• Un recordatorio, tras la muerte del Tío Permanente.
Por Constanza Iglesias y Verónica Torres.

En 1991 Patricio Aylwin decidió terminar con la personalidad jurídica de Colonia Dignidad. La derecha se opuso a través de sus 17 senadores entre los que destacaban el fallecido Jaime Guzmán, el actual presidente de RN Sergio Diez, el cuestionado Sergio Fernández y el pro UDI Beltrán Urenda. Este último clamó apocalíptico: “Temo que en este momento no estemos perdiendo la Colonia Dignidad, sino que nuestra dignidad como país”.

Las acusaciones que motivaban la cancelación eran claras: Secuestro y violación de menores, torturas, detenciones ilegales, violación a los Derechos Humanos y la instauración en un sistema que separaba a los hijos de los padres, facilitando los abusos del Tío Permanente. Eso, a parte de una infinidad de manejos económicos turbios que giraban en torno a la evasión tributaria.

Para la derecha de entonces, esos asuntos no eran los importantes. Ante el Tribunal Constitucional reclamaron la ilegalidad del decreto presidencial evitando pronunciarse sobre Schäfer y su currículum.
El único que no concurrió al llamado del Tío fue Sebastián Piñera. “Una cosa es la defensa del principio de libre asociación y otra la defensa de una organización cuyas irregularidades son conocidas por todo el público y están en manos de tribunales”, dijo.

Años más tarde la defensa de Dignidad fue asumida por nuevos rostros. Una descollante actuación tuvo el ex presidente del Senado, el UDI Hernán Larraín quien siguió reclamando porque se le diera personalidad jurídica a la Colonia. Cuando en 1996 se desata la cacería de Schäfer, desde ese mismo sector se reclamó por la cantidad de recursos que se gastaban en éste personaje.

En su momento, claro está, todos festejaron la captura de Schäfer.
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    (*) Este artículo fue publicado el año 2005, en el número 148 de The Clinic.

LA RED DE PROTECCIÓN A SCHÄFER NO SE HA ACABADO *
Por Belisario Velasco, ex subsecretario del Interior.

    (*) Este artículo fue publicado el año 2005, en el número 148 de The Clinic, tras la captura de Paul Schäfer

La historia nos ha enseñado, y así se ratifica en este caso, que el tiempo no detiene los brazos y efectos de la justicia, sólo tarda por razones atribuibles, por ejemplo, a redes ilícitas de protección, interesadas en que los resultados de la investigación, no lleguen a la opinión pública ni mucho menos a la justicia.

Denunciado el hecho de la permanencia clandestina de Paul Schäfer en Argentina, estimo que las medidas adoptadas por el gobierno fueron las adecuadas y su cumplimiento, eficiente. Por su parte el gobierno argentino como estado de derecho actuó en la forma esperable de un país amigo.

En abril de 1990, a un mes del inicio de su gobierno, el presidente Aylwin me pidió que me hiciera cargo personalmente y con la mayor diligencia posible de un tema que le preocupaba mucho: las acciones de la llamada Sociedad Benefactora Colonia Dignidad. El mismo Aylwin, siendo senador en 1969, había hecho una denuncia contra la Colonia y para 1990, el enclave se había convertido en algo que ofendía la dignidad del país: bajo el amparo de una obra de beneficencia, se cometían allí actos imposibles de aceptar.

Tan pronto inicié la tarea encomendada, se presentaron problemas. Una enorme red de influencia empezó a movilizarse para impedir que avanzáramos. Hubo amenazas anónimas y una fuerte ofensiva legal. Decenas de abogados hicieron lobby por los jerarcas de la Colonia. La mayoría era de derecha. Hoy nadie quiere acordarse, pero todos los senadores de la UDI y de Renovación Nacional, excepto Sebastián Piñera, los respaldaron en una carta pública.

En 1990 concluimos que la mal llamada Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad se había convertido en un Estado dentro del Estado chileno, a vista y paciencia de la dictadura de Pinochet. La suma de denuncias contra los alemanes parecía no tener fin: secuestros y violaciones de menores, torturas, detenciones ilegales, violación a los Derechos Humanos, presiones indebidas a vecinos para apropiarse de sus tierras (la colonia partió con cuatro hectáreas y a los pocos años tenía 17 mil); evasión permanente de impuestos; abuso de excenciones aduaneras; no pago de sueldos y mucho menos de imposiciones; el irregular funcionamiento de un hospital y de una escuela, en la que ni siquiera se enseñaba el idioma del país y, finalmente, un sistema de vida ajeno a nuestra cultura y a una racional normalidad, que separaba a los hijos de los padres, lo que facilitaba que Paul Schäfer violara a los niños.

En vista de esta situación, el gobierno a través del ministerio de Justicia resolvió dictar un decreto, firmado por Soledad Alvear, cancelando la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, lo que permitió acciones posteriores.

Cuando empecé a investigar en 1990, encontré un oficio de 1988 enviado por el ministro de Relaciones Exteriores Hernán Felipe Errázuriz al ministro del Interior de la época. En él se decía que el gobierno alemán reclamaba contra Dignidad, acusándola del atropello sistemático de los Derechos Humanos.

Cosa por lo demás que conocía el país desde hace muchos años como asimismo la relación de la colonia con la DINA. Errázuriz sostenía que si bien no se podían aceptar presiones extranjeras, tampoco se podía aceptar que un grupo de personas delinquiera en la forma que lo estaba haciendo esa gente. Sin embargo, Interior se limitó a remitir un oficio al ministerio de Justicia, a cargo de Hugo Rosende. Y Justicia se limitó a hacer una denuncia en la Corte de Apelaciones de Talca.

Pienso que estábamos frente a una organización criminal. Y creo que esta red no se ha acabado. Hoy los mismos que la defendieron a brazo partido podrían sentirse perjudicados ante la posibilidad de que se develen todos los ilícitos cometidos por la colonia. Es posible que aún puedan tratar de evitar que la justicia haga claridad de este asunto.

Esa red de protección no sólo protegía un gran negocio -porque eran millones de millones de dólares lo que ganaba la Colonia- sino también una red de pedofilia. Sin duda, hay muchas personas que están interesadas en tapar los secretos de Schäfer.

En la sociedad, hubo muchos sectores y personas, incluso de la iglesia como el cura Raúl Hasbún, que públicamente intervinieron a favor de la Colonia, impugnando la acción del Ministerio del Interior y preguntándonos para qué el gobierno intervenía en un delito que por lo demás era cometido por muchas otras personas. Espero que con todos los antecedentes que han proporcionado los medios de comunicación y la justicia, rectifiquen su posición.

Hoy cabe preguntarse para qué y por qué estos sectores protegían a la Colonia y sus personeros de la acción de la justicia.