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La semana pasada, en el marco del juicio oral por abuso sexual en contra el sacerdote del Colegio Cumbres, John O’Reilly, la Fiscalía Oriente reveló una inédita sanción del Ministerio de Educación en contra del establecimiento, por graves irregularidades académicas, higiénicas y de infraestructura que lo obligaron a pagar una millonaria multa en beneficio fiscal.

De acuerdo al audio del juicio, que revela The Clinic Online, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana concurrió al colegio de la cota mil a pocos días de la denuncia formulada por una apoderada en contra del cura. Allí estableció que el edificio no contaba con la recepción definitiva de obras. A renglón seguido, la autoridad acreditó que las edificaciones, ampliaciones e incluso “alteraciones” carecían de los permisos de edificación.

Aquí se educa la elite chilena y tiene uno de los aranceles más altos de Chile. La sola incorporación son casi dos millones y por sus aulas han pasado los hijos de los UDI Juan Antonio Coloma, Pepa Hoffman, Andrés Chadwick, Pablo Longueira, los ex diputados Marcela Cubillos, Darío Paya y Rodrigo Álvarez; empresarios como Federico Valdés y Jorge Andrés Saieh, presidente de Copesa; y ex colaboradores de Piñera como Rodrigo Pérez Mackenna y Gabriel Ruiz-Tagle. Y el clan Matte, tal como lo reveló este diario en una serie de reportajes sobre los influyentes nacionales.

No fue lo único hallado en este colegio de los Legionarios de Cristo. También se detectaron faltas en las condiciones de salubridad. De acuerdo a la resolución, los servicios higiénicos (SSHH) sufrieron remodelaciones sin la autorización del Sesma, como tampoco mantenía vigente el certificado de la Seremi de Salud.

Se suma a lo anterior que el casino del Colegio Cumbres tampoco contaba con el documento de salud autorizado por la autoridad.

La seremía detectó que los patios no estaban correctamente separados de los estacionamientos y sólo existía una puerta de acceso y escape en el recinto superior.

En tanto, los baños de pre-básica “no son aptos para ese nivel de enseñanza”, señala el documento leído por la fiscalía ante el Cuarto Tribunal Oral, como uno de los tantos antecedentes vertidos para engrosar la prueba.

Asimismo, los servicios higiénicos de básica y media -continua el dictamen- no cuentan con el cierre hacía el exterior, los que “no permiten la privacidad necesaria para su uso, vulnerando la dignidad de los alumnos y alumnas”.

Por estas razones la autoridad regional le aplicó una multa cercana a los 10 millones de pesos. El colegio Cumbres apeló a la Subsecretaría de Educación en diciembre de 2012, donde fue rebajada la sanción a $ 7.191.150.

En esa fecha, el titular era Fernando Rojas, ligado a la UDI. El funcionario estudió en el Colegio Tabancura del Opus Dei, ligado a la Fundación Jaime Guzmán, con acciones de Corpbanca y Masisa, según versaba su declaración de intereses y patrimonio cuando trabajaba para el gobierno de Piñera.

El castigo económico fue pagado por completo en enero de 2013 en la seremía del ramo.

Aún peor

La autoridad inició un segundo proceso de sanción. Esta vez en el área académica, administrativa, entre otros aspectos.

El establecimiento no contaba con reconocimiento oficial del sostenedor y representante legal. Tampoco cumplió la ley al no presentar los títulos profesionales de los integrantes de la Sociedad Educacional Cumbres.

El colegio, además, excedía la capacidad de alumnos autorizada, tanto en la enseñanza media y básica. De 983 permitidos habían 2.090 educandos al momento e la fiscalización.

Tampoco estaba regulado el “debido proceso” de la comunidad escolar. Es decir, el reglamento internos no consignaba la sanción al tipo de falta que se cometiera, ni proceso de apelación que lo cautelara y carencia de “personal docente idóneo”.

A esto se agregan deficiencias en salubridad, higiene e infraestructura como tampoco la presencia de luces de emergencia. Y el funcionamiento del comité “para la buena convivencia” no era el adecuado, aunque sus integrantes estaban nombrados.

Se le aplicó una multa de casi 20 millones de pesos, pero el mismo subsecretario la rebajó a $ 16.679.350, también cancelada íntegramente. En suma casi 24 millones de pesos en multas, ya que arriesgaban la revocación del reconocimiento “oficial” del Estado.

Este diario intentó obtener una respuesta de parte de el Colegio Cumbres, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Escuche íntegramente los audios

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