Este 2012 se cumplen diez años de la última aplicación de la PAA. Cuando se la criticó se dijo que medir aptitudes tenía sesgos: por ingreso, por género; en resumen, que discriminaba. La Universidad Católica, entonces, propuso una medición que se llamaría SIES -hubo incluso una campaña en prensa fomentando esta nueva medición-, auspiciada por… una empresa privada del mundo de la salud. Esa nueva medición mediría conocimientos más que aptitudes. La Universidad de Chile, creadora y ejecutora de la PAA, decidió asumir la derrota y diseñar la PSU, respondiendo a los requerimientos que provenían de las clases dominantes y sus expertos. Esto le permitió tener por más años la prueba de ingreso, pero fue una claudicación: hoy las críticas van sobre la PSU.

Lo grave es que los críticos son los mismos y que no les importa cuál sea la prueba, sólo les importa que no sea universal. La doctrina de la libertad de enseñanza, promovida por la derecha, se consuma cuando cada establecimiento tiene potestad en cómo entran los estudiantes e incluso en cuándo se tiene la capacidad de ostentar las necesarias excepciones (¿por qué no aceptar a un hijo de un millonario o de un presidente o de ambas cosas solo porque no sacó un puntaje?)

Los estudiantes se han sumado a las críticas desde hace por lo menos seis años. Dicen con razón que es desigual. Lo es la PSU, lo son las pruebas PISA, lo es el SIMCE, que en segundo medio nos muestra el mismo comportamiento que la PSU (lo vimos en un número anterior). En fin, claro que es así, lo desigual es la educación. Y no es que los colegios X sean mejores que los Y, sino que simplemente los resultados educativos están en función del ingreso y no hacen lo que un sistema educacional decente logra: mitigar las diferencias, combatirlas, ser fuente de democracia. Clásico problema del humor alemán: don Otto encuentra a su esposa siendo infiel en el sofá y decide vender el sofá.

Pues bien, los chilenos vemos que la PSU muestra desigualdad y decidimos cuestionar la PSU. De hecho, solemos decir que la PSU muestra que los establecimientos particulares son mejores, que los subvencionados son de calidad media y los municipales son peores. Y los datos parecen reafirmarlo: particulares, 601 puntos; particulares subvencionados, 509 puntos; municipales, 450 puntos. Sin embargo, este argumento es falso. Un sistema que construyó los establecimientos como correlato del ingreso económico es lo que esconde las diferencias de puntaje. La gran causa: cuánto dinero usted tiene. Por ahora, la clave está en mirar la PSU por el ingreso.

Los sistemas de ingreso que son iguales para todos son por definición mejores que aquéllos que abren la puerta a las excepciones. Hoy daremos más alternativas a los débiles, mañana a los fuertes (los ‘estímulos’ para las universidades está en dar espacio a los influyentes). Se debe defender el sistema de ingreso universal, se deben mitigar las desigualdades en la raíz, a nivel escolar. Mientras mejor diseñen la prueba, más va a discriminar por ingreso, dada la calidad dispar de la educación.

En las sociedades democráticas la educación es el camino para mitigar las desigualdades. En una sociedad enferma de diferencias de poder, la educación simplemente es un canal para que se reproduzcan las diferencias. No es culpa de la PSU, es ese un falso debate, ella es simplemente la última esclusa antes que el agua del río llegue al mar.

Alberto Mayol, sociólogo y académico Universidad de Chile*