Columna de Marco Moreno: Cuando la política llega después

A cuatro días de ingresar la reforma constitucional en seguridad, La Moneda ya está disponible para modificarla. Claudio Alvarado debió intervenir, comenzaron las conversaciones con los partidos oficialistas y algunas de las disposiciones que habían provocado reparos entraron nuevamente en discusión. Podría tratarse simplemente de los ajustes normales de cualquier proyecto. El problema es que el episodio se parece demasiado a otros como para considerarlo una excepción.

Hay un patrón que empieza a reconocerse en la forma en que el Gobierno de José Antonio Kast construye algunas de sus decisiones. Primero ocupa la agenda, luego aparecen las reacciones y finalmente comienza un procesamiento político que, en otras administraciones, habría ocurrido en buena medida antes de ingresar el proyecto al Congreso.

No es exactamente ausencia de política. Es política que llega después.

La reforma de seguridad permite observar bien este mecanismo. El Ministerio de Seguridad trabajó los contenidos, desde el Segundo Piso existía interés por aprovechar el momento abierto después de la megarreforma y la comunicación gubernamental instaló con fuerza que “la mano ha cambiado”. Sin embargo, Segpres, que debía transformar esa iniciativa en viabilidad parlamentaria, no tuvo el protagonismo que cabría esperar en una reforma que necesita cuatro séptimos.

Ahí aparece un problema que La Moneda arrastra desde hace meses. El Gobierno funciona por momentos en silos. Los ministerios sectoriales empujan sus prioridades, Hacienda mira las restricciones, comunicaciones busca la oportunidad y Segpres cuenta los votos. Cada uno puede estar haciendo razonablemente bien su trabajo y, aun así, el resultado producir descoordinación. Lo que falla son las conexiones entre esas piezas antes de que una decisión se vuelva pública.

Los borradores han terminado cumpliendo parte de esa función. Con la megarreforma ocurrió y con la ACOT volvió a suceder. Versiones todavía abiertas circulan, los partidos reaccionan, aparecen líneas rojas y el Gobierno obtiene información para ajustar la propuesta. Es una forma de prelegislación pública que puede resultar útil en un Congreso fragmentado. Tiene un costo: La Moneda aprende frente a todos aquello que antes los gobiernos intentaban averiguar mediante conversaciones políticas previas.

La dificultad no está solamente en el procedimiento. También parece haber una determinada lectura del poder. Kast ha mostrado inclinación por gobernar desde aquellos asuntos donde posee ventaja. Seguridad es el caso más evidente. Allí puede fijar la agenda, tomar la iniciativa y obligar a sus adversarios a pronunciarse dentro de un terreno favorable. Cuando el Presidente plantea que los parlamentarios deberán explicar si quieren “más o menos seguridad”, está haciendo precisamente eso: definiendo los términos dentro de los cuales espera que se produzca la discusión.

Esa estrategia puede funcionar para ordenar la conversación pública. Es bastante menos segura cuando se necesitan cuatro séptimos.

La ventaja temática no elimina las diferencias sobre los instrumentos. Republicanos, libertarios y Chile Vamos pueden compartir la prioridad de combatir el crimen organizado y discrepar sobre estados de excepción, interceptaciones o controles institucionales. La Moneda parece haber confundido por momentos el acuerdo sobre el problema con un acuerdo sobre las soluciones. Esa es una forma de ceguera situacional particularmente costosa cuando los votos propios no alcanzan.

Por eso el ruido oficialista adquiere ahora otro significado. Una recriminación interna o un aliado que se entera tarde ya no constituyen únicamente una mala noticia para el Gobierno. Reducen el espacio desde el cual debe salir a buscar los votos que le faltan.

Hay, además, un desfase de velocidades. Cancerbero mostró una administración muy eficaz para producir imágenes de autoridad, control y capacidad estatal. La iniciativa presidencial y la comunicación se mueven rápido. La construcción política necesita otro tiempo: conversar, anticipar vetos, incorporar preferencias ajenas y ceder. El problema aparece cuando la primera velocidad obliga después a las demás a alcanzarla.

Eso es lo que parece estar haciendo Alvarado. Su intervención puede destrabar la reforma y ordenar las conversaciones con los partidos. Pero resulta revelador que Interior tenga que reconstruir, después del ingreso del proyecto, la coordinación política que este necesitaba antes.

Tal vez allí haya un rasgo más profundo del estilo gubernamental de Kast. La Moneda privilegia la iniciativa sobre el procesamiento. Ocupa rápidamente el espacio político y luego termina de construir las condiciones necesarias para sostener lo que puso en movimiento.

Hasta ahora esa fórmula le ha permitido conservar capacidad de agenda y obtener victorias importantes. La reforma constitucional introduce una prueba distinta. Con cuatro séptimos, llegar primero importa menos que llegar con los votos.

Y para eso la política no puede llegar después.