Mariana Aylwin se defiende tras aparecer vinculada a Fernando Cerimedo: “Jamás he hecho una campaña que desprestigie a alguien”

El 23 de septiembre fue el día en el que el Servicio Electoral (Servel) respondió y envió el oficio requerido por los diputados Juan Santana (PS), Nathalie Castillo (PC) y Jaime Bassa (Frente Amplio) en el que solicitaron una fiscalización de los alcances en Chile de Fernando Cerimedo, el cuestionado estratega político argentino, detenido en Bolivia recientemente acusado de los presuntos delitos de femicidio frustrado y de enriquecimiento ilícito.

Cuando la policía boliviana requisó las pertenencias de Cerimedo dio cuenta de que el exasesor digital de las campañas presidenciales de Javier Milei (Argentina) y Rodrigo Paz (Bolivia) contaba con “granjas de bots”.

Estas servían, según identifican algunos, para fortalecer la estrategia de “campañas negativas” que ofrecía como consultor, las que consistían en la difusión de información perjudicial en redes sociales de los candidatos contendores de su cliente en una elección. Así, los perfiles falsos ayudaban a la viralización de los contenidos compartidos en las plataformas.

Dado ese antecedente, desde el Congreso chileno comenzaron a oficiar a instituciones públicas, como al propio Servel, —además de a la Presidencia de la República y a la Secretaría General de Gobierno—, con el fin de conocer los posibles vínculos que pudiera tener Cerimedo en Chile.

Estos fueron despejados, al menos, por el ente electoral, que cuenta con una plataforma de registro de contratos de personas naturales o jurídicas que hayan sido requeridas para procesos electorales.

En el escrito de 22 páginas con la firma de Raúl García Aspillaga, director del Servel al que obtuvo acceso The Clinic, el organismo señala que Fernando Cerimedo no aparece como proveedor o prestador de servicios, ni como asesor ni receptor de pagos en ninguna de las rendiciones de cuentas presentadas ante el Servel entre 2020 y 2025.

Es decir, el nombre de Cerimedo no figura como requerido por contrato ni en las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales, convencionales, consejeros o en los plebiscitos constitucionales de ese período.

Sin embargo, su empresa, Numen SpA —la misma que diseñó unas encuestas ampliamente cuestionadas sobre el plebiscito de entrada de 2020—, sí figura en los registros del Servel.

De acuerdo a lo señalado en el documento, esta fue requerida para la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021 por parte de tres candidaturas: Mariana Aylwin, Tomás Recart y María de los Ángeles López.

Aylwin y Recart eran representantes de la lista Independientes con Chile. López, en tanto, participó de esa elección en cupo del Partido Republicano. Posteriormente fue integrante del Consejo Constitucional.

El Servel señaló que el monto total recibido por Numen SpA como pago fue de $25.768.174 millones. Según una glosa con la que el organismo acompañó la información, Aylwin contrató cuatro servicios distintos de Numen: “Servicios profesionales”, “asesoría”, “mail” y “asesorías”. En esas prestaciones la entonces candidata desembolsó cerca de $15,6 millones.

En tanto, Recart solicitó una “asesoría profesional publicidad campaña”, que costó $4,1 millones, mientras que López contrató una “asesoría profesional” por $5,9 millones.

Todos los gastos fueron acreditados por el Servel y algunos, incluso, fueron reembolsados como gastos de campaña.

Las aprensiones del Servel sobre la revisión de gastos electorales

En el oficio, el ente electoral también señala que existen una especie de “vacío normativo” en lo relativo a las noticias falsas y bots, puesto que el órgano con la legislación vigente de partidos políticos (19.884 y 18.700), solo regulan gastos, la oportunidad de estos y la contratación de propaganda, pero —sostienen— no está tipificada la difusión de desinformación ni el uso de cuentas automatizadas o bots como infracciones.

De todos modos, el Servel señaló que entre 2021 y 2026 se han ingresado 321 denuncias o reclamos vinculados a desinformación, cuentas falsas o manipulación digital. 269 fueron archivadas por falta de competencia o mérito, mientras que 20 se derivaron en procedimientos administrativos sancionatorios.

Por otro lado, también se sostuvo que no se podía acreditar la contratación de empresas extranjeras, pues el Servel señaló que el sistema actual se diseñó para la declaración de sujetos o intermediarios locales, En ese sentido, pidieron perfeccionar la legislación vigente para una mayor trazabilidad.

La ofensiva de Santana y la respuesta de Aylwin

Por el asunto, el diputado Santana hizo una crítica no solo a quienes contrataron a Numen, sino al episodio en general. “Mariana Aylwin, Tomás Recart y María de los Ángeles López Porfiri le pagaron a la empresa de Cerimedo en Chile, y lo sabemos porque lo declararon. La pregunta es cuántas otras candidaturas habrá que nuestra propia institucionalidad no puede identificar, ni qué servicios se prestaron, ni cuánto se pagó”, sostuvo el parlamentario socialista.

Asimismo, increpó directamente a la exministra de Educación de Ricardo Lagos: “Debe transparentar qué le contrató a Numen, más aún cuando parte de esos gastos se registró para reembolso con recursos públicos”.

Contactada por The Clinic, Aylwin respondió que: “Nosotros (como equipo de campaña) lo contratamos para difusión en redes sociales y hacer un monitoreo de alcances y respuestas a las actividades y mensajes que yo realizaba”.

“Obviamente que jamás he hecho una campaña que desprestigie a alguien. Numen operó como agencia de publicidad“, añadió.