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17 de Noviembre de 2026

Contraloría detecta que más de 300 personas trabajan en el Estado pese a mantener condenas vigentes: Carabineros lidera listado con 84 funcionarios

109 empleados públicos se desempeñan en instituciones ligadas a la seguridad, 83 en el Código el Trabajo, 41 auxiliares, 31 profesionales, 22 honorarios, 13 técnicos, 10 administrativos, cinco directivos y uno sin información disponible. El órgano contralor mandató a cada institución realizar una investigación para determinar eventuales responsabilidades.

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La Contraloría General de la República emitió un informe dando cuenta de que más de 300 funcionarios que trabajan en el Estado tienen condenas por crímenes o simples delitos, incumpliendo la prohibición expresa de ejercer un cargo público.

A partir de un cruce de datos del Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado se advirtió la existencia de 315 funcionarios y servidores públicos asociados a 317 condenas.

De ellos 149 trabajan para el gobierno local y 166 en el gobierno central.

Asimismo, 109 se desempeñan en instituciones ligadas a la seguridad pública, 83 en el Código el Trabajo, 41 auxiliares, 31 profesionales, 22 honorarios, 13 técnicos, 10 administrativos, cinco directivos y uno sin información disponible.

Carabineros lidera listado de Contraloría

En el detalle entregado por Contraloría, la institución pública que más funcionarios condenados mantienen en sus filas es Carabineros con 84; seguido del Ejercito de Chile con 22, la Armada de Chile con ocho, la Municipalidad de Valdivia con seis, la Fuerza Aérea con cinco, las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt con cuatro; y la Municipalidad de Tocopilla con tres.

“Respecto a la gravedad de los delitos, 73 personas fueron condenadas por crímenes y 244 por simples delitos. De este último, se desprende que dos funcionarios registraron más de una condena”, señaló Contraloría.

Ante estos hallazgos, el órgano contralor mandató a las instituciones iniciar las investigaciones pertinentes para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar condenas al jefe de servicio.

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