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Las casas del horror en Santiago: cómo bandas criminales se apoderan de antiguas propiedades para convertirlas en centros de secuestro y tortura

El hallazgo de tres cadáveres enterrados bajo el piso de una vivienda del barrio Yungay volvió a poner el foco sobre una modalidad delictiva que la PDI ha identificado en distintos sectores de la capital. Se trata de organizaciones que toman el control de inmuebles, algunos pertenecientes a propietarios de avanzada edad, para utilizarlos como centros de cautiverio, venta de drogas y otras actividades ilícitas. En lo que va del año, los investigadores han descubierto casos en Quinta Normal, Estación Central y Santiago Centro.

Por Por Marcelo Silva y Sebastián Palma 20 de Noviembre de 2026
Sandro Baeza
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La casa de General Bulnes 862, en el barrio Yungay, tiene una fachada roja desgastada y una arquitectura tradicional de las antiguas propiedades del centro de Santiago. Una casa tradicional chilena. Durante años fue una vivienda más del sector. Sin embargo, cuando los detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron a excavar bajo su piso, encontraron tres cadáveres enterrados en dos habitaciones.

En una había un cuerpo. En la otra, dos, uno debajo del otro y con una distancia de solo un metro.

El descubrimiento permitió conocer parte de lo que presuntamente ocurría dentro de la propiedad. Pero también dejó al descubierto un fenómeno que los investigadores han comenzado a identificar en distintos puntos de la capital: la utilización de antiguas viviendas como centros clandestinos de cautiverio, tortura y operaciones vinculadas al crimen organizado.

La historia de General Bulnes comenzó mucho antes de las excavaciones.

Su propietario es el exrector de la Universidad de Chile Luis Riveros la adquirió en 1993, pero en junio de 2025 presentó una querella por usurpación no violenta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En el documento sostuvo que personas desconocidas habían ingresado ilegalmente a la vivienda aproximadamente un año y medio antes y que, desde entonces, se negaban a abandonarla.

Riveros aseguró que los ocupantes nunca habían contado con su autorización. También denunció daños en la propiedad, modificaciones en sus instalaciones y deudas por consumo de agua y electricidad.

Los vecinos, mientras tanto, habían manifestado temor por las actividades que presuntamente se desarrollaban en su interior. La querella recogía denuncias sobre venta y tráfico de drogas, fiestas, consumo de alcohol en la vía pública y utilización de armas de fuego.

Aunque esos antecedentes no permitían establecer quiénes eran los responsables de los delitos que posteriormente serían investigados, daban cuenta de una situación que llevaba tiempo afectando al inmueble.

La investigación policial apunta a que la vivienda había sido ocupada por una organización de origen peruano que se haría conocer como Los Bulnes, aunque dicha denominación no ha sido confirmada por las autoridades.

Una modalidad que se repite

A mediados de octubre, la BIPE Antisecuestros de la PDI, junto con las fiscalías ECOH y Supraterritorial, concentró sus diligencias en la propiedad después de recibir una denuncia por secuestro.

Un sujeto fue hasta un cuartel de la PDI para denunciar que había llegado hasta un inmueble junto a un amigo para entregar un paquete de drogas. Según su declaración, los ocupantes de la vivienda lo golpearon, maniataron y mantuvieron retenido contra su voluntad.

Su acompañante consiguió escapar con la droga, aunque posteriormente fue raptado por los criminales. Ambos recuperaron la libertad después de un pago y denunciaron lo ocurrido.

Los antecedentes entregados permitieron abrir una línea investigativo que establecer que la casa del exrector de la Universidad de Chile era utilizada como casa de cautiverio.

Sin embargo, el caso no era aislado.

Según explica el prefecto de la BIPE Antisecuestros, Hassel Barrientos, durante este año la PDI y el Ministerio Público han identificado otros inmuebles utilizados por organizaciones criminales en Quinta Normal y Estación Central, además del caso de Santiago Centro.

También fue descubierta una casa de cautiverio temporal en Cerro Navia, en el marco de la investigación por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, ocurrido en San Miguel. El propietario de ese lugar, un ciudadano chileno, fue detenido por su presunta participación en el delito.

Para Barrientos, las características de las propiedades elegidas por estas organizaciones permiten reconocer un patrón.

–Estas bandas criminales llegan precisamente a este tipo de inmuebles cercanos al casco histórico de la Región Metropolitana por su condición de casa con distintas habitaciones y con propietarios de avanzada edad, quienes arrendaban piezas a inmigrantes. Después estas personas tomaron el control amenazándolos y subarrendando a otros extranjeros. Muchos de ellos pertenecían a organizaciones criminales y vieron un foco lucrativo —explica el prefecto a The Clinic.

La descripción da cuenta de una modalidad en que una propiedad originalmente destinada a vivienda termina convertida en un espacio controlado por organizaciones delictivas.

El tamaño de los inmuebles y la existencia de múltiples habitaciones permiten desarrollar distintas actividades de manera simultánea.

En la propiedad de calle Nueva Imperial, en Quinta Normal, recuperada en julio, los investigadores establecieron que algunas habitaciones eran utilizadas para torturas, mientras que en otras se desarrollaban actividades de comercio sexual y venta de drogas.

En Estación Central, de acuerdo con la PDI, se identificó una dinámica similar.

–En el sector de Matta Sur, Zenteno, Santa Rosa, también hubo lugares que identificamos como lugares de cautiverio de similares características donde ocurría la misma situación –señala Barrientos.

En estos lugares también subarrendaban inmigrantes irregulares, quienes no denunciaban lo que ocurría al interior de estas casas por miedo a represalias o incluso verse expuestos ante las autoridades.

-Lo que menos quieren es la presencia policial en esos lugares porque piensan que pueden ser expulsados o detenidos por su condición migratoria. Por ende prefieren guardar silencio y no aportar información por el temor, una a que llega la policía a esos lugares y también por el temor de que estas organizaciones tomen represalias contra ellos- ahonda Barrientos.

Los cuerpos bajo tierra

La violencia que se desarrollaba al interior de estas propiedades no siempre terminaba cuando las víctimas recuperaban su libertad.

En algunos casos, las investigaciones han permitido descubrir cadáveres ocultos en los mismos inmuebles utilizados para mantener personas secuestradas.

–Hubo una ola de homicidios en esos sectores ligada al control territorial y para quedarse con este tipo de inmuebles. Esa es la dinámica que se ha dado respecto a ese tipo de asesinatos. Y los cuerpos hallados en estos lugares tienen que ver con lo mismo: las personas que estuvieron en cautiverio fueron torturadas y posteriormente inhumadas —sostiene el prefecto.

En Estación Central, los investigadores encontraron el cadáver de un ciudadano venezolano de 20 años dentro de una maleta.

En Quinta Normal, en tanto, fueron descubiertos dos cuerpos enterrados a aproximadamente dos metros de profundidad. Uno correspondía a un adolescente venezolano de 16 años, desaparecido en diciembre de 2024 en Pedro Aguirre Cerda, cuyo extravío había sido denunciado por su madre.

En General Bulnes, las diligencias permitieron encontrar tres cadáveres bajo el piso de la vivienda.

Para realizar estas búsquedas, los investigadores solicitaron el apoyo de la Brigada Canina de la PDI, que dispone de perros especialmente entrenados para detectar restos humanos.

Uno de ellos fue Lewis, un golden retriever de tres años que participó en las excavaciones del barrio Yungay junto a otro ejemplar llamado Bruma.

Los funcionarios retiraron parte del piso, removieron la tierra y realizaron perforaciones para facilitar la detección de olores provenientes del subsuelo.

Los animales mostraron señales que sus guías interpretaron como indicios de la posible presencia de restos humanos. Las excavaciones posteriores confirmaron las sospechas.

El hallazgo de los tres cadáveres volvió a situar la atención sobre una propiedad cuya ocupación irregular ya había sido denunciada por su dueño.

Pero también permitió observar una realidad que, según los antecedentes reunidos por la PDI, se repite en distintos barrios de Santiago: antiguas viviendas que dejan de funcionar como hogares y pasan a ser utilizadas por organizaciones criminales para mantener personas cautivas, desarrollar negocios ilícitos y, en algunos casos, ocultar a sus víctimas bajo tierra.

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