Columna de Juan Eduardo Saldivia/ Red de Aguas lluvia: la deuda pendiente de nuestra infraestructura urbana

Los distintos sistemas frontales extremos que han afectado al país han dejado en evidencia déficits de infraestructura de diversa naturaleza. Podemos afirmar con certeza que prácticamente todos ellos se deben a que las construccionesdañadas (o desaparecidas) se levantaron bajo normas de antigua data que no se hacían cargo de los efectos del cambio climático y de la nueva realidad de las lluvias que estamos comenzando a vivir.

Uno de los problemas urbanos es la intrusión de las aguas lluvias en las redes de alcantarillado operadas por las empresas sanitarias, lo que colapsa colectores y plantas elevadoras, generando afloramientos de aguas que mezclan aguas lluvias con servidas y producen daño ambiental y ciudadano. Un reciente estudio realizado en cuatro localidades de la Región de Los Lagos demostró que más del 50 % de las aguas lluvias incorporadas a las redes de alcantarillado provenían directamente de infraestructura privada (casas, colegios, comercio). Ello, pese a que está prohibido conectar las aguas lluvias a la red de alcantarillado domiciliario.

En 1996 se dictó la Ley de Drenaje de Aguas Lluvia, pero ella tan solo obliga al Estado a elaborar planes maestros de evacuación; no lo obliga a ejecutar las obras. No obstante, en 30 años se ha avanzado bastante. El Parque Inundable Víctor Jara (más de 10 años de ejecución de obras, en 5 etapas, aún no concluido) es una de las soluciones emblemáticas de Santiago. Otras son el Parque Inundable La Hondonada y la red de colectores de evacuación que se construyeron conjuntamente con las autopistas urbanas concesionadas.

Sin embargo, en regiones y en múltiples zonas de Santiago, la realidad es muy distinta. El lento avance en la concreción de obras de evacuación de aguas lluvias sigue significando que los colectores de aguas servidas colapsen, como siempre, con todo el daño que ello implica. Hace ya mucho tiempo propuse —dadas las sinergias implícitas— que al menos parte de las inversiones destinadas a evitar que las ciudades colapsen sean asumidas por las empresas sanitarias y debidamente tarificadas.

Esto es aún más urgente en aquellas localidades donde la descarga de aguas lluvias mezcladas con servidas llega a lagos sin recibir ningún tratamiento. Es posible, las empresas tienen la expertise, no es caro y resolvería un problema que arrastramos por años y que, sin duda, puede agravarse con el nuevo contexto climático.