Hasta 20 años de cárcel: las graves penas que podría arriesgar Camilo Huerta por investigación de red de tráfico en dispensarios de cannabis

Ayer, 13 de agosto, la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros realizaron un amplio operativo contra una red vinculada a dispensarios de cannabis en la que Camilo Huerta estaría involucrado. La investigación sostiene que estos establecimientos habrían utilizado la figura de los “dispensarios medicinales” para aparentar una actividad legal, pero que, en la práctica, formarían parte de una estructura organizada dedicada a la comercialización ilegal de marihuana.

Durante el procedimiento se ejecutaron órdenes de entrada y registro en más de 40 domicilios distribuidos en nueve regiones del país y existían órdenes de detención contra 39 imputados. Huerta al momento del operativo se encontraba en Estados Unidos, por lo que no pudo ser detenido. Los investigadores esperan que regrese a Chile para ponerlo a disposición del tribunal y, en caso de que no vuelva, eventualmente podría solicitarse una alerta internacional.

Un antecedente previo por drogas

En 2011, Huerta estuvo involucrado en una investigación por drogas que terminó mediante una suspensión condicional del procedimiento y, posteriormente, con el sobreseimiento definitivo de la causa.

Este antecedente volvió a aparecer a propósito de la actual investigación, pero, según explica Cristóbal Contardi, abogado y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, no puede ser considerado como una agravante. Al haberse cumplido el plazo de la suspensión sin que esta fuera revocada, el procedimiento terminó definitivamente y no equivale a una condena previa.

Las penas que podría arriesgar

La investigación que se esta llevando a cabo por la Fiscalía presenta un escenario complejo. Según Contardi, los delitos que se investigan contemplan penas de cárcel elevadas en caso de ser acreditados.

Por tráfico ilícito de estupefacientes, Huerta podría enfrentar penas que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años de presidio, además de multas de entre 40 y 400 UTM. En el caso de la asociación ilícita, las penas pueden ir desde los 5 años y un día hasta los 20 años de cárcel, dependiendo especialmente de la calidad o funciones que haya cumplido el imputado dentro de la organización. El lavado de activos, en tanto, puede ser sancionado con penas que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años de presidio.

La eventual condena dependerá de los delitos que finalmente sean formalizados y acreditados, de la participación que se logre establecer y de las reglas que el tribunal aplique en caso de existir más de un delito.