La imputación real que tiene en vilo a España

La hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina de Borbón, séptima en la línea sucesoria al trono, está siendo interrogada este sábado por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, relacionados con la causa de su marido, Iñaki Urdangarín, en el marco de un gran despliegue de seguridad y una alta expectativa.
Desde temprano, grupos de manifestantes se convocaron en las afueras del tribunal de Palma de Mallorca, donde comparece de la infanta, con pancartas de consignas republicanas y antimonárquicas.

Cristina, en tanto, viajó muy temprano con escolta hacia Mallorca desde Barcelona, donde se había alojado en un hotel a la espera de la jornada en tribunales, y llegó a la sede judicial cerca de las 10 hora local.

El juez José Castro, a cargo de tomarle declaración, dijo en la resolución judicial que encontró indicios para citarla porque comparte el 50% de la propiedad de la empresa Aizoon, a la que se desvió dinero que Urdangarín obtuvo de forma ilícita, de acuerdo con la investigación que comenzó en 2011.

Esta segunda imputación –la primera, hace casi un año, fue anulada por un tribunal superior- ocurre en el momento de menor credibilidad de la monarquía española.

En los últimos meses, los abucheos e increpaciones a gritos a los miembros de la familia real en sus apariciones públicas se igualaron con las protestas similares a representantes del gobierno, y las encuestas sugieren una fuerte caída de la imagen de la Casa Real.

Los medios y los detalles

Para el interrogatorio, que se da en el marco del llamado caso Nóos (o caso Urdangarín o Babel, según la prensa), hay 300 periodistas acreditados. El dispositivo de seguridad cuenta con unos 200 efectivos en la zona, entre ellos 110 policías nacionales, hombres de la policía de Palma de Mallorca, la guardia civil y vigilancia privada.

El juez prohibió la entrada de cámaras, tabletas y computadoras al tribunal, para evitar la grabación de sonido o imágenes. Del interrogatorio sólo quedará registrado el audio.

Los medios locales -bastante polarizados en torno a la Corona- y la élite política han debatido durante días, tras conocerse la noticia el 7 de enero, si la infanta debe entrar a pie o en auto al juzgado. El mismo debate que ocurrió cuando Urdangarín iba a comparecer: finalmente ingresó caminando.

Algunos periódicos han contado incluso los pasos que tendría que dar la infanta si llegara caminando -entre 50 y 70- en lo que han llamado “el paseíllo”.

Los dirigentes políticos, incluidos el ministro de Justicia, adujeron motivos de seguridad para insistir en que la infanta debe llegar en un vehículo.

El mismo argumento que dio la defensa al juez decano de Palma, que así lo recomendó basado en informes de la policía que alegan la existencia de “grupos hostiles, la gran repercusión en las redes sociales y a la relevancia del personaje”.

Para Ismael Crespo, director del Departamento de Comunicación Política de la Fundación Ortega y Gasset, esta discusión es banal y evita ir a lo importante.

“Evidentemente hay una cuestión de comunicación; si la infanta baja a pie las imágenes que se transmiten son de culpabilidad, de por sí condenatorias (desde el punto de vista de la imagen). Pero el fondo de la cuestión es que alguien que pertenece a la jefatura del Estado no debería haber estado haciendo negocios privados”, dice a BBC Mundo.

Hay otras prioridades

Pero el tema y todo su despliegue parecen tener más repercusión en los periódicos y las tertulias televisivas que en las sobremesas.

Pareciera que hay más centimetraje que presencia en las preocupaciones cotidianas, concentradas en resolver la vida diaria, a juzgar por los expertos consultados por BBC Mundo y las opiniones de ciudadanos de la calle, quienes muestran distancia e incredulidad ante esta imputación.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España del mes de enero, hecho público el 5 de febrero, mostró que las preocupaciones principales de los españoles siguen siendo el desempleo y la corrupción.
La aguda crisis económica ha obligado a poner la lupa en los casos de corrupción del más alto nivel que se vuelven escándalos, uno tras otro, en los tribunales.

La investigación que lleva a la infanta al estrado se originó en un desfalco a las arcas públicas. Sin embargo, Alfonso Cortés, vicedecano la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, cree que la gente “está muy hastiada de la situación política, incluida la de la Casa Real”.

Familia real de España

En la más reciente encuesta de este centro sobre la monarquía, de abril de 2013, la Corona sacó la peor nota de su historia, un reprobado de 3,68 puntos sobre 10. En 2011, había sacado 4,89. Justamente el juicio a Iñaki Urdangarín fue el detonante de tal deterioro.

No mucho antes, en 2008 -cuando apenas empezaba la crisis- el rey llegaba a sus 70 años con una vasta y sólida popularidad: él y la institución que representa.

La monarquía se volvió vulnerable ante la mirada pública por una cadena de hechos que empezaron con la imputación a Urdangarín y siguieron con el descubrimiento de costosas cacerías de Juan Carlos I en África y hasta una supuesta relación íntima de él con una princesa alemana que habría sido intermediaria en negocios de España con empresas de otros países que él mismo habría supervisado.

“La gente ya está viendo que la casa real no es una institución divina sino una institución política. Empiezan a aparecer voces tanto en la izquierda como la derecha que dicen: el Rey no está ahí por derecho divino, tendrá que hacerlo bien y guardar las formas”, estima Cortés.

Según el experto, este quiebre tiene mucho que ver con que los medios de comunicación dejaron de tratar a la realeza como intocable y rompieron así “un pacto tácito” de no tratar sus asuntos más oscuros.

Para Crespo, el deterioro de la imagen de la monarquía no ha llegado a un punto crítico “como para poner en jaque al Estado”, pero sí lo suficiente para que “determinadas voces” hablen de reformas y la posibilidad de que se produzca la sucesión “a manos del príncipe Felipe”.

Yolanda Gómez, abogada experta en monarquía parlamentaria, coincide con que la infanta es una figura menor en el núcleo de la Corona, pero no duda en que su imputación agrava el deterioro de su imagen.

“El hecho de que una hija del rey de España tenga que personarse ante un juez para dar explicaciones de un asunto de carácter económico es una muy mala noticia para la más alta magistratura de la nación. Hay una percepción de que ella no sabía la trascendencia penal de este tema”, comenta a BBC Mundo.

La Casa Real hace esfuerzos por levantar cabeza, desde el lanzamiento de su página web en enero de 2013, “con criterios de transparencia, rigor e innovación”, decía una misiva firmada por el propio Rey entonces.

Desde la imputación de Urdangarín, la institución ha apartado a las infantas de los actos protocolarios, recuerda Gómez.

Juan Carlos de Borbón renunció ese año a un yate, el Fortuna, que le donaron unos empresarios.

La semana de la imputación comenzó con la publicación de una parte de las cuentas internas de la Casa, una respuesta para “poner distancia” con otros ámbitos, según la profesora de Derecho Constitucional.

Pero la imputación buscará responder a preguntas clave: ¿sabía la infanta Cristina de los negocios de su marido, estaba involucrada en ellos?
No está claro si el resultado pueda cambiar la percepción de la gente según lo que finalmente determine la justicia.