deuda, sostuvo el abogado querellante, “por supuesto, nunca se pagó” y ante los reclamos, la respuesta de Yáñez fue siempre prorrogar y pedir más plazo. 

El siguiente paso fue derivar a la familia hacia Danke, sociedad representada por los hermanos Larraín Mery. Según relató el litigante, Yáñez les asegura que “para la tranquilidad de ustedes los señores Larraín están detrás de Sartor, que es un grupo con prestigio. Hay muchas instituciones y gente que está invirtiendo ahí, así que la inversión va a estar siempre en buenas manos”. 

Pero esta garantía no se cumplió. En mayo de 2024 se valorizó el 18,48% de las acciones de E-Capital en manos de los hermanos Gómez en unos $2.000 millones, cifra que implicaba que el 69,7% restante -en poder de Danke- debía valer cerca de $17 mil millones. Tres meses después, Danke vendió el 100% de esa participación por apenas un millón de pesos.

Durante los días 23 y 24 de mayo de 2024, los hermanos Gómez cedieron sus créditos contra la sociedad de Yáñez a Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery a cambio de un pagaré que se firmaría el mismo día en la notaría. 

De acuerdo a la intervención del abogado Urrutia, al momento de suscribir el acuerdo, los hermanos Larraín simplemente “se van de la notaría y no lo suscriben”. En consecuencia de estas operaciones, “mis representados se quedan sin el patrimonio de los $3 mil millones, ceden el crédito que tenían ellos a través de un pagaré, a cambio, de un paquete de acciones sobre ECapital, que en ese momento estaba absolutamente desvalorizada y valía un millón de pesos”, puntualiza. 

El abogado descartó los argumentos de la defensa de Yáñez y pidió prisión preventiva, alegando riesgo para la sociedad y actos de ocultamiento patrimonial, incluida la venta de un bien raíz de su sociedad Santa Teresa a una hija suya durante 2024.