Estudio INDH por situación carcelaria advierte alto hacinamiento y vulneraciones de derechos a reos

El Instituto Nacional de derechos Humanos (INDH) hizo público el informe “Estudio de las condiciones carcelarias en Chile: diagnóstico del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”, cuyo objetivo es construir un diagnóstico general sobre la situación penitenciaria y mostrar la realidad que viven miles de personas en cárceles del país.

La investigación, realizada en los años 2012 y 2013, con la colaboración de Paz Ciudadana, tiene como base el trabajo efectuado en unidades penitenciarias, en las cuales se pudo constatar la existencia de un conjunto importante de vulneraciones de derechos que son consecuencia de la carencia de condiciones materiales apropiadas, de programas y servicios mínimos en las cárceles, así como de una capacitación insuficiente de los/as funcionarios/as de Gendarmería.

Lo anterior –según el INDH- constituye un incumplimiento del rol de garante del Estado de Chile respecto del ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad.

De los resultados que arrojó el estudio, se extrae que el hacinamiento es la deficiencia más común dentro de las cárceles (consignados en esta nota en proporción de la cantidad de plazas versus el número de internos residentes en el centro penitenciario). De este modo, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó para hombres, es el penal más hacinado del país, con 707 internos para apenas 198 plazas (357,1% de hacinamiento), seguido por las cárceles masculinas de Limache (360,7%), con 84 plazas para 303 internos, y Santa Cruz (229,5%), con 132 plazas para 303 personas.

En el caso de recintos de reclusión para mujeres, la cárcel de Talca (305,6%), resulta ser la más hacinada con 36 plazas para 110 internos, seguido por el centro penitenciario de Copiapó (197,7%) con 44 plazas para 87 internos.

Otro de los factores medidos por medio del estudio es el número de sanciones por recinto penal. De este modo, según la encuesta realizada por el INDH, un 54,4% de los encuestados, dice haber sido sancionado, siendo el tipo de castigo más común la celda de aislamiento afectando a un 91% en los imputados castigados y a un 93,8% de los condenados.

“En relación con el derecho a la vida, el estudio del INDH se detiene en dos aspectos preocupantes. El primero de ellos se refiere a la frecuencia que presentan algunos penales —especialmente aquellos administrados por el Estado— de hechos de violencia entre internos/as que terminan con pérdida de vidas. En ese sentido, si bien se han observado mejoras a partir de las lecciones aprendidas del trágico incendio de la cárcel de San Miguel acaecido el 8 de diciembre de 2010 —como el retiro de artefactos de cocina o la instalación de equipos de incendios en todas las unidades penales—, es necesario mejorar el trabajo de segmentación de los/as internos/as, especialmente en el CDP Santiago Sur”, consigna la investigación.

El informe establece también que “desde la óptica del derecho a la integridad, resulta preocupante la masiva utilización del régimen disciplinario, contradiciendo los principios de excepcionalidad y aplicación en casos de grave alteración al orden público. En particular, resulta en extremo sensible, como ha sido relevado por otros estudios, la excesiva aplicación de la sanción de internación en celda solitaria frente a otras medidas menos lesivas de la integridad de los/as privados/as de libertad, afectando el principio de excepcionalidad y proporcionalidad que debiera caracterizar su aplicación”.

El estudio del Instituto concluye que “considerando lo señalado, es posible afirmar que la situación del derecho a la integridad de las personas privadas de libertad es preocupante dado que las cárceles chilenas son espacios de extrema discrecionalidad y de ausencia de control, donde el uso de la violencia como forma de relacionarse y controlar a la población constituye una práctica arraigada en la cultura institucional”.