Sabas Chahuán designa a fiscal sur para investigar graves anomalías en Ministerio Público de Rancagua

El fiscal nacional Sabas Chahuán designó al regional sur Raúl Guzmán para investigar posibles actos de corrupción en el Ministerio Público de Rancagua, que involucran también a una serie de oficiales de la PDI por la pérdida de intervenciones telefónicas de una causa de lavado de dinero, filtraciones a imputados y que incluso puede involucrar a un juez de garantía que antes trabajaba en el organismo perseguidor.

La decisión de Chahuán se basó en la presentación de un grupo de abogados que participó en un caso conocido como “los españoles”, que comenzó en 2007, bajo el delito de lavado de dinero y terminó sólo en un juicio por estafa.

Guzmán, apenas recibió la orden de Chahuán, designó al jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Héctor Barros, quien ya inició las primeras diligencias, entre ellas pedir una copia “foliada” del caso a la Sexta Región, antes de comenzar con los interrogatorios de rigor.

Uno de los elementos de la denuncia apunta a que una persona que en su oportunidad tuvo la calidad de investigado, misteriosamente pasó a ser querellante. Hasta ahí podría tratarse de una decisión procesal de la fiscalía, pero en intercepciones telefónicas se descubrió que el arquitecto Manuel de Pablo contrató los servicios del detective privado Agustín Mardones, quien accedía a las diligencias secretas que llevaba la PDI de la zona.

¡Péscame, please!

Los abogados recurrentes, a mediados de 2011, comenzaron a solicitar que Manuel de Pablo y Agustín Mardones fueran indagados, junto a los PDI que estuvieron a cargo de las pesquisas, ya que el CD master con más de 5 mil escuchas se había extraviado y hasta ahora no aparece.

El fiscal a cargo de la causa, Francisco Caballero, de acuerdo a los documentos a los que accedió The Clinic Online, se negó insistentemente a investigar y trató de que el juzgado de garantía de Rancagua sobreseyera la causa. Sin embargo, el tribunal en julio pasado le ordenó tramitar una querella criminal presentada por el abogado Claudio Rojas en diciembre de 2011.

En la acción legal estaban imputados de Pablo, Mardones y los detectives Milton Bazan, José Contreras y el actual juez de garantía Rodrigo Ponce. Este último trabajó como asesor en la Fiscalía de Rancagua y llevó la investigación mencionada sin tener la calidad de perseguidor. La Fiscalía Nacional le inició un sumario por anomalías administrativas y fue sancionado.

A regañadientes el fiscal Caballero acogió sólo parte de las diligencias por las filtraciones y la pérdida de grabaciones. Una de ellas fue interrogar sólo a uno de los efectivos de la policía quien se amparó en su derecho a guardar silencio. Hecho esto, Caballero nuevamente solicitó sobreseer la causa con fecha 5 mayo de 2012.

El tribunal de garantía de Rancagua volvió a rechazar los argumentos de Caballero, ordenando resolver las anomalías procesales de la investigación, sobre todo porque los detectives se habían negado a prestar testimonio.

El propio fiscal Caballero no contento con la decisión del tribunal de garantía, recurrió a la Corte de Apelaciones de Rancagua, cuya Tercera Sala, integrada por los ministros Fernando Carreño, Carlos Moreno y el abogado integrante don Carlos Bañados, le indicaron que debía investigar sí o sí.

A los abogados de distintos imputados en la causa no les bastó el dictamen, ya que tanto Caballero como el fiscal regional de la VI Región, Luis Toledo, seguirían a cargo de la denuncia lo que no les daba garantías de objetividad.

Por esta razón, recurrieron a Chahuán, quien el 29 de agosto pasado nombró a Guzmán a cargo de esta investigación que calificó como “compleja”, según versa la resolución que dictó.

Caballero no podrá seguir a cargo del caso y su destino en el Ministerio Público está en manos del fiscal Sur Héctor Barros, un destacado investigador de casos de crimen organizado.