Rabat desconoce si todos los beneficiados por rebajas de condenas están en libertad: “No me atrevo a dar una respuesta absoluta, lo más probable es que sí”

En entrevista con Estado Nacional este domingo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la crisis que enfrentó su cartera esta semana, las 56 rebajas de condenas concedidas a abusadores y violadores de menores de edad, cometidos antes de que entrara en vigencia la reforma legal de febrero del 2022.

“Indudablemente ha sido una semana compleja, porque estamos frente a dos órdenes de problemas. Unos que son técnico-jurídicos y que muchas veces dar la explicación a esos problemas es dificultoso, pero también estamos con personas que han sido víctimas de delitos gravísimos. Y evidentemente que ellas no van a comprender razones de orden técnico-jurídico”, señaló el secretario de estado.

Con respecto a la libertad de los condenados, Rabat afirmó que “Están ejecutados los 56 decretos. Porque eso opera una vez que la comisión entrega el sobresaliente, se produce una rebaja de la pena, que tiene como consecuencia que la persona sale en libertad con anticipación al tiempo previsto en la sentencia“. Al preguntarle si las 56 personas están en libertad el ministro declaró “No me atrevo a dar una respuesta absoluta, lo más probable es que sí. Porque no he revisado cada uno de los casos, no he alcanzado”.

Sobre la pregunta de si es posible revertir las rebajas de condena, el ministro afirmó que “lo estamos revisando, aquí hay dos vías. Una que se ha planteado ya en una moción parlamentaria, entre otros, de la diputada Ossandón, que hace una modificación en el artículo 19 número 3 donde se regula la libertad personal e incorpora una norma transitoria a la constitución en donde deja sin efecto estas resoluciones de pleno derecho”

“Existe otra opción por la vía administrativa que nosotros estamos estudiando y ampliando que es revocar el acto administrativo respectivo. Estamos estudiando ambas situaciones porque entiendo la necesidad que existe de dejarla sin efecto”, detalló el ministro.

Ante la posibilidad de que algunos de los beneficiarios deban regresar a prisión, el ministro sostuvo que su cartera estudia los mecanismos para concretar esa medida, siempre que encuentre una solución jurídica que lo permita.

Las reflexiones de Rabat

Durante la entrevista, el ministro también respondió a los cuestionamientos sobre su decisión de modificar el criterio que utilizaron las administraciones anteriores para tramitar estas solicitudes.

Rabat defendió su actuación y sostuvo que el Ministerio de Justicia debía considerar los fallos de la Corte Suprema que habían acogido recursos de amparo de personas que buscaban acceder a las rebajas.

“Debo cumplir con la ley. Y como debo cumplir con la ley, lo que vamos a hacer es modificarla. Advertimos hoy un problema y vamos a salir a enfrentarlo”. Ante los cuestionamientos de aprobar estas rebajas de condena —como hicieron otros ministros de Justicia—, Rabat expresó: “No quiero enredar más la controversia con lo que pasó antes. En más de 250 oportunidades, la Corte Suprema le dijo a esos ministros de Justicia que habían privado de libertad a una persona ilegalmente. Si yo no reacciono como ministro frente a ese fallo ejecutoriado de la excelentísima Corte Suprema, creo que estoy en una omisión importante”.

Inicialmente, el ministro había rechazado algunos de los decretos, sin embargo, cuenta que recibió un recurso de amparo y “como abogado litigante me sorprendo, porque entiendo muy claramente la gravedad que implica infringir la Constitución y la ley. Evidentemente a raíz de ese reproche que efectúa el máximo tribunal en centenas de oportunidades es que efectúo un cambio”.

Sin embargo, reconoció que la decisión no incorporó todas las consideraciones políticas: “No me faltó una reflexión humana, porque esa la tengo. Luego de ocurrido los hechos, faltó una mirada política, considerando que muchas veces la técnica jurídica se ve sobrepasada por la política”.

Rabat anunció que el Gobierno presentará este lunes 26 de octubre un proyecto de ley con discusión inmediata que permitirá incorporar la participación de las víctimas, por medio de sus representantes legales, y someter las solicitudes de reducción de condena a revisión judicial.