Estamos acostumbrándonos al mundo sin respuestas ni responsabilidades. Las cosas pasan y todo sigue igual o peor; se esconden, disimulan o demoran las investigaciones y sus razones, si las tienen. Y los espejismos, las tragedias reconducidas sólo hacia el dolor, las dilaciones y los nuevos conflictos desvían la atención.

El general que aparentemente cambia la información de un parte policial para favorecer a su jefe y sigue dirigiendo el Orden y Seguridad al interior de su institución. Ese mismo jefe protegido que renuncia a la dirección del servicio por ese motivo sin responder políticamente por la muerte de un joven a manos de un efectivo de Carabineros, sin ordenar la revisión exhaustiva de los procedimientos que podrían haber motivado este mortal exceso.

El intendente Lobos del Biobío, que se atreve a llamar engendro de terrorista a mi hijo por tener padres divorciados, y que sigue tan campante ejecutando las acciones públicas de su gobierno acorde con estos antivalores, sin siquiera pedir disculpas desde el horror de lo señalado.

Un accidente que cuesta la vida de 21 personas y respecto del que se pide por el gobierno vivir colectivamente la pena, dilatando la investigación para tiempos que quién sabe si llegarán.

Jóvenes estudiantes que realizan una prolongadísima huelga de hambre por sus reivindicaciones por una mejor educación y ni siquiera son noticia e incluso son cuestionados y puestos en duda.

Ya no es sólo que haya una política generalizada de no asumir ninguna responsabilidad política por parte de las autoridades frente a conflictos, errores o tropezones. Incluso existe la pretensión de ofensa airada frente a la demanda ciudadana de información y consecuencias.

El colmo ha sido el intento, logrado hasta ahora y post desastre como suele ocurrir, de que incluso el Presidente de la República firme un protocolo de la FACH eximiéndoles de responsabilidad por accidentes que puedan ocurrir durante sus vuelos. Independiente de que se trate de un protocolo de años, reflotarlo en este minuto, alcanzando nada menos que a su jefe superior, el Presidente de la República, independiente de que éste esté dispuesto a aceptarlo, es un desacierto y un exceso. Más allá de los evidentes aspectos jurídicos involucrados y que deben ser activados y resueltos, la advertencia sobre condiciones y peligros es obvia e inexistente. Y se trata de una institución pública, que tiene fines sociales y funciona con recursos públicos. Deben dar respuestas y entregar responsabilidades. Y para eso están las indagaciones.

La necesidad de investigar, como una reacción espontánea y natural frente a situaciones de alarma ciudadana es evidente e ineludible.

Cómo es posible pretender, por muy extendida que esta haya sido, y lo fue, que la pena social sea una razón o un argumento para no buscar inmediatamente las causas del accidente aéreo de Juan Fernández. Ya habrá tiempo para eso dijeron nuestras autoridades. Por supuesto llegó, y ojalá con independencia, transparencia y celeridad. Pero llegó a instancias de los cuestionamientos que la falta de respuestas generaba.

A las familias, la pena; a las autoridades, las investigaciones y explicaciones. Y, si corresponde, las responsabilidades. En todos los casos. Porque el parlamento de que luego del drama habrá tiempo de buscar las razones y responsabilidades es ya consabido. Lo fue para Manuel Gutiérrez de modo más dramático aún. Y lo ha sido históricamente. Cuánto nos hemos demorado en dar respuestas a las detenciones ilegales, torturas, muertes y desapariciones. Si hasta osamos patalear porque una serie pretende representar esos errores.

No es tiempo de buscar culpables. No es tiempo de responder a víctimas y afectados, incluso a una ciudadanía deseosa de verdad. No es tiempo de aprender del error para no repetirlo. ¿Y cuándo es el tiempo?