Acuerdo Squella-Longton se aproxima a llegar a puerto tras idea del Gobierno de retirar su polémica reforma constitucional en seguridad

Solo falta que el texto sea revisado por quienes corresponda. Así señalan al interior de la comisión de Constitución del Senado el estado del acuerdo en seguridad que hace más de un mes iniciaron Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, y Andrés Longton, militante de Renovación Nacional (RN), con el fin de reflotar la agenda de seguridad del Ejecutivo en la Cámara Alta.

Tras la presentación de la reforma constitucional del Gobierno en agosto, que consideró ocho modificaciones a la Carta Magna que levantaron serios reparos al interior del propio oficialismo, los senadores acordaron realizar una mesa conjunta en la que se elaborarían indicaciones para añadirlas a la propuesta.

Sin embargo, los planes parecieran haber cambiado —sobre todo tras la muerte del suboficial mayor de Carabineros Christopher Aguilera—, pues desde el mundo parlamentario afirman que en solo cuestión de horas —aunque algunos señalan que sería este miércoles, mientras que otros apuestan por la próxima semana— el Gobierno anunciará el retiro de su polémica reforma constitucional con el fin de que se reemplace por otra propuesta con las sugerencias planteadas en la instancia de Squella y Longton, trabajadas por seis semanas.

Nueva propuesta con tres ejes

En esa línea, desde el entorno de los involucrados afirman que la propuesta se concentró a tres puntos que contenía la reforma constitucional del Gobierno: la identificación de bandas del crimen organizado, la diferenciación del régimen penitenciario y el fortalecimiento del actual estado de emergencia.

Este último punto se elaboró como alternativa al criticado estado de excepción por seguridad pública que el Gobierno de José Antonio Kast propuso en primera instancia. Este podía ser decretado unilateralmente por el líder del Ejecutivo con una duración de 120 días, con la posibilidad de prorrogarlo inmediatamente sin intervención del Congreso Nacional. El mecanismo contemplaba limitar la libertad de tránsito de los habitantes de la zona afectada, así como la interceptación de telecomunicaciones en el área.

Tales asuntos serían morigerados en la propuesta emanada de los senadores, aunque el Gobierno, a través del Presidente y del ministro de Seguridad, Martín Arrau, consideraron la interceptación como un intransable.

Como fuera el caso, actualmente el texto —elaborado por los equipos jurídicos de los senadores Squella y Longton— está siendo revisado minuciosamente por Arrau y, además, por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. De hecho, es a este último a quien se le responsabiliza de haber dado a entender de que el Gobierno retiraría la propuesta constitucional.

Incluso, también se señala que el Gobierno desde hacía días que no tenía problemas en retirar la reforma constitucional y que, incluso, el titular de Seguridad era proclive a que esto se realizara. Hasta ahora, la única señal que había dado Arrau al respecto era de que como Gobierno “no nos enamoramos de la redacción“, lo que era entendido como una apertura a realizar modificaciones al texto, pero no se le daba interpretación como un retiro del proyecto.

El biministro Claudio Alvarado (UDI) fue consultado ayer sobre esa posibilidad, a lo que respondió que era “una de las opciones“.

Convencer a la oposición

En todo caso, no todo se cierra a la opinión que tenga La Moneda.

En la Cámara Alta también tienen presente que al tratarse de una reforma constitucional que necesita 29 votos, se necesita sí o sí sumar adherentes que provengan de la oposición.

En ese sentido, desde la derecha afirman que el texto le fue enviado al senador Pedro Araya (PPD) para su revisión respectiva. El parlamentario es el que preside la comisión de Constitución, instancia clave para la propuesta de la que también forma parte Squella y Longton.

Es Araya quien es visto desde el oficialismo como uno de los votos virtuales que se podría sumar fácilmente a la iniciativa, una vez que sea reingresada.

Asimismo, desde ese sector también afirman haber enviado el borrador a la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, también integrante de la comisión de Constitución y quien, además, guarda interés en temas de seguridad.

La intención desde la derecha es contar con el patrocinio de ambos que sirva como garantía para que los senadores de sus partidos adhieran a la iniciativa.

No obstante, tanto desde el entorno de Araya como en el de Vodanovic dicen que ellos no han recibido ningún escrito para su revisión, como afirman en la derecha. También resaltan que de la discusión se ha “excluido” a la senadora Claudia Pascual (PC).

En el oficialismo señalan que Pascual es difícil que apoye la nueva propuesta y que, si bien podría adherir a algunas ideas, no firmaría el proyecto.