Abogada logra frenar cobro administrativo del CAE por parte de Tesorería: “Es un precedente importante para la gente que se encuentra en la misma situación”

Desde que la Tesorería General de la República inició el proceso de cobro de las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) a inicios de abril, afectados por esta situación han iniciado una serie de procesos judiciales para intentar frenar los cobros, especialmente los que se realizan de forma administrativa, que permiten al organismo retener cuentas de bancos y generar embargos.

En ese escenario, estudios de abogados han comenzado a dedicarse a atender causas de este estilo, como un proceso aparentemente nuevo dentro de la jurisprudencia.

Las abogadas Daniela Riquelme y Florencia Pinto son parte de este grupo, y advierten que ha sido un complicado escenario. De todas formas, esta semana lograron su primer fallo a favor, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena acogiera un recurso de protección presentado por ellas en defensa de un ciudadano a quien Tesorería le cobró una deuda por dos caminos: una vía civil y otra administrativa. Ahora, el Tribunal decretó ilegal el cobro vía administrativa, y detuvo la acción de la TGR.

“Este fallo es innovador en ese sentido, que es un precedente importante para la gente que se encuentra en la misma situación que este recurrente, en el sentido de que instala la argumentación sobre la doble vía. Es decir, que la Tesorería no te puede cobrar una deuda simultáneamente a través de la vía civil y de la vía administrativa”, explica Riquelme.

El primer paso ante los embargos de Tesorería

Respecto al caso de La Serena, en que lograron frenar el cobro vía administrativa, Daniela Riquelme sostiene que se trata de un paso importante.

“Es interesante en el sentido de que esta persona tenía una causa civil vigente, avanzada por la Tesorería. Que significa que la Tesorería ya había elegido una vía para cobrar a esta persona, que era la vía civil. A través de un juicio, con todas las reglas y garantías que tienen estos procesos y que no existen a través del cobro administrativo, que podríamos señalar que es expedito. Podemos caracterizarlo incluso como un proceso de cobro bastante más abusivo que los cobros que se realizan a través de la vía civil“, señala.

En este caso, dice que “lo que señala la Corte es que no puede cobrar por dos vías. No puede cobrar por la vía civil y a la vez cobrar por la vía administrativa. Entonces, lo que concluye es que el procedimiento de cobro que inicia la Tesorería a través de la vía administrativa constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera las garantías constitucionales de el recurrente“.

Riquelme explica que mediante la vía administrativa, la Tesorería tiene varias facultades para el cobro del CAE. Lo más simple es a través de impuestos y dinero, porque mediante oficios, los bancos pueden retener los montos de las cuentas. Esto hace que sean más expeditos los cobros.

Por otro lado, por la vía civil existe un proceso que es más largo. “Existen muchas más excepciones con las que los deudores, los demandados pueden defenderse. El cobro ejecutivo administrativo es mucho más rápido, tiene apenas tres excepciones. Entonces, en ese sentido, la exposición que tiene un deudor que está siendo ejecutado por la vía administrativa es mucho mayor a la que tiene en un juicio civil”, explica.

Las dificultades de la defensa ante los cobros del CAE

Desde abril, las abogadas socias han iniciado una serie de procedimientos por causas similares. De todas formas, explica Daniela Riquelme, cada causa en cuanto a los cobros del CAE son muy variadas.

“Hay diversas hipótesis, diversos escenarios en lo que se en los que se encuentran los deudores del CAE. Hay algunos que tienen una causa civil vigente, iniciada, notificada, hay otros en los que no existe una causa civil, hay algunos que están embargados administrativamente, otros que no. Entonces no hay una respuesta para todas las personas”, comenta.

Respecto a las casos que representan, explica que “todo este proceso ha sido nuevo. A diferencia de otras materias, no tenemos años de jurisprudencia. Hay jurisprudencia en torno a si el cobro tributario procede para ciertos tipos de obligaciones, pero en todo lo que hizo relación con el CAE es una cuestión que se inventó en abril. Entonces, estos procesos están en desarrollo”.

Así, para ella y su socia se ha significado un desafío profesional. Pero, al mismo tiempo, manifiesta que es una causa que les motiva. “Si nos situamos, la gran mayoría de esta gente son personas que tuvieron que endeudarse para poder estudiar. (…) Ha sido motivador para nosotras como estudio jurídico dar esta batalla respecto a lo que tenemos en la profunda convicción de que es injusto. Y no estoy hablando solo de una convicción emocional o moral, estamos hablando de una convicción jurídica de que esta no es la vía técnicamente correcta para que la Tesorería cobre este tipo de deuda”.