Apertura del Gobierno a hacer cambios en reforma constitucional en seguridad no convence a votos clave del Senado

Reuniones con parlamentarios de la UDI y RN concretó este jueves en el Ministerio de Seguridad el titular de la cartera, Martín Arrau (Partido Republicano), luego de que el Gobierno notara que no estaban los ánimos en el Congreso Nacional para apoyar íntegramente la reforma constitucional en la materia que propuso el Presidente José Antonio Kast.

En los partidos, que reclamaron la falta de “trabajo prelegislativo” —esto es la socialización del proyecto por parte del Ejecutivo con el resto de integrantes del oficialismo—, resintieron ampliamente la propuesta que Arrau puso sobre la mesa y que considera ocho modificaciones constitucionales.

Si bien hubo puntos de menor conflicto, como el que se instaurara la seguridad pública como un derecho que el Estado debe garantizar para sus ciudadanos, cuestiones como el nuevo estado de excepción que se propuso, el que podría decretar unilateralmente por el Presidente de la República con una duración de 120 días prorrogables por voluntad propia del mandatario y que conlleva el límite a la libertad de tránsito, reunión e incluso interceptaciones telefónicas, terminó por quebrar al grupo de senadores que había votado a favor del Gobierno en estos poco más de cinco meses de gestión.

Por ejemplo, de los 26 votos base con los que La Moneda contó para el proyecto de Reconstrucción Nacional, los senadores Matías Walker (ex Demócratas, hoy asociado a Evópoli) y Vanessa Kaiser (PNL) ya señalaron de plano que no apoyarían la reforma constitucional ni siquiera en su idea de legislar. Lo propio con el senador Ignacio Urrutia (Partido Republicano), quien ha solicitado junto a Kaiser que se indulte a exuniformados vinculados a causas del estallido social antes que avanzar en la agenda de seguridad.

A ellos se ha sumado la duda que se ha generado en torno al voto de Miguel Ángel Calisto, lo que continuaría alejando al Gobierno de los 29 votos que necesita en el Senado —cuatro séptimos, dado que se trata de un proyecto que realiza cambios a la Constitución— para aprobar la primera etapa de su proyecto.

A eso respondió la activación que ayer realizó La Moneda y que espera continuar su despliegue la próxima semana. De hecho, el lunes el ministro Segpres agendó una reunión con los presidentes de los partidos que apoyan al oficialismo para recoger cambios y tratar de aunar al sector con las propuestas del Ejecutivo.

De todos modos, el Gobierno requeriría conseguir el apoyo de parlamentarios de oposición o lograr que senadores independientes, como Karim Bianchi o Alejandro Kusanovic, den su visto bueno a la iniciativa.

El portazo de Walker al Gobierno

No obstante, las acciones de La Moneda y su muestra de apertura parecieran no ser suficientes.

Al menos eso manifestó esta mañana el senador Walker. El parlamentario por Coquimbo señaló de plano “lo más razonable es retirar el proyecto de reforma constitucional y concentrarnos en lo que nos une: una agenda efectiva de seguridad“.

“Las escuchas telefónicas contra el crimen organizado ya están en las leyes que aprobamos. No tienen sentido las interceptaciones indiscriminadas contra todos los ciudadanos, incluyendo periodistas”, afirmó en una publicación en X.

En Radio Duna, más temprano, el senador insistió en el mismo punto. En ese sentido, cuestionó lo que consideró el Gobierno en cuanto a interceptaciones telefónicas: “Eso ya está en la ley contra el crimen organizado del año 2024, también permite quitarle al crimen organizado sus propiedades, sus bienes, se permiten escuchas telefónicas, pero focalizadas en el crimen organizado, no en todos los ciudadanos“.

“La locura de esta propuesta es que permite una escucha indiscriminada, por ejemplo, a los periodistas. Necesitamos que esas herramientas se ejerzan sobre el crimen organizado y no sobre todos los ciudadanos que tienen que encerrarse en sus casas por 8 meses”, selló.

Ese punto, precisamente, era el que también cuestionó la senadora Kaiser días atrás, y que la llevaron a afirmar que tal legislación era propia de un régimen “totalitario“.

De momento, el Ejecutivo sigue delineando opciones a modificar de su propuesta, ante la conformación del acuerdo Squella-Longton, quienes se sindicaron como quienes recibirían las indicaciones que hubiera sobre la reforma y que ya cuestionaron el estado de excepción propuesto.