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Michelle Bachelet retornó al escenario político haciendo un gesto al pueblo Mapuche, señalando que la aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros del movimiento fue un error. Planteamiento arriesgado en momentos en que la muerte de la familia Luchsinger está presente en el panorama sociopolítico, y la derecha, con Alberto Espina, plantean la descabellada propuesta de dar una recompensa a los que entreguen información o el paradero de los Mapuche que actúen en hechos de violencia, sin buscar comprender la profundidad del movimiento.

La candidata presidencial debe reconocer que por ese “error” quedaron prisioneros en las cárceles regionales cerca de cuarenta comuneros, los que participaron en una extensa huelga de hambre por 84 días durante el Bicentenario de la República chilena. Recordará Bachelet que aquella movilización no era por la libertad, sino que por un juicio justo y un debido proceso. Sin más, el Füta Longko, Pascual Pichún -recientemente fallecido- pasó cinco de sus últimos años de vida encerrado en la fría cárcel de Traiguén. En el presente, Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, ambos dirigentes de la CAM, se encuentran sentenciados a quince y ocho años por una ley aplicada erradamente.

Importante reconocer un error, aunque podría haber ido acompañado de un “ofrezco disculpas” a las familias de los prisioneros políticos Mapuche y a las familias de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, que murieron bajo su gobierno y son el símbolo de la tragedia en la actuación del Estado con el pueblo Mapuche.

Cuando Catrileo fue asesinado por el cabo Walter Ramírez en enero del 2008, en los predios del ex fundo Santa Margarita, la entonces Presidenta ratificó a los pocos días el Convenio 169 de la OIT, que dormía en el parlamento desde 1990. Éste, en su artículo diez, señala: “cuando se impongan sanciones penales deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”, pero siempre dando “preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

Claramente no basta con las leyes, sino con la capacidad de implementar el famoso convenio. Eso se traduce también en el Derecho Humano de la autodeterminación, el proyecto que desde los noventa vienen sembrando las organizaciones políticas del pueblo Mapuche y que la ONU consagra como un acto fundamental en la “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” del 2007. Para llevarlo a la práctica debe generarse un diálogo con todas las instancias organizativas que ha creado el movimiento, tanto las que el Estado ha impulsado como las que se han venido construyendo autónomamente, y quienes son al final del día los que “hacen” la política en la vieja frontera.

Partir el diálogo señalando que las aspiraciones de las distintas comunidades no pueden ir en “contra de un país unido”, o zanjarlo de facto al decir que “somos una nación y un territorio”, no abre la posibilidad de ir creando en conjunto un acuerdo mutuo entre pueblos que conviven dentro de una amplia comunidad imaginada. Claramente se debe potenciar la autonomía pero pensando en crear las bases para un autogobierno efectivo, como lo plantean los derechos internacionales, y que ha sido la aspiración ideológica del movimiento político Mapuche en pos de reconstruir el Wallmapu.

Si Bachelet quiere pasar a la historia como la persona que cerró el ciclo de la transición democrática aspirando a crear una nueva Constitución, ésta debe incluir las aspiraciones indígenas, que pueden tener un espacio en la formación de un Estado Plurinacional para ir avanzando concretamente en la autonomía. Simbólicamente ello debe ir acompañado de un gesto a las familias y víctimas que fueron afectadas por decisiones políticas erradas. No basta con señalar que todo fue un error, ellos deben ser reparados. Y una propuesta interesante de analizar sería declarar su apoyo a una Ley de Amnistía para los prisioneros políticos Mapuche. Así, lo que se plantea como un “nuevo pacto social” se sustenta y se muestra al millón y medio de Mapuche concretamente que la nueva era que se promete no es solo retórica, sino el inicio real de un nuevo trato.

*Historiador