El sábado 4 de agosto pasado –a poco más de un mes del lanzamiento de este libro- la Mesa de Izquierda de La Reina me invitó a participar de una actividad conmemorativa en Simón Bolívar 8800, donde operó la Brigada Lautaro. Un grupo de vecinos, personas sensibilizadas por el tema y familiares de detenidos desaparecidos, se reunió a las 12 del día en la Plaza Carlos Ossandón, a casi dos cuadras del ex cuartel de la DINA, en la actualidad, un condominio exclusivo de casas de dos pisos.

Una semana antes, el Servicio Médico Legal había hecho entrega oficial de los restos de los primeros detenidos ex desaparecidos de ese centro de exterminio: los comunistas Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berríos Cataldo, Fernando Ortiz Letelier y el mirista, Ángel Guerrero Carrillo.

Todos ellos fueron torturados y asesinados en el cuartel Simón Bolívar en 1976. Luego, los agentes de la DINA los lanzaron a un pique ubicado en la cuesta Barriga. Ahí permanecieron hasta 1978, fecha en que Augusto Pinochet ordenó llevar a cabo la “Operación Retiro de Televisores”, acción que consistió en exhumar los restos de víctimas de la represión en distintos puntos del país, enterrados en lugares clandestinos, para lanzarlos al mar.

Este fue el recorrido de las cuatro víctimas de la Brigada Lautaro. Sin embargo, la Operación Retiro de Televisores no fue 100% efectiva y al sacar los cadáveres de la Cuesta Barriga, dejaron ahí algunos restos óseos de sus víctimas.

36 años debieron esperar las familias para poder darle sepultura a sus seres queridos.

El objetivo de la concentración en Simón Bolívar 8800 ese sábado al medio día era rendir homenaje a las víctimas recién encontradas y también presionar a las autoridades para lograr instalar en el condominio –condemonio- un memorial, o algo parecido, como forma de recordar lo sucedido ahí.

Junto a unas treinta personas, caminamos desde la plaza Carlos Ossandón hasta Simón Bolívar 8800. Con micrófono y parlantes comenzaron los testimonios, canciones y gritos conmemorativos. Algunos vecinos salieron a observar. Unos con molestia, otros con respeto.

Marta de la Fuente, vecina del condominio Simón Bolívar 8800, abogada y ex militante del Partido Comunista, estaba presente, observando. Ella me había contactado unos días antes. Tenía información que podía compartir conmigo respecto de la historia de la propiedad y de cómo se había ido traspasando de un dueño a otro durante la dictadura: era el registro del negocio detrás de la muerte y la tortura.

Nos conocimos durante el acto. Me contó que había militado durante su juventud en la Universidad de Chile y que, por coincidencias del destino, sabía de la suerte corrida por Marta Ugarte, tesorera del Partido Comunista, asesinada en el cuartel Simón Bolívar en 1976 luego de su secuestro en Calle Conferencia.

Junto a su familia, Marta de la Fuente había comprado una casa del condominio Simón Bolívar 8800 en 2005 sin tener idea de lo que ahí había sucedido.

Finalmente quedó de enviarme copia de las escrituras, información que había obtenido en 2007 y puesto en manos de la Policía de Investigaciones luego de conocer a través de los medios de comunicación los crímenes de Simón Bolívar.

Me envió los registros del Conservador de Bienes Raíces de Santiago con la historia de la propiedad, que luego yo mismo corroboré con los libros históricos en las oficinas de calle Morandé 440.

Revisando la documentación, encontré que las escrituras más antiguas indican que, antes de tener la dirección actual de Simón Bolívar 8800, el terreno era “la parcela 82, sub-lote 2 y 3, del plano de subdivisión B”.

Los sub-lotes 2 y 3 corresponden a dos fajas de terreno, delgadas y paralelas, que limitaban con Simón Bolívar al sur y al norte con “una futura calle en proyecto”. Aunque el predio no llega a Avenida Echeñique, debió haber tenido una entrada por esa calle, ya que la dirección oficial inscrita a esa fecha no es Simón Bolívar 8800, sino Echeñique 8767.

El 22 de febrero de 1974, el Instituto Arica de Chile inscribió la propiedad a su nombre. Según el documento, ésta la había comprado a Gonzalo Fuenzalida Fernández, el 5 de septiembre de 1973.

El Instituto Arica de Chile fue una organización a cargo del boliviano Óscar Ichazo, célebre en nuestro país en las décadas de 1960 y 1970 debido a los métodos poco convencionales que ofrecía a sus numerosos seguidores para acceder al crecimiento personal y al autoconocimiento y, finalmente, a la realización del ser humano.

No está claro si los integrantes del Instituto Arica fueron expulsados del predio o lo dejaron voluntariamente. Lo concreto es que ahí operó la Brigada Lautaro entre 1975 y 1977 y es probable que durante ese período haya permanecido nominalmente bajo la propiedad de Arica.

Esta duda radica en el hecho de que la escritura inmediatamente posterior data del 29 de julio de 1980, fecha en que la Parcela 82 fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de “Fundación de Beneficencia Mi Casa”. La documentación no especifica de quién la obtuvo ni en qué condiciones. Sólo menciona que fue en virtud del Decreto Ley 1183 de 1975, dictado por la junta militar con el objetivo de “regular los fondos provenientes del extranjero a instituciones sin fines de lucro”.

La Fundación Mi Casa fue creada en 1947 por el sacerdote Alfredo Ruiz-Tagle (muerto en 2004). Su objetivo central era y es el cuidado de menores en riesgo social. La entidad de beneficencia fue dirigida, entre 1973 y 1998, por el general Juan Romero Riquelme –oficial con buenas relaciones en el mundo democratacristiano-, quien luego fue nombrado Auditor General del Ejército, cargo que mantuvo hasta su pase a retiro en 2005. Además de militar, Romero es abogado, profesión desde la cual actuó como asesor financiero del ex dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart. A nombre de ellos realizó numerosas compras de terrenos. Estas transacciones fueron  investigadas por el ministro Carlos Cerda durante el caso Riggs. En 2007, Romero Riquelme fue una de las 23 personas del círculo de confianza del dictador procesadas en el caso por enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet. Hasta antes de ser removido de la causa, Cerda investigó los movimientos de una cuenta de la Fundación Mi Casa -activa durante el período en que Romero Riquelme actuó como su gerente general- desde la que se habrían derivado fondos a la fortuna de Pinochet.

La parcela en que operó la Brigada Lautaro estuvo en manos de la Fundación Mi Casa hasta el 11 de diciembre de 1989, fecha en que esta institución la vendió a la Central Nacional de Informaciones (CNI) por un total de casi tres millones de pesos.

17 días más tarde, el 29 de diciembre de 1989, la CNI le vendió la propiedad a Webster Trust Inversiones Limitada por 45 millones de pesos, un valor 15 veces más alto en relación al precio supuestamente pagado a Mi Casa.

Webster la inscribió en el Conservador de Bienes Raíces el 11 de enero de 1990, un mes antes de la disolución de la CNI en febrero de 1990.

Revisando los registros históricos del Diario Oficial encontré que Webster Trust Limitada fue creada el 19 de junio de 1989 en la notaría de Raúl Undurraga por los ingenieros Juan Carlos Ortiz Ferrer y Augusto Errázuriz Guarello. Según el documento referente a su constitución, el objetivo de la empresa era “la inversión en acciones, bonos, pagarés y toda clase de efectos de comercio y títulos de crédito como también en toda clase de bienes muebles e inmuebles; la comercialización de toda clase de bienes y cualquier otra actividad o negocio relacionado con los anteriores”.

El 10 de agosto ubiqué a uno de los socios de Webster Trust Limitada, Augusto Errázuriz Guarello, quien intentó clarificar mis dudas.

Junto a mi colega Ítalo Retamal, nos recibió en su actual oficina ubicada en calle Franklin 131. Ahí funciona en la actualidad la empresa de su propiedad, Jet Cold, dedicada a la venta, arriendo y prestación de servicios en todo lo relacionado con la limpieza del tipo no abrasiva y abrasiva.

Errázuriz Guarello nos explicó que luego de salir del colegio Saint George, estudió en la Universidad de Portland en Estados Unidos. A su regreso, trabajó en la naciente Bolsa de Santiago durante algún tiempo, hasta que en 1989 su padrastro, Hernán Rosselot Solo de Zaldívar, le ofreció “un regalo”. El obsequio consistió en una empresa con domicilio en Chile (Webster Trust Limitada) y también con domicilio en Panamá (Webster Trust Holding).

Esta forma legal, explicó Errázuriz, se usó bastante en esa época por personas que tenían su dinero fuera del país –muchos de ellos lo habían sacado durante la Unidad Popular- y que no sabían cómo volver a ingresarlo para hacer negocios en Chile sin pagar impuestos.

Como su padrastro quería ayudarlo, él mismo habría sido uno de los socios capitalistas de Webster Trust, ingresando su dinero a Chile a través de la filial panameña. Errázuriz recordó que otra parte de los dineros aportados para su negocio vino de parte de inversores panameños. No tiene idea quiénes fueron, ya que él recibía el dinero en Chile de parte de mesas de dinero.

El ingreso de los dineros por Panamá, paraíso fiscal, aseguraba su “limpieza” y el que no pagara impuestos.

Errázuriz recordó sólo datos fragmentados en lo que se refiere a Webster Trust, como que él debió ser su gerente de finanzas y que lamentablemente todos los documentos referentes a sus operaciones –incluyendo los libros contables-, habían sido botados a la basura hace un par de años, ya que la empresa estaba cerrada desde hacía unos 15 años.

Errázuriz tampoco pudo recordar cómo llegó a sus manos la Parcela 82 (hoy correspondiente a Simón Bolívar 8800). En su memoria estaba un viaje a La Reina a visitar el predio y que ahí no había nada construido. También, que debió ser un buen negocio. Esencialmente comprar barato y vender caro.

Según su versión, quien lo llevó a comprar la parcela fue su socio Juan Carlos Ortiz, cercano en edad, a quien Hernán Rosselot agregó a la sociedad debido a que tenía negocios anteriores con su familia. Es decir, “se conocían de antes”. Pero Errázuriz dijo no poder preguntarle a Ortiz este dato debido a que no hablaban hace años producto de desavenencias económicas.

Conseguí el teléfono del domicilio de Juan Carlos Ortiz Ferrer. En una ocasión hablé con su empleada doméstica y, posteriormente, con una mujer que dijo ser su esposa. Anotó mis datos, la razón de mi llamado, pero Ortiz no me contactó de vuelta.

De los datos aportados por Errázuriz me llamó la atención la filial de Webster Trust en Panamá. Los registros del Diario Oficial indicaron que Webster Trust Holding se asoció oficialmente con su filial en Chile el 28 de octubre de 1989. El escrito indicó que era una “sociedad constituida de acuerdo a las leyes de Panamá”, representada por el abogado José Miguel Altamirano Hiriart.

Me llamó la atención que el segundo apellido de Altamirano fuera Hiriart, como el de Lucía Hiriart, ex esposa del general Augusto Pinochet.

La dirección comercial que Altamirano Hiriart ocupó para hacer esta operación fue calle Los Conquistadores 1700 11-B. Se trata de la Torre Santa María y en ese número funciona en la actualidad -y funcionaba entonces-, la oficina de abogados Montt y Compañía, propiedad del abogado Santiago Montt Vicuña.

Especializado en la creación de empresas “off shore” en paraísos fiscales durante la dictadura, Montt Vicuña trabajó para el Ministerio de Economía en la redacción y discusión de la Ley General de Pesca y Agricultura (1989).

Además, durante el mismo gobierno habría trabajado en la redacción del “nuevo estatuto de inversiones extranjeras”.

Intenté comunicarme con el abogado Santiago Montt para clarificar las dudas a través de su oficina y por medio de correo electrónico, pero no obtuve respuesta.

En forma paralela conseguí comunicarme telefónicamente con José Miguel Altamirano Hiriart. Como me llamaba la atención su segundo apellido y su probable relación con la viuda de Augusto Pinochet, la conversación partió por ahí. Había averiguado que, si bien no es pariente directo con la ex “primera dama”, su hermano, Fernando Altamirano Hiriart está casado con una sobrina de ella. Él confirmó la información, pero negó conocer a Lucía Hiriart. También señaló que aún en dictadura, durante 1989, trabajó para la Subsecretaría de Pesca –cruce de información con Montt Vicuña.

Pero el punto de quiebre en nuestra conversación fue la Webster Trust y la compra del predio a la CNI. No sólo no recordaba la operación, sino que además negó la posibilidad de haberla realizado, pues según su versión, a esa fecha él ya no trabajaba para el estudio de abogados Montt y Compañía. “Yo me fui del estudio de Montt Vicuña antes de diciembre de 1989, así que no sé qué sucedió. No sé si me falsificaron la firma o qué, pero a esa fecha yo ya me había ido de ese estudio de abogados. Estoy seguro. Voy a hablar con ellos para averiguar y lo llamo de vuelta”, me dijo.

Lo llamé varias veces en días posteriores. Principalmente quería decirle que, de ser cierto que dejó Montt y Compañía en 1989, su firma fue falsificada hasta marzo de 1991, fecha en la que aparece realizando operaciones para Webster Trust, según las escrituras firmadas en la notaría de José Musalem Saffie.

No me devolvió los llamados ni tampoco se comunicó de vuelta como me había indicado que haría luego de clarificar las cosas con el estudio de abogados Montt y Compañía.

El 8 de mayo de 1990, Webster Trust vendió la propiedad -que hoy corresponde a Simón Bolívar 8800- a la Inmobiliaria y Constructora Los Coigües. El precio fue de 68 millones de pesos, operación en la que la empresa con domicilio en Panamá se metió al bolsillo 23 millones de pesos, ya que sólo cinco meses antes había pagado 45 millones a la CNI.

En 1991, la Inmobiliaria y Constructora Los Coigües elaboró el primer plano urbanización de la Parcela 82, documento que hoy se encuentra en manos del Conservador de Bienes Raíces. Ahí se constata que subdividieron la propiedad en doce lotes. Sobre ellos se encuentran dibujadas doce casas. Esta constructora le dio la numeración oficial “Simón Bolívar 8800” por primera vez.

Durante 1991, Los Coigües construyó el condominio y luego comercializó las viviendas, cada una de ellas con el mismo número además una letra del abecedario distinta, para individualizarlas.

Según la escritura de constitución del 2 de noviembre de 1982 los socios fundadores de Los Coigües fueron Eduardo Magri Varela, Julio Magri Varela, Isabel Magri Varela, Adriana Figueroa Marín y Fernando Figueroa Marín.

A través de la guía telefónica contacté a Flor Magri Varela. Del otro lado de la línea me indicó que no haría declaraciones y que no la volviera a llamar. Hice lo mismo con su hermano, Eduardo Magri Varela. Me dijo que su participación en Los Coigües era sólo nominal, ya que en la práctica su rubro “era otro”.

Al consultarle sobre el negocio de la construcción de las casas en Simón Bolívar 8800, respondió que debió haber estado en manos de su padre, Julio Magri Rabaglio, pero que su avanzada edad hacía difícil que pudiera colaborar.

Llamé a la casa de Julio Magri Rabaglio, ubicada en Lo Curro. Hablé con su empleada doméstica primero y, finalmente, luego de varios intentos, me respondió él mismo. No permitió que le explicara el motivo de mi llamada: “no quiero saber nada de su porquería”, aclaró. Insistí en explicarle, pero me repitió la misma frase un par de veces y luego cortó el teléfono.

Aunque su nombre no aparece en la constitución de la Inmobiliaria y Constructora Los Coigües, sí figura en 1996 formando parte de ella a través de la Sociedad de Inversiones Amancay, que él mismo creó en 1992 junto a tres de sus hijos.

Julio Magri Rabaglio es conocido dentro del mundo de la construcción debido a que en abril de 1979, creó la “Constructora de Viviendas Económicas Magri y Figueroa Limitada”, más conocida como “Inmobiliaria y Constructora Magri y Figueroa Limitada”.

Durante los ’80, en plena dictadura y luego en los ‘90, la empresa tuvo su época de oro, al adjudicarse numerosos proyectos para levantar poblaciones dentro de Santiago y sus alrededores. Magri también se asoció al acaudalado empresario alemán Klaus Hepner, con quien continuó construyendo viviendas sociales y particulares.

Los Coigües vendió las casas a partir de 1991. Éstas se comercializan actualmente en un promedio de 180 millones de pesos cada una.

Un ex funcionario del Banco del Estado -que prefirió mantener su nombre en reserva- señaló que a principios de los ’90, cuando trabajaba en dicha institución, un conocido agente de la CNI les ofreció en venta las casas de Simón Bolívar 8800, a él y a otros altos funcionarios del banco.