Columna de Danilo Herrera: Cómo muere la democracia (chilena)

“No debería existir”. La frase más honesta sobre la reforma al INDH no salió del gobierno, pero sí de muy cerca. Resonó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, en boca del diputado Enrique Bassaletti, general (r) de Carabineros y jefe del equipo de seguridad del comando de José Antonio Kast. Y no era una opinión personal, porque reconoció que eso es lo que piensa su sector.

El gobierno nunca lo diría así y tampoco hace falta, porque sus proyectos hablan por él. Lo mostró con la reforma constitucional de seguridad, que traía un nuevo estado de excepción de hasta ocho meses de extensión sin autorización del Congreso, con intervención de comunicaciones y límites a la circulación, la reunión y la asociación. 

La oposición se negó, el oficialismo puso condiciones y el Senado terminó escribiendo un texto alternativo, en el que uno de los redactores fue Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, el mismo que la había defendido durante semanas y que, consultado en CNN Chile si habría apoyado ese estado de excepción en manos de un gobierno de izquierda, respondió: “Por supuesto que no”. Ese es el espíritu republicano: los poderes sin control son peligrosos, salvo cuando los tiene uno. Kast había dicho que no retiraría la reforma, y la retiró.

Lo mismo pasó con el registro de vándalos, anunciado con orgullo en la primera Cuenta Pública. La idea era castigar con derechos sociales. Quien entrara al registro, incluso por incivilidades, podía perder la PGU, el subsidio habitacional o la gratuidad, es decir, quitarle la pensión a un adulto mayor por una falta. Hasta que un fallo del Tribunal Constitucional en Escuelas Protegidas declaró inconstitucional sancionar con la pérdida de beneficios sociales, y el gobierno tuvo que recular con indicaciones.

La reforma al INDH ingresó el lunes 19 de octubre con urgencia suma, con un envoltorio que habla de gobernanza, profesionalización y probidad. El ministro Rabat la compara con el Banco Central y el Servel, y todo suena sensato, pero hay que leer la letra chica.

El consejo baja de 11 a 5 integrantes, y las organizaciones de derechos humanos dejan de elegir a sus representantes. Dos consejeros los escoge el Presidente de una nómina y los ratifica el Senado, y otros dos los designa la Cámara, lo que el diputado socialista Raúl Leiva llamó “binominalizar” el INDH. Su domicilio legal queda en Santiago, sin ninguna garantía de que sobrevivan las 16 sedes regionales, y, como ya nos tiene acostumbrados este gobierno, viene con recorte en el presupuesto. La institución, además, pierde la facultad de querellarse en casos de tortura, violencia institucional o trata de personas, y queda con una mera denuncia. Sin sociedad civil, sin regiones, sin recursos y sin querellas. No hace falta cerrar el INDH, basta con volverlo intrascendente.

La guinda de la torta está en los artículos transitorios. Los actuales consejeros se van antes de terminar su período, y el primer consejo lo propone el Presidente Kast, de nuevo plenipotenciario, en una nómina única que el Senado solo puede aprobar o rechazar. Ese consejo nombra al director sin concurso público y rediseña la institución durante dos años.

La comparación con el Banco Central es buena, pero no para el gobierno, porque nadie aceptaría una ley que echara a su consejo para que el Presidente de turno propusiera uno entero nuevo. Si la autonomía vale para la inflación, debería valer también para la defensa de los derechos humanos. La diputada frenteamplista y primera directora del INDH, Lorena Fries, advirtió que con esta reforma Chile podría perder la acreditación internacional que hoy lo ubica entre las instituciones de mayor estándar del mundo.

Levitsky y Ziblatt lo describieron en Cómo mueren las democracias: los gobiernos con vocación autoritaria no parten clausurando el Congreso, sino capturando a los árbitros, ya sean tribunales, fiscalías u órganos autónomos. Se les cambia la composición, se les quitan herramientas y se les recorta el presupuesto, todo legal, todo con urgencia y todo en nombre de la eficiencia, hasta que el poder se fiscaliza cada vez menos.

Así mueren las democracias, también la chilena: no con un golpe militar, sino con reformas que se venden como razonables, una a una. A Kast las primeras se las frenaron. Esperemos que el Congreso no le regale esta.