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Hace más de 2 semanas que los principales puertos chilenos se encuentran en conflicto, afectando de diversas maneras la actividad económica del país.

El hito que marcó el inicio del conflicto fue la paralización convocada por el Sindicato N° 2 del puerto de Angamos en Mejillones el pasado 16 de marzo. La razón principal fueron las dificultades para ejercer el derecho a colación. Este problema se arrastraba desde el año 2005 cuando por ley todas las empresas debieron disminuir la jornada ordinaria máxima de 48 a 45 horas. En este caso, la empresa Ultraport en vez de disminuir la jornada trabajada, eliminó los 30 minutos de colación. Esto quiere decir que si antes se trabajaban 7,5 horas más media hora de colación, se siguió trabajando 7,5 horas pero sin derecho a la colación, contraviniendo el espíritu de la ley.

Lo que pudo parecer un reclamo pequeño y puntual, hoy se convirtió en la punta del iceberg que tiene nerviosos a los empresarios portuarios y exportadores. Y es que no se trata sólo de la reivindicación de un derecho tan básico como la alimentación, sino que más grave aún, se quebrantó el legítimo derecho a tener voz.

La contraparte más visible en esta pugna es la empresa Ultramar, una de las dueñas de Puerto de Mejillones S.A., controlada por el grupo Von Appen y que cuenta con alrededor de 20 puertos en Sudamérica y más de 3.000 trabajadores. Para ver la magnitud del negocio, en el año 2011 el Puerto de Angamos obtuvo una ganancia operacional de 6,14 millones de dólares.

Siguiendo con los hechos, la semana del 25 de marzo se sumó a la paralización el Puerto de San Antonio y también se involucraron tibiamente autoridades del trabajo. Algunas de ellas incluso, dieron por superado el conflicto cuando se acordó pagar un bono de $3.200 diarios por compensación de la hora de colación perdida y la habilitación de conteiners como comedores.

Pero, lo que para algunos significó el fin del conflicto, para los trabajadores ha significado sufrir las represalias como efecto de alzar la voz. El saldo es claro: durante el conflicto y poco tiempo antes, la empresa ha despedido a lo menos 6 trabajadores afiliados y 6 dirigentes sindicales.

Por eso, a las demandas del sindicato se sumó la exigencia de que sus compañeros fueran reintegrados y no les fueran cursadas cartas de amonestación. ¿Qué sentido tiene que la empresa ceda a la demanda por la colación y que a la vez despida a quienes impulsaron dichas reivindicaciones?

La única conclusión lógica, y que explica el apoyo transversal que ha tenido la lucha en Angamos, es que existe un profundo antisindicalismo que atenta contra la existencia misma de las organizaciones de trabajadores y, por ende, contra la posibilidad de exigir sus derechos. Esto ha quedado consignado en un informe de fiscalización de la Inspección del Trabajo de Antofagasta fechada en enero de este año donde “se concluye que la empresa denunciada (Ultraport Ltda.) incurrió en conductas constitutivas de prácticas antisindicales”.

Frente a esto, la Unión Portuaria de Chile, organización creada en 2010 para coordinar la acción sindical de diversos puertos del país y dividida en 5 “zonales”, se alzó en solidaridad. Este tipo de acciones, penada por la ley chilena, es reconocida como legítima por la normativa internacional de la OIT.

La Unión Portuaria del Biobío, una de las más activas del país y que comenzó como una coordinadora el año 2005, paralizó las actividades de los 6 puertos de la región el miércoles 27 y salieron a la calle el sábado santo con cientos de trabajadores para denunciar las acciones antisindicales. Según datos de la misma organización, serían 16 los puertos movilizados al 1° de abril: Iquique, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Huasco, San Antonio, Lirquén, San Vicente, Talcahuano, Coronel, Puchoco, Penco, Muelle CAP, Corral, Puerto Montt y Mejillones dando muestras de un nivel de coordinación y poder inusitados.

Ese mismo poder de reacción ante los abusos, es el que hoy los empresarios no quieren reconocer, y por eso, siguen haciendo el gallito. Rodolfo García, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, con alusiones negativas al “monopolio sindical”, no hace sino reconocer la poca valoración que tiene de las organizaciones sindicales fuertes. Asimismo, desde la Sociedad Nacional de Agricultura se hizo un llamado a aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

Entonces, si los empresarios llaman a utilizar todo el rigor de la ley contra los trabajadores movilizados, y éstos se levantan para que los empleadores no vulneren sus derechos y dejen de perseguir a sus organizaciones ¿de dónde viene la intransigencia?

Como señala un comunicado de la Unión Portuaria del Biobio: “Es nuestro parecer que Ultraport no puede basar su éxito en el no cumplimiento de las leyes laborales, que si deseamos algún día ser un país desarrollado, dichas prácticas deben erradicarse de raíz. Más aún, su política laboral es la que en este instante tiene al borde del colapso las exportaciones nacionales, pues lo único que exigimos es que esta empresa cumpla lo que todas las empresas en Chile están obligadas por ley a respetar.”

Está claro que un paro, especialmente de esta magnitud, es una medida extrema de quienes buscan reconocimiento y derechos. Es difícil que nuestro país llegue a ser desarrollado si es incapaz de reconocer las organizaciones sindicales potentes. En la mayor parte de los casos, la fuerza sindical no debería ejercerse ya que es suficiente aliciente para que los empresarios no incurran en prácticas abusivas y que atentan contra la vida y libertad de los trabajadores.

Urge un cambio de normativa y también un cambio de la mentalidad empresarial chilena.

*Valentina es investigadora de la Fundación SOL: @lafundacionsol