Oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Fernando Rabat

Una vez finalizado el paro de los camioneros, los diputados de oposición ingresaron este jueves la ya anunciada acusación constitucional contra el ministro de Justicia Fernando Rabat.

La depuesta movilización de los transportistas era motivo de debate dentro de los legisladores de izquierda respecto a la oportunidad política del líbero. Algunos dirigentes planteaban que la presentación de la iniciativa en medio de la paralización podía perder protagonismo, mientras que otros instaban a ingresarla de igual forma. 

La acusación constitucional contra Rabat fue impulsada luego que firmara los decretos que rebajó las penas a condenados por delitos sexuales contra menores. “La acusación se funda en la causal de infracción de la Constitución y tiene tres capítulos: las rebajas de condena a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, las rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad y la información inexacta e incompleta que entregó al Congreso para justiciarla”, señaló una minuta.

Para los legisladores opositores, Rabat incurrió en un abandono al “criterio que el Ministerio de Justicia sostuvo en dos administraciones, sin media cambio legal ni orden judicial que lo obligara”.

También acusan que “resolvió a favor del condenado sin considerar a las víctimas, infringiendo la ley”.

Por último “atribuyó la decisión a otros. A las comisiones, a la Corte Suprema, a la ley, al Congreso y al Gobierno anterior”.

“Las víctimas nunca fueron consideradas. Ningún decreto pondera el interés de los niños y niñas agredidos ni los derechos de las familias de los detenidos desaparecidos. Nadie les avisó y el propio ministro reconoció que no existen mecanismos para ello. Hasta ahora, no se conocen medidas de resguardos o reparación de las víctimas”.

Infracciones que acusa la oposición a Rabat

A juicio de los diputados opositores, en el caso del primer capítulo acusatorio, el ministro Rabat incurrió en una serie de infracciones. La primera es que concedió beneficios que la ley prohíbe, que desatendido el interés superior del niño, cometió abuso de poder, se abocó a causas pendientes por parte de los tribunales e infringió la ley por omisión.

“Las víctimas no fueron consideradas ni avisadas, a pesar de que la norma que se dejó de aplicar existe precisamente para su protección, y fue impulsada de manera transversal y aplicada por gobiernos de signo distinto. No fue un caso aislado: fueron más de 500 decretos con la misma fórmula durante cuatro meses, firmados por el ministro o los subsecretarios bajo su criterio“.

En el caso de la segundo capítulo, el ministro Rabat habría omitido el estatuto que la Constitución lo obliga a aplicar, concedió beneficios sin ponderación, se apartó sin explicación del criterio aplicado por el ministerio y no considero a las víctimas.

“Tenía la competencia para hacerlo: la ley le encarga otorgar o rechazar el beneficio, su ley orgánica le encarga revisar la normativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y su ministerio rechazó estas rebajas en 2025”.

Por último, en el tercer capitulo lo acusan de faltar al principio de la probidad, faltar a la lealtad con la Cámara Baja y de no informar correctamente al Congreso.

“Lo que dijo al órgano que lo fiscaliza, en sesiones transmitidas por televisión, y algunos parlamentarios difundieron el decreto 2025 como si la víctima fuera una niña. Sabía que no eran casos comparables, porque su ministerio litigó esos amparos y el decreto estaba en sus archivos. No corrigió ni rectificó la información”.

Asimismo, habría desatendido el interés superior del niño: “El artículo 5° inciso segundo de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.421, el Ejecutivo de la época aseguro que la exclusión regía para todos quienes postularan desde su entrada en vigor. Así se aplicó sin interrupción hasta el cambio de criterio”.